En economía, un sexenio exitoso… para el crimen organizado

Calderón y Cordero. Dupla inepta. Foto: Benjamín Flores
Calderón y Cordero. Dupla inepta.
Foto: Benjamín Flores

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Fueron muchos los errores y fracasos de los gobiernos panistas, que este 30 de noviembre llegan a su fin, luego de 12 años en el poder.

Uno de los principales, acaso el más dramático por sus efectos en la economía –la cual no creció de acuerdo con su potencial ni produjo un mayor bienestar social–, es que las medidas adoptadas no pudieron romper con el viejo pacto fiscal, ese por el que los gobiernos cobran poco y gastan mal –dejando “amplios espacios para la corrupción de quienes ejercen el gasto y de quienes están bien conectados con el poder”–, es decir, gastaron mucho más de lo que obtuvieron vía impuestos.

Los gobiernos panistas siguieron la fórmula fácil que instauraron los priistas desde mediados de los años 70: valerse del petróleo y sus generosos ingresos para compensar su debilidad recaudatoria.

Pero no sólo eso, en el balance bisexenal se observan dos fenómenos igual de graves: aparte de que no se redujo la economía informal, en la que ya se ocupan 30% de los mexicanos con trabajo, la debilidad del Estado y sus instituciones ha permitido una creciente e incontrastable economía criminal: grupos de la delincuencia organizada desafían al Estado y, aun, lo sustituyen en algunos ámbitos, como el cobro de “impuestos”.

Así lo cree el politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra –doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, exdirector general del CIDE y exembajador de México ante la OCDE–, y lo documenta en su nuevo libro: Con dinero y sin dinero… Nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal.

En este texto, ya en librerías desde la semana pasada, bajo el sello de Random House Mondadori, colección Debate, el autor explica las tres premisas del pacto fiscal que nos tiene estancados.

La primera, dice, es que se cobra relativamente poco como proporción de toda la riqueza que se genera en el país. “Esto es así porque el gobierno cobra mal, tanto por incapacidad administrativa como porque la ley fiscal tiene tantos huecos y privilegios que el cobro de impuestos es inequitativo y las posibilidades para evadirlos o darles la vuelta son muy atractivas y pueden ser autojustificadas en vista de la baja calidad del gasto público. Incluso entre individuos que reciben el mismo ingreso las tasas impositivas efectivas pueden ser muy distintas en función del origen de esos ingresos”.

La segunda premisa, afirma el autor, “es que el gasto público, generalmente de mala calidad y con muchos desvíos a favor de quienes lo controlan, siempre es mayor que ese ingreso y muchas veces es acaparado por grupos con capacidad de presión política o por la burocracia encargada de ejercer el gasto, ya sea a través de derechos laborales favorables respecto a los que hay en el mercado laboral privado, por desperdicios provocados por la desorganización administrativa o por la vía de la corrupción”.

Y justo lo que ha permitido la existencia del binomio “impuestos bajos-gasto alto” es el caudal de recursos que deja el petróleo. Esa es la tercera premisa de nuestro pacto fiscal, dice Carlos Elizondo.

Explica: “Los ingresos petroleros generados a lo largo de décadas se han gastado para cubrir la diferencia entre los impuestos que efectivamente se recaudan y el gasto público que ejerce el gobierno. No invertimos esos ingresos en actividades que generarían una mayor riqueza en el futuro ni los ahorramos, como sería razonable y justo con las generaciones venideras”.

Nada de eso cambió una vez que el PRI salió de Los Pinos, a finales del año 2000, afirma. Y lamenta: “En ocasiones las transiciones democráticas proporcionan la oportunidad para rehacer el pacto fiscal. Cuando el gobierno ya es resultado del voto popular, se supone que debería gastar los recursos públicos en beneficio de la sociedad en general, pero en nuestro caso dicho cambio no se ha dado.

“Peor aún, en el camino se deterioraron otros ámbitos; la transición debilitó el poder político del presidente, lo que, aunado a la baja capacidad de muchos de quienes llegaron al poder a partir del año 2000 y a las débiles instituciones que heredó el priismo en materia de recaudación y gasto, provocó incluso que crecieran los espacios donde existen pactos fiscales informales o ilegales.”

Además, advierte Elizondo Mayer-Serra, particularmente en los últimos seis años se dio paso a una creciente presencia del crimen organizado, sobre todo en las economías regionales.

