Llevarán a la CIDH caso de la Supervía Poniente

La construcción de la Supervía Poniente. Foto: Miguel Dimayuga
La construcción de la Supervía Poniente.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- La lucha contra la construcción de la Supervía Poniente será litigado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciaron abogados de vecinos de colonias afectadas por la edificación de esa vialidad de cuota que conectará al Distrito Federal con Santa Fe.

Tras el desalojo e incendio del campamento localizado en la colonia La Malinche, Cristina Barros, vocera del Frente Amplio contra la Construcción de la Supervía Poniente, recordó que los manifestantes contaban con medidas cautelares otorgadas por la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  (CDHDF), y un proceso de amparo a la espera de resolución.

Consideró que el desalojo “fue un acto de autoritarismo” por parte de Marcelo Ebrard, el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Por ello, Barros hizo un llamado al jefe de Gobierno electo Miguel Ángel Mancera Espinosa para que “respete el estado de derecho” y atienda las demandas del Frente.

Sostuvo próximamente recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ante la desatención por parte de autoridades, legisladores y jueces, que han favorecido a los empresarios y al gobierno de Ebrard.

“Desde que iniciamos el movimiento de manera pacífica y legal, hemos demostrado que la Supervía es dañina para el medio ambiente, para la movilidad, para el tejido social e incluso para las finanzas de la Ciudad de México; para eso hemos recurrido a todas las vías legales a nuestro alcance y si ya no es posible continuar aquí (en México) seguiremos en el SIDH”, dijo la vocera del movimiento y catedrática universitaria.

En conferencia de prensa, Barros narró que la madrugada del viernes 23 unos 500 policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojaron el campamento donde se hallaban decenas de manifestantes, quienes comunicaron con visitadores de la CDHDF, los cuales de inmediato acudieron a las inmediaciones de la colonia La Malinche y constataron que los agentes no llevaban ninguna orden de desalojo.

El abogado del movimiento, Francisco López, agregó que los policías utilizaron extintores para desalojarlos; y agregó que una vez que los inconformes decidieron abandonar el lugar para evitar lesionados o detenidos, el campamento fue incendiado.

“A las cinco de la mañana regresamos con un grupo de periodistas que querían hacer unas tomas en el campamento desalojado y en ese momento vimos cómo salían llamas de una construcción y dos carpas, mientras que los antimotines veían cómo las llamas consumían todo, sin intervenir; después el Gobierno del Distrito Federal alegó que ellos habían sofocado el fuego con los extintores”, apuntó.

López resaltó que en enero el Frente Amplio y la CDHDF recurrirán a la CIDH, antes las graves violaciones cometidas contra los ciudadanos sin que hasta ahora haya respuesta, a pesar que desde el año pasado el organismo a cargo de Luis González Plascencia emitió una recomendación, la 1/2011, por la que pidió al gobierno de Marcelo Ebrard detener la obra hasta que no se corrigieran las fallas de origen del proyecto, entre ellas la falta de consulta a los afectados.

“Estamos en espera de la resolución de un amparo (992/2012) por el que vecinos de las obras recurren al Poder Judicial, ahí no pueden argumentar que no hay interés jurídico; tenemos pendientes otras resoluciones y hemos pedido a la Asamblea Legislativa que llame a comparecer a Marcelo Ebrard por el incumplimiento de la recomendación de la CDHDF”, dijo el abogado.

López comentó que la tensión en la zona de La Malinche rondaba en el ambiente desde una semana antes, cuando los inconformes fueron visitados en el campamento por policías que buscaba a personas ajenas al movimiento, mismas que después fueron demandadas por el gobierno capitalino.

“Hay una demanda contra cuatro personas que no conocemos pero que en la demanda se dice que forman parte del Frente; nosotros nos amparamos y logramos una suspensión provisional porque estamos temerosos de que nos quieran involucrar en delitos que no cometimos”, dijo Francisco López.

Cristina Barros, por su parte, indicó que en materia ambiental “se ha rebasado con mucho el daño que se contemplaba en el Estudio de Impacto Ambiental, y que de por sí era una situación grave, se han cortado más árboles de los programados, no hay hasta ahora ningún proyecto para rehabilitar ecológicamente el área y, por el contrario, ya hay proyectos inmobiliarios desarrollándose”.

La vocera recordó que otra resolución pendiente es la solicitud de la anulación del contrato entre las empresas constructoras, COPRI y OHL, y el Gobierno del Distrito Federal, “porque el acuerdo es que si no recuperan la inversión, que inicialmente se valuó en 6 mil millones de pesos, el gobierno tendría que pagar esa suma y 10 por ciento más”.

 

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