Argentina: Gobierno y Clarín, todo o nada

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Foto: AP
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Foto: AP

BUENOS AIRES (apro).- La guerra entre el gobierno argentino y el multimedios Clarín entra en su fase más candente.

El gobierno de Cristina Fernández transparentó, el pasado miércoles 14, el mapa de los grupos de medios que superan la cuota de mercado o la cantidad de licencias máximas establecidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Reiteró a las compañías que el plazo para presentar un plan de adecuación (desinversión) vence el próximo 7 de diciembre, y anunció que actuará de oficio contra los consorcios que no se desprendan de las licencias que exceden las pautas que manda la Ley de medios.

El anuncio involucra a 19 de los más importantes grupos de medios de Argentina que aún presentan “incumplimientos”, pero apunta particularmente al Grupo Clarín, que ya ha anunciado que no se adecuará a la Ley de medios, aduciendo que la norma –que lo obliga a desinvertir de manera drástica allí donde excede el número de licencias permitidas o ejerce una posición dominante en el mercado– está suspendida por la justicia.

Clarín ha conseguido frenar hasta el presente el cumplimiento efectivo de dos artículos esenciales de esta ley antimonopolios sancionada en 2009. El holding obtuvo una medida cautelar de la justicia civil y comercial federal, que vence justamente el 7 de diciembre. El así denominado 7 D se ha convertido entonces en la fecha clave.

El gobierno da fuertes señales de que va a garantizar la aplicación plena de la Ley de medios a partir de ese día.
También el frente judicial ha sido en estos días escenario de esta lucha sin cuartel, ya que el gobierno recusó a jueces que fueron invitados por empresas de Clarín a un congreso en Miami en mayo de este año.

Y fue todavía más lejos: a fin de poder franquear la acción de magistrados que supone cooptados por Clarín, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 14, la ley de “per saltum”, que habilita a la Corte Suprema de Justicia a abocarse a casos de “gravedad institucional”, que ya tengan al menos una sentencia en los tribunales inferiores, pero aún no hayan sido resueltos.

El gobierno contempla la posibilidad de que la Corte decida sobre la constitucionalidad de la Ley de medios y agilice su cumplimiento efectivo.

El destinatario de esta medida es una vez más Clarín. De hecho, el pasado miércoles 21 el holding le pidió a la Corte que intervenga en la causa por la Ley de medios. El fuero Civil y Comercial Federal actuante ha quedado “desintegrado”: todos sus jueces –excepto María Susana Najurieta– fueron recusados o directamente se excusaron, para no quedar comprometidos en medio de esta pelea de gigantes.

El multimedios plantea la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que lo obliga a desinvertir. A través de un comunicado con fecha 14 de noviembre, Clarín criticó “la amenaza del gobierno de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales” del Grupo a partir del 7D. Esto implicaría un “desafío al estado de derecho” y “un desconocimiento de la propia ley” y un “fallo de la Corte Suprema de Justicia” que, según el imperio mediático, ampara su posición.

La disputa tiene otro frente privilegiado en los spots televisivos del gobierno y de Clarín para legitimar sus posiciones. El primero suele pasar los suyos en el entretiempo de los partidos de fútbol que hoy se televisan gratuitamente por el estatal Canal 7 y otras repetidoras. Ahí pone de relieve el poder oscuro del Grupo Clarín y su negativa a cumplimentar las leyes.

“Que no te engañen, la Ley de medios va a contramano del mundo”, contraataca Clarín a través del spot que puede verse desde el pasado viernes 16. El holding tiene un poder de fuego mediático superior al del gobierno, ya que ataca una ley votada por amplia mayoría en el Parlamento, que además surgió del trabajo conjunto y prolongado de más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y pymes.

Este grupo presentó en 2004 su iniciativa para reemplazar la ley anterior, sancionada por la última dictadura militar.

Fecha tope

Alrededor del 7 D se ha generado una polémica que no deja a nadie indiferente. El gobierno presenta a Clarín como un Estado dentro del Estado, que opera en defensa de sus intereses corporativos, y lo califica como la mayor amenaza para la democracia en Argentina.

