Europa: Conflicto de intereses en el Comité… de Ética

Banderas de la Unión Europea. Foto: AP
Banderas de la Unión Europea.
Foto: AP

BRUSELAS (apro).- La ratificación del abogado francés Michel Petite como miembro del Comité Ético sobre Cabildeo de la Comisión Europea ha provocado un caudal de críticas entre las organizaciones que se oponen a la creciente influencia del lobby privado en las instituciones europeas, en particular el que concierne a la poderosa industria del tabaco.

El motivo de la consternación: Petite trabaja como cabildero de la tabacalera estadunidense Philip Morris a través de la firma Clifford Chance, cuya sede está en Londres.

  Paradójicamente, la función de ese Comité Ético –que está integrado por tres miembros– es evaluar y alertar a la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), sobre posibles casos de conflicto de intereses cuando antiguos comisarios (un tipo de secretarios de Estado a escala regional) pretenden convertirse en empleados de compañías privadas del mismo sector en el que despacharon.

  Petite no parece ser el más indicado para esa misión. El abogado efectuó gran parte de su carrera como funcionario de la Comisión Europea, a la que ingresó en 1979 en la Dirección General de Industria y Mercado Interior. Su ascenso en la institución no paró: fue funcionario de la oficina del comisario de Mercado Interior, Francis Cockfield; jefe adjunto de la oficina de la Comisaría de Asuntos Fiscales, Aduanas y Protección de los Consumidores, Christiane Scrivener, y jefe de la Unidad sobre Control de Concentraciones.

  Posteriormente fue consejero jurídico de tres presidentes de la Comisión Europea: Jacques Delors, Romano Prodi, y del actual, José Manuel Barroso; también fue jefe de la Dirección General de Competencia, a cargo de las Ayudas Estatales, y director general del estratégico Servicio Jurídico, el último puesto que ocupó en la UE entre 2001 y 2007.

  Con esta amplia experiencia en el funcionamiento de la Comisión Europea –la cual elabora y vigila el cumplimiento de las leyes que afectan a los 27 Estados asociados a la UE–, Petite fue contratado en enero de 2008 por Clifford Chance.

  En su página de Internet, la firma lo presenta como su consultor especializado en “políticas de la Comisión Europea, ley comunitaria y de competencia”, que trabaja ”en estrecha cooperación con sus grupos de expertos en las áreas de antimonopolio, comercio, banca, fiscalización y relaciones gubernamentales y políticas públicas”.

La organización no gubernamental Corporate Europe Observatory (CEO) exhibe y denuncia “el acceso privilegiado y la influencia que gozan los corporativos y sus grupos de cabildeo en la toma de decisiones de las instituciones de la UE”.

CEO, con base en Bruselas, remarca en un informe: “(En su página web) Clifford Chance dice a sus potenciales clientes: ‘Usted podría enfrentar la posibilidad del desarrollo de una regulación o de una decisión política que amenaza la existencia de su negocio. Nosotros le ofrecemos una combinación de experiencia legal y política’, y podemos asistirlo ‘para acercarlo con el gobierno o las instituciones de la UE, asesorarlo en los procedimientos parlamentarios y políticos, y elaborar borradores y presentar enmiendas a una propuesta de legislación’”.

De manera insólita, Clifford Chance no se ha inscrito en el Registro de Representantes de Intereses que, con carácter voluntario, creó en 2008 la propia Comisión Europea para transparentar la actividad del gremio. La firma asegura que no ejerce actividades de lobby en Bruselas, aunque sí está dada de alta en el registro estadunidense como agencia de cabildeo.

CEO explica que los negocios de cabildeo de Clifford Chance en Bruselas se escudan detrás de los conceptos “estrategias de apoyo político” y “relaciones con gobiernos”, que menciona en su sitio de Internet.

En su momento, la Comisión Europea autorizó el nuevo empleo de Petite, imponiéndole sólo una condición: que durante un año no cabildeara a sus antiguos colegas funcionarios o manejara casos relacionados con su función anterior, lo que CEO considera una burla a la sociedad europea.

El caso de Petite fue tan emblemático del fenómeno conocido en inglés como revolving doors (saltar de un empleo en el sector público a otro en el privado) que fue uno de los nominados al premio por el Peor conflicto de intereses en 2008. Ese “galardón” es otorgado por las principales ONG europeas que pugnan por mayor transparencia en la UE: CEO, Friends of the Earth Europe, Lobbycontrol y Spinwatch, que reunidas conforman ALTER-EU.

Aún así, Petite fue integrado por la Comisión Europea a su comité ético en 2009. Desde ese puesto, el exfuncionario francés aprobó sin plantear ningún problema que el alemán Günter Verheuguen estableciera en abril de 2010 su propia firma de cabildeo (The European Experience Company) apenas dos meses después de dejar el puesto de comisario de Industria.