Escribe: “En algunas zonas del país la crisis de seguridad se ha convertido en un conflicto entre el Estado y las mafias criminales por ver quién le cobra a la sociedad.

“La mafia le llama derecho de piso, pero es una suerte de impuesto que no da servicios públicos sino que garantiza no ser violentado. Incluso también protege contra los recaudadores fiscales, lo que le permite, gracias al flujo constante de ese ingreso, desafiar al Estado y hasta sustituirlo en ciertos ámbitos.

“Si en la economía informal hay grupos fuera del Estado que con apoyo de sus propios agentes construyen un pacto que no pasa por las leyes, en la economía criminal un grupo de organizaciones pretende desplazar al Estado.”

En el caso de los criminales, dice, no hay pacto alguno. “Es una imposición. Las organizaciones delictivas pretenden suplantar al Estado, a veces con la colaboración de sus agentes, a los que tienen comprados o amenazados, a veces también apoyando a algún candidato en una elección local, incluso con algún apoyo social, pero el control de la relación está en el crimen organizado”.

Con autorización del autor y de la editorial, se reproduce el siguiente fragmento del capítulo 6:

* * *

A pesar de la alternancia y de que el voto se ha convertido en el instrumento para llegar al poder político, nuestro pacto fiscal no ha cambiado. Sigue descansando en una lógica perversa: recaudar poco y gastar mal. Sigue prevaleciendo la práctica de devorar todos los recursos fiscales posibles, algo propio de un sistema basado en la opacidad del gobierno y la desconfianza de los ciudadanos.

La democracia nos dio la oportunidad de enfrentar el problema de la legitimidad gubernamental y construir un pacto fiscal distinto basado en un gasto público de mayor calidad, liberado de los amarres corporativos y de las ineficiencias y corrupciones del pasado. Sin embargo, como ya vimos, la oportunidad no fue aprovechada por varias razones. En primer lugar, el presidente Vicente Fox consumió el capital político de la alternancia en escaramuzas y embates sin que hubiera claridad en sus objetivos. Esto permitió que prevaleciera la naturaleza del viejo sistema político, el cual otorga a los actores bien organizados un peso inusualmente alto para una democracia. En segundo lugar, el hecho de que “el presidente de la alternancia” nunca tuviera una mayoría en el Congreso, hizo que su incapacidad para enfrentar a los grupos privilegiados se magnificara: no logró llevar a cabo las reformas que hubieran generado otra relación entre ciudadano y Estado. En la elección intermedia de 2003, lejos de ganar más espacios en la Cámara de Diputados, Vicente Fox los perdió, a pesar de que el lema panista de la campaña fue “Quítale el freno al cambio”.

Su falta de liderazgo, la ausencia de reformas que disminuyeran las barreras de entrada para la participación de la sociedad y la pasividad de ésta permitieron que nuestro viejo pacto fiscal sobreviviera sin alteraciones. El presidente Calderón tuvo menos margen que su antecesor y tampoco fue capaz de cambiar nuestro pacto fiscal que, en sentido estricto, se volvió peor, dado el ingreso petrolero excedente por el aumento en el precio internacional del crudo, que permitió tener más ingresos sin tener que recaudar más, y la creciente descentralización de los recursos fiscales federales a las entidades, las cuales en general gastan con menos rendición de cuentas que el gobierno federal. Seguimos padeciendo un gobierno caro y de baja calidad, pero que no nos cuesta tanto como contribuyentes. Como el ingreso del petróleo es un dinero que no ha salido de nuestro bolsillo, hemos protestado poco por el mal uso que se ha hecho de él. Nuestra democracia se ha construido sobre la renta petrolera.

Los gobiernos de la alternancia sí lograron mantener la estabilidad fiscal en medio de una seria crisis macroeconómica mundial. No es poca cosa. Los gobiernos no democráticos, que tenían mucho más poder, no pudieron hacerlo. De 1976 a 1994 hubo regularmente una crisis macroeconómica de fin de sexenio. Sin embargo, nuestro actual equilibrio depende en buena medida de la renta petrolera. No es suficiente. Los gobiernos de la alternancia no lograron construir un nuevo pacto fiscal y perdieron amplios segmentos del territorio a manos del crimen organizado. Por tanto, no es sorpresa que sólo 25% del electorado votara por la candidata del partido en el poder.

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