Expediente Nicaragua: Fiscalía saca a la luz pública cinco nuevas pruebas

Raquel Alatorre, entre los presuntos traficantes. Foto: Xinhua / John Bustos
Raquel Alatorre, entre los presuntos traficantes.
Foto: Xinhua / John Bustos

MANAGUA (apro).- En el tercer día del juicio oral y público que se desarrolla en Nicaragua en contra de 18 mexicanos, acusados de tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero, entre otros delitos, el representante del Ministerio Público se sacó un as de la manga: cinco nuevos peritajes, que solicitó fueran incorporados como “pruebas sobrevenidas”.

Los cinco nuevos peritajes, con fechas del 10 y 12 de diciembre, están relacionados con un reporte de documentoscopía, que consta de 38 folios y que comprende un análisis sobre la autenticidad de los pasaportes que utilizaban los 18 mexicanos, capturados desde el 24 de agosto del presente año, transportando de forma ilícita un total de 9.2 millones de dólares.

Otro de los documentos que el representante del Ministerio Público, Giscard Moraga, pidió al juez Edgar Altamirano que fuera admitido en el juicio oral y público se refiere a un reporte sobre las llamadas telefónicas que realizó la presunta cabecilla de la banda mexicana, Raquel Alatorre. Este documento consta de dos folios.

Un tercer reporte es un análisis que practicó la Dirección de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Aduanas (DGA), sobre los movimientos migratorios relacionados a cada una de las camionetas incautadas, las placas referidas, los conductores, etcétera. El informe comprende desde 2008 hasta 2012.

Un cuarto informe de peritos corresponde al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), de 26 páginas, referido a un análisis de la información contenida en los equipos de posicionamiento global (GPS), que portaba cada una de las Van que se movían impunemente por Centroamérica y Panamá, bajo la cobertura de pertenecer al gigante mexicano Televisa.

“Son pruebas completamente necesarias, por ello pedimos que la autoridad judicial (el juez Altamirano) las admita y que nos permita incorporarlas como pruebas sobrevenidas”, de acuerdo con el artículo 306 del Código Procesal Penal de Nicaragua.

Asimismo, con la incorporación de las pruebas, se solicitó que intervengan como nuevos testigos los peritos que elaboraron los documentos.

Defensores se resisten

La solicitud del representante del Ministerio Público, Giscar Moraga, y respaldada de inmediato por el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), quebrantó la quietud con que transcurría la tercera audiencia del juicio oral y público contra los 18 mexicanos.

Luego de un receso de 15 minutos, el coordinador del equipo defensor José Ramón Rojas Urroz se opuso tenazmente a la admisión e incorporación de las documentos, basándose en que los mismos no eran “novedosos”, es decir, no eran nuevos elementos de prueba, ya que los actos de investigación fueron solicitados desde el 24 de agosto, día en que los 18 mexicanos fueron oficialmente detenidos y presentados públicamente.

Rojas Urroz indicó que los pasaportes están bajo el resguardo de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional desde el 20 de agosto, cuando permanecían retenidos los indiciados, por tanto en su opinión “no hay nada nuevo en esa pericia que se ha practicado”, ya que no ha surgido del juicio oral y público.

“Que haya un olvido, que no les llamó antes la atención en un inicio, no es responsabilidad de los acusados ni nuestra, y usted como garante debe velar por el correcto proceso”, dijo Rojas Urroz, jefe del equipo de abogados defensores.

Asimismo, indicó que las seis camionetas Chevrolet, año 2011, permanecen en poder de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional desde el 20 de agosto, por tanto, no debe admitirse el informe pericial elaborado por los especialistas de Ineter, sobre la información recabada de los GPS.

De igual manera, y con la misma beligerancia, se opuso a la admisión e incorporación de las otras “pruebas sobrevenidas”, solicitadas por la Fiscalía y por la Procuraduría General de Nicaragua.

“No tienen nada de novedoso, no deben ser incorporados, no veo cuál es el interés de la Fiscalía en presentarlos”, insistió.

Sobre el reporte relacionado con las llamadas telefónicas realizadas por Raquel Alatorre, desde el 25 de julio al 24 de agosto del presente año, Rojas Urroz dijo que esa información tampoco es novedosa, ya que se ha difundido a través de los medios de comunicación, sobre todo en México.

“No sé qué pretenden demostrar”, insistió. Al respecto, cabe recordar que las versiones periodísticas apuntan a que Raquel Alatorre utilizaba varios teléfonos celulares, y a través de éstos se comunicaba con un contacto identificado como Amador Narcia Estrada, vicepresidente de Información Nacional de Televisa. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por la televisora mexicana.

Ramón Rojas dijo que resulta “curioso” que todos los informes que se presentarán fueron elaborados con fecha del 10 de diciembre, el mismo día que inició el juicio oral y público.

“Son actos de investigación que no se pudieron realizar en el tiempo establecido por la ley, así que no es responsabilidad suya ni nuestra, subsanar estos errores”, insistió Rojas Urroz.

Suspende juez audiencia

El juez Altamirano, del juzgado noveno de Managua, decidió admitir las “pruebas sobrevenidas” y llamar incluso a los autores de los documentos para declarar como testigos.

Ante este inesperado giro, los abogados defensores pidieron tiempo para estudiar los documentos y preparar su defensa. Por tanto, el juez Altamirano ordenó suspender la audiencia y reprogramarla para el martes 18.

Posteriormente, el juez Altamirano, acompañado de todas las partes involucradas y de los periodistas, se dirigió a las instalaciones de Auxilio Judicial, donde hizo una inspección ocular in situ de las seis camionetas incautadas.

Durante esta visita, Alatorre se puso juguetona e incluso coqueteó ante las cámaras de los fotógrafos y camarógrafos. Asimismo, tres de los 18 mexicanos detenidos expresaron su interés en ser extraditados a su país natal.

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