Acusa al consorcio de cooptar y presionar a los poderes del Estado y de jactarse de poder poner o sacar presidentes. En mayo de 1989, Raúl Alfonsín pidió a los grandes empresarios que lo ayudaran a transitar los pocos meses que le quedaban hasta terminar su mandato.

“Ustedes ya son un obstáculo”, le contestó Héctor Magnetto, director ejecutivo del Grupo Clarín. (Raúl Alfonsín. La democracia a pesar de todo. Pág. 231). De este modo, el primer presidente de la transición posdictadura tuvo que entregar la banda presidencial antes de tiempo.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a Clarín haber crecido de manera meteórica durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), tras haberse quedado de manera espuria con Papel Prensa, la mayor fábrica de papel de diarios de Argentina.

El Grupo Clarín factura anualmente 6 mil 700 millones de dólares –2 mil millones de dólares más que Televisa–, de acuerdo con datos de 2010.

Además, posee 301 empresas de televisión por cable, televisión abierta, radios, diarios, portales web, editoriales, distribución de libros, imprentas, y se presenta como un defensor de la “prensa independiente”

El consorcio, que critica a un gobierno “con rasgos autoritarios” que ataca la “libertad de prensa”, sostiene que la presión oficial para que se aplique la Ley de medios es discriminatoria, que intenta forzar su desguace y que favorece a consorcios nacionales y extranjeros que tienen mejor trato con el kirchnerismo, fundamentalmente a Telefónica de España y también, entre otros, al Grupo Uno, de Mendoza, y al empresario mexicano-estadunidense Remigio Ángel González González, del Grupo Albavisión.

Clarín entiende que la justicia debería otorgarle un año más de plazo, a partir del 7 D, para que se le aplique el artículo que lo obliga a desinvertir.

Adecuación

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) es el organismo de aplicación en el sector. Su director, Martín Sabbatella, fue el encargado de presentar en nombre del gobierno, en conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 14, la lista de los medios audiovisuales que superan la cuota de mercado o la cantidad de licencias establecidas por la ley.

El Grupo Clarín, el Grupo Uno, Cadena Tres y el Grupo Prisa son los que más se exceden. Clarín posee 25 licencias de radio y TV abierta, siendo que la ley permite sólo 10. En televisión por cable posee 237 licencias sobre un máximo autorizado de 24.

También el Grupo Uno posee 25 licencias de radio y TV abierta y 49 en televisión por cable, sobre máximos establecidos de 10 y 24 respectivamente. En todos los casos se supera el 35% de participación máxima en el mercado.

La Cadena 3 y el Grupo Prisa superan el 35% de participación en radios y TV abierta. Prisa, de capitales españoles, posee la totalidad de Radio Continental, siendo que la nueva ley permite que solo 30% de la propiedad de un medio audiovisual esté en manos de accionistas extranjeros. El canal de televisión Telefé supera el 35% de participación en el mercado en TV abierta.

“De todos los grupos que hoy se encuentran por fuera de la norma, sólo uno se niega a presentar un plan antes del 7 de diciembre, después o nunca”, dijo Sabbatella durante la conferencia de prensa. Se refería, claro está, al Grupo Clarín.

Sabbatella reconoció que hasta ahora sólo dos grupos empresariales presentaron el plan de adecuación: Indalo e Ick. El resto de las empresas en situación irregular, que hasta ahora se habían mantenido a la espera de lo que resolviera la justicia en torno del gigante Clarín, se han acercado a la Afsca para dialogar sobre su situación, según aclaró el funcionario. La única excepción ha sido Clarín.

Los consorcios tienen tiempo hasta el 7 de diciembre para presentar un plan de adecuación voluntario a la norma. Después de esa fecha, el organismo de aplicación procederá de oficio. Esta actuación consistirá en ofertar las licencias y los bienes afectados al funcionamiento del grupo excedido.

En un plazo “de hasta 100 días hábiles” el organismo hará la licitación y la transferencia de radios, canales de TV y señales audiovisuales.

