Erigen cruz con 2 mil nombres de victimadas en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La activista Norma Ledezma, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas, lanzó hoy un reto a las autoridades para que señalen cuántos casos de asesinatos de mujeres han esclarecido, con evidencias, nombres y dato por dato, luego de que el ombudsman estatal, José Luis Armendáriz, anunciara que la mayoría de los feminicidios ya estaban resueltos.

Sin embargo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, grupos civiles denunciaron que 95% de los homicidios de mujeres, cometidos en 19 años en Chihuahua, permanecen impunes.

Este lunes, las activistas colocaron casi 2 mil nombres de mujeres asesinadas en una cruz de clavos, frente a Palacio de Gobierno; los casos, que son llevados por Justicia para Nuestras Hijas, permanecen impunes, dio a conocer Norma Ledezma.

“Aproximadamente 5% de los presuntos culpables están pagando, pero hay algunos casos que aún están en proceso, no han concluido”, señaló Ledezma Ortega, quien expresó que cuando una madre sufre el asesinato o desaparición de su hija o hijo, tiene dos caminos: “O nos quedamos llorando en nuestro dolor, o damos un paso a la calle para exigir justicia”.

La activista destacó que, después de casi 20 años, lapso en el que han documentado casos de mujeres asesinadas y desaparecidas, apenas comenzaron a implementar instancias para prevenir y castigar delitos contra las mujeres. Sin embargo, advirtió que las autoridades aún no trabajan en la prevención del feminicidio.

El Centro de Justicia para las Mujeres, recordó, “se creó por presión de todas nosotras, pero (las autoridades) no se han preparado ni tienen intención de velar por la justicia de las mujeres”.

Luego ejemplificó con la falta de denuncias de las mujeres que son violentadas por sus parejas, porque la ley sólo le da de cuatro a cinco años de prisión al agresor, pero la víctima debe pasar un “calvario terrible” para lograr que aprehendan al agresor.

Peor aún, agregó, las autoridades no garantizan la seguridad para quien se atreve a denunciar.

Este lunes, Norma Ledeza fue reconocida por otras organizaciones que conforman el movimiento de mujeres por haber sido incluida por la revista Quién entre las 50 personas que “movieron México” en 2012.

La activista dedicó el reconocimiento a todas las mujeres que han luchado por encontrar la justicia que han anhelado desde que sus hijas fueron víctimas de delincuentes.

“Barraza no actuó solo”

Norma Ledezma señaló que el asesinato de Sergio Barraza no significa que haya justicia para Rubí Marisol Frayre Escobedo y su mamá Marisela Escobedo Ortiz, ya que el agresor murió como consecuencia de sus actividades ilícitas.

“El Estado mexicano fue incapaz de detener a Sergio Barraza”, sentenció.

Luego recordó que hubo incapacidad de los jueces que lo dejaron libre, porque un tribunal de segunda instancia sí lo pudo sentenciar a 50 años, pero en ese tiempo Barraza aún no era parte del cartel al que pertenecía cuando fue abatido, y por lo tanto no es un pretexto la peligrosidad para justificar que no lo detuvieran las autoridades.

En el caso de Marisela, en que el gobernador César Duarte atribuye a Barraza la culpabilidad como autor intelectual, indicó que desde su punto de vista no cree sea tan simple de resolver el tema, por lo que resulta un “discurso propagandístico” cerrar los casos y ya.

“Sergio no actuó solo, era parte de un grupo que tuvo que ver con el asesinato, y hay personas que participaron y siguen libres”, advirtió.

Falta de apoyo

“Sra. Bertha (Gómez de Duarte, esposa del gobernador): Si no hay ayuda para hijos de desaparecidos, no permita que las autoridades me cierren las puertas para la adopción de las hijas de Pamela Portillo”, se advertía en la cartulina que exhibía Lucía Hernández Alarcón, tía de Pamela Portillo Hernández, frente a Palacio de Gobierno, ante la lucha por dar una mejor vida a las dos hijas de la joven desaparecida el 25 de julio de 2010.

Lucía es maestra y está a punto de jubilarse, las niñas viven con ella pero las autoridades han justificado que no es apta para la adopción de sus sobrinas, sin dar una explicación concreta.

El padre de las niñas accedió a dejarlas al cuidado de Lucía Hernández y la mamá de Pamela, Lourdes Hernández, dedica su vida a buscar a su hija.

La madre de Pamela expresó que después de una serie de amenazas, decidieron continuar la lucha, porque desde hace más de un año hay nombres de policías involucrados en la desaparición de la joven de 26 años y del teniente Juan Alberto Bautista Ojeda, pero las autoridades no han avanzado en el caso.

Ahora saben que en el caso hay involucrados agentes de la extinta corporación Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol), y algunos de ellos aún trabajan ahí, aunque a otros los han asesinado.

“El objetivo era el teniente. Un agente del Ministerio Público nos lo confirmó, porque el teniente (Juan Alberto Bautista) pertenecía al pelotón de inteligencia del Ejército, tenía mucha información”, explicó Lucía.

La joven y el teniente de 27 años fueron interceptados sobre la avenida Pacheco y calle Samaniego, entre las 2:30 y 3:00 horas el 25 de julio de 2010.

De acuerdo con declaraciones recogidas por las autoridades, se corroboró la presencia en el lugar de los hechos de policías y personas en diferentes automóviles, camionetas con ‘cipoles’, un Chevy gris y otros autos en los que llegaron soldados y luego se fueron.

Eso le comunicó Pamela a algunas personas que alcanzó a llamar vía telefónica, para dar aviso de que habían aprehendido al teniente. Al parecer, indican los familiares, se la llevaron también a ella por denunciar.

Las autoridades encontraron en el vehículo donde viajaba Pamela todas sus pertenencias, incluido el celular, no había rastros de sangre o señas de que sus captores hubieran utilizado la violencia.

En el lugar también fue ubicado un automóvil Atos, propiedad de uno de los militares que acompañaban al teniente desaparecido.

Cuando los interceptaron, ahí permanecieron los ‘cipoles’ y se fueron cuando llegaron los efectivos del Ejército. Sin embargo, en sis declaraciones los militares dijeron que no vieron al teniente.

En la Fiscalía, insisten Lucía y Lourdes, hay nombres desde hace meses, pero ni esa corporación ni el Ejército han hecho algo. “Desde el inicio hubo muchas irregularidades”, reiteran ambas hermanas.

 

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