Petite tampoco dijo nada cuando el excomisario de Pesca, el maltés Joe Borg, se unió en junio de 2010 a Fipra, una consultoría de cabildeo en temas relacionados con la política marítima de la UE, cuyas oficinas se encuentran a unos metros del edificio de la Comisión Europea. De la misma forma, dio luz verde para que el excomisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, el irlandés Charlie McCreevy, ocupara un puesto en el Consejo de Dirección de la aerolínea Ryanair en mayo de 2010, tres meses después de terminar su trabajo en la Comisión Europea.

Dalligate

De forma inesperada, el nombre del polémico abogado francés surgió nuevamente en el marco de un fuerte escándalo ligado a la industria del tabaco: el llamado Dalligate.

John Dalli, originario de Malta, fue comisario de Salud hasta el pasado 16 de octubre, día en que la Comisión Europea anunció su intempestiva “renuncia”.

De acuerdo con el presidente de la institución, una investigación de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF, por sus siglas en inglés) concluyó que un empresario maltés, Silvio Zammit, había aprovechado sus contactos con el comisario Dalli para acercarse a la cigarrera sueca Swedish Match y solicitar 60 millones de euros a cambio de levantar la prohibición que pesa fuera de ese país sobre sus productos (tabaco masticado o snus), como parte de la actual revisión de la Directiva sobre Productos de Tabaco de 2001.

Barroso precisó que “el reporte de OLAF no encontró ninguna evidencia concluyente de la participación directa de Dalli, pero el mismo consideró que él estaba al tanto de la situación”.

La historia es sorprendente. En una entrevista exclusiva con la publicación Europolitics, el vicepresidente de Swedish Match, Patrik Hildingsson, narró que una abogada maltesa que trabaja para la empresa se reunió con Dalli para exponer su caso, una vez en enero y otra en febrero de 2012.

El ejecutivo refirió que su consultora salió del segundo encuentro muy alterada. Dalli le habría dicho que para él sería un “suicidio político” levantar la prohibición de los snus de Swedish Match, incluso si las condiciones legales eran favorables para hacerlo. Dalli, según la consultora, se fue y la dejó sola con Zammit, a quien ella no conocía.

Él retomó la reunión; le dijo que Dalli no tomaría una decisión política tan arriesgada sin una ganancia de por medio.

El hombre explicó en una segunda reunión que el director de Swedish Match tenía que pagar 10 millones de euros a Dalli, quien le explicaría cómo levantaría la prohibición y, una vez que ello tuviera efecto, se haría un nuevo pago de 50 millones de euros.

El departamento jurídico de Swedish Match fue informado de los hechos, así como el gobierno sueco, según la versión de Hildingsson; Zammit buscó en marzo a la empresa para insistir en su oferta. El 21 de mayo de 2012, la tabacalera informó finalmente a la Comisión Europea.

El 24 de mayo, OLAF recibió las informaciones del caso y al día siguiente decidió abrir una investigación, que se mantuvo en la más absoluta discreción. El 16 de octubre, OLAF entregó el reporte final a la Comisión Europea y tres días más tarde a la Procuraduría General de Malta para que ésta decida si finca responsabilidades judiciales (la Comisión Europea carece de esa facultad).

Dalli niega todas las acusaciones y acusa que Barroso nunca le mostró el reporte de OLAF –como él asegura que ocurrió– durante una improvisada reunión el 16 de octubre, en la que el presidente de la Comisión Europea lo despidió instantáneamente, dándole sólo media hora para poner al tanto a su familia y sin que le permitiera consultar un abogado.

Hasta la fecha, la autoridad no ha dado acceso público al reporte final de OLAF, bajo el argumento de que existe una investigación judicial en curso en Malta, y evadió los cuestionamientos y precisiones al respecto en la rueda de prensa celebrada el 17 de octubre. Por tal razón persisten muchas incógnitas en torno a las verdaderas motivaciones que causaron la destitución de Dalli.

Una hipótesis –que defienden algunos eurodiputados– apunta a la industria del tabaco.

Dalli, como comisario de Salud, abogaba por endurecer la Directiva sobre Productos de Tabaco –que desde hace dos años está en proceso de revisión–, y así extender las restricciones a los llamados “cigarros electrónicos” (inhaladores que simulan el acto de fumar mediante una mezcla de sustancias), los saborizantes y las estrategias de comercialización, en particular con la introducción de nuevos empaques con fotografías impactantes que ilustren los efectos del tabaco en la salud y que cubrirían casi toda la superficie de la cajetilla.

La industria del tabaco se oponía ferozmente a este proyecto.

El día posterior a la destitución de Dalli, la Unión Europea de Cultivadores de Tabaco (Unitab, por sus siglas en inglés) pidió a la Comisión Europea “abandonar las propuestas” de Dalli y “comenzar de nuevo la revisión” de la Directiva sobre Productos de Tabaco, con la finalidad de alcanzar una regulación que proteja la salud pública, pero también “nuestros trabajos durante este tiempo de crisis”.

Acceso privilegiado

¿Por qué renunció Dalli? ¿Fue Barroso