“Hay que iniciar el proceso de transferencia, abrir el registro de oferentes, hacer la tasación –a cargo del Tribunal Nacional de Tasaciones–, seleccionar lo que se va a licitar, hacer la licitación y garantizar el traspaso”, explicó Sabbatella. Dijo que a la hora de elegir las licencias excedentes de cada grupo, se optará por las de menor valor, “para no causarle un perjuicio económico al titular”.

Objeciones

Desde la prensa opositora (Clarín, La Nación, Perfil) se sostuvo que el gobierno planea favorecer a los grupos de medios alineados con su política. Se trataría de una “aplicación selectiva de la ley que el gobierno está haciendo desde hace tres años, con el objetivo de premiar a los medios aliados y castigar a los independientes”, según el comunicado de Clarín del 14 de noviembre.

La Ley de medios prohíbe la posesión de medios a aquellas empresas que tengan más de 10% de la propiedad de compañías que presten servicios públicos o tengan concesiones del Estado. Telefónica, la mayor firma de telecomunicaciones de la Argentina, que indirectamente también controla a su principal competidor, Telecom, es dueña de Telefé, el canal de televisión abierta de mayor audiencia.

“Telefónica debería haberse adaptado a lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que por brindar un servicio público sólo puede ser titular de hasta un 10% de las licencias de televisión abierta”, dice el diario Clarín en su edición del pasado 15 de noviembre. “Además no puede tener más de 30% de la titularidad en sus canales, por ser de capital español”, agrega.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, señaló que Telefé tenía que reducir su participación de 45% a 35% del mercado. Pero aseguró que la titularidad de los canales de TV de Telefónica es legal. El canal tiene capitales españoles, pero “como su constitución fue previa a la ley de bienes culturales, está afuera también” del alcance de la ley, dijo Sabbatella (La Nación 15 de noviembre).

“Telefónica va a dar triple play y va a ofrecer gratis la televisión por banda ancha hasta que desaparezca la competencia”, opina Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión, el gigante de televisión por cable de Clarín (Diario Perfil, 19 de noviembre). Por triple play se entiende que la señal de internet, la de televisión y el teléfono ingresen por el mismo cable. La Ley de medios, sin embargo, excluye esa posibilidad.

Clarín concentra su crítica en el incumplimiento a la Ley de medios por parte de otros competidores, a los que atribuye acuerdos con el gobierno.

El Grupo Uno, de la provincia de Mendoza, sirvió de alfil en la batalla judicial del gobierno contra Cablevisión, la nave insignia del Grupo Clarín. Uno de sus dueños es José Luis Manzano, exministro del interior de Carlos Menem (1989-1999). Durante el éxtasis privatizador de los 90, Manzano acuñó la frase: “Yo robo para la corona”.

El Grupo Uno tiene el mismo excedente de licencias de radio y televisión abierta que Clarín. Además es accionista de Andes Energía, empresa distribuidora de energía en su provincia, y acaba de comprar acciones de la prestataria del servicio de gas Metrogás.

La ley de medios restringe la participación de extranjeros en empresas de medios audiovisuales a 30 % del paquete accionario. El Grupo Prisa, dueño en su país del diario El País y de Cadena Ser, posee en Argentina una cadena de radios encabezada por Continental. “Prisa tiene que iniciar el proceso de adecuación en relación con esto”, dijo Sabbatella.

El presidente de la Afsca no mencionó a Remigio Ángel González González, el dueño de Canal 9. Este empresario de origen mexicano, nacionalizado estadunidense, es propietario de Albavisión, una red de medios que se extiende por diferentes países de Latinoamérica.

“La singularidad de la situación es que nunca se ha confirmado legalmente la posesión del canal por parte de González González, que sin embargo lo posee de hecho”, señaló Clarín en su edición del 6 de mayo de 2011. La transferencia se tramitaba desde hace cuatro años.

Apodado El Fantasma, por su baja exposición pública, “González González se especializa en emitir novelas enlatadas de México y Centroamérica, que compra a granel para todos sus canales”, apuntó Clarín en el artículo citado.

De hecho, Canal 9 casi no tiene programas de producción argentina. El canal retransmite los partidos del campeonato argentino de fútbol, la excelente programación del canal infantil estatal Paka Paka y algunos programas periodísticos críticos con el legado neoliberal que tuvo su apogeo durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999).

El Grupo Clarín critica también que DirecTV pueda tener casi 100% de los abonados a la TV satelital. “DirecTV tiene capitales extranjeros, pero es estadunidense y hay convenio de reciprocidad y, por lo tanto, está fuera de esto”, argumentó Sabbatella en la citada conferencia de prensa.

Otro nombre ausente en dicha conferencia fue el de Raúl Moneta, un “exbanquero menemista, que excede claramente el número de licencias” en su extensa cadena de radios.

“Eso confirma que todo el discurso oficial en torno de esta ley no tiene que ver con la regulación de un sector económico y cultural estratégico, sino con la decisión política de desguazar a un gran grupo empresario porque ya no se ajusta su línea editorial a los estándares oficiales”, dijo Clarín en su comunicado.

Al mismo tiempo, la crítica hacia la presidenta, los funcionarios y hasta contra periodistas e intelectuales que apoyan de manera crítica al gobierno es permanente y feroz.

“No hay dudas de que medios y diarios tienden a criticar al gobierno, y que ponen más el foco en rumores y afirmaciones no chequeadas que lo que indicarían los mejores estándares del periodismo”, escribió Anthony Wayne, entonces embajador estadunidense en Buenos Aires, en su informe del 23 de abril de 2008.

Así figura en el libro WikiMediaLeaks, de Sebastián Lacunza y Martín Becerra (Ediciones B, 2012), que compila todos los despachos confidenciales que hicieron referencia a los medios de comunicación de América Latina.

Per saltum

“Las actitudes turbias de algunos jueces relacionados con el proceso de desmonopolización del Grupo Clarín, en el fuero Civil y Comercial y en la Magistratura, dan una idea de la poderosa maquinaria legal e ilegal que se puede poner en funcionamiento para entorpecer la aplicación de la ley y lo extremadamente vulnerables que son los dispositivos institucionales frente a los grandes grupos económicos”, se puede leer en Página 12, del 17 de noviembre.

Antes, el miércoles 14, la Cámara de Diputados sancionó con 135 votos a favor y 95 en contra la atribución de recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia en los casos de “gravedad institucional”.

El gobierno no descartó apelar al “per saltum” para acelerar los tiempos en la disputa judicial que mantiene con el Grupo Clarín por la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de medios, entre ellos el 161, que obliga a los consorcios a desprenderse de algunas de sus licencias para adecuarse al cupo que impone la ley.

“Lo que intenta el Grupo Clarín es no cumplir la ley para seguir defendiendo su poder hegemónico y el poder que ejerció en los últimos 30 años para condicionar la democracia argentina”, sostuvo durante el debate Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista.

La oposición no cuestionó la figura jurídica, aunque sí el uso político que, a su juicio, pretende darle el oficialismo. “No estamos legislando para el bien general, sino en contra del Grupo Clarín, que hasta hace no mucho tiempo era amigo del gobierno”, agregó Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica.

La sociedad argentina debe decidir si la regulación del poder político sobre las corporaciones de medios atenta contra la libertad de prensa y favorece el autoritarismo, tal como sostienen las empresas. O si, por el contrario, sirve para combatir los monopolios y ampliar el acceso de la sociedad civil a los medios y a la información, tal como propugna la ley de servicios audiovisuales que sancionó este gobierno.

La Ley de medios pretende reformular el escenario de un sector que sufrió una gran concentración durante la década menemista. De hecho, la ley reserva un tercio del espectro de radio y televisión para las organizaciones sin fines de lucro. Su implementación, hasta ahora ínfima, requiere de financiamiento y de mecanismos que aseguren participación popular, responsabilidad y calidad comunicacional.

Organizaciones sociales y comunitarias han denunciado que hoy no están dadas las condiciones para apropiarse de ese espectro que por ley les corresponde. Las organizaciones de medios alternativos se manifestaron el pasado viernes 16 para reclamar las licencias prometidas.

El cumplimiento pleno de la Ley de medios dejaría a Clarín como el consorcio más importante del sector, pero sus ingresos y su poder de incidencia en la opinión pública se verían seriamente afectados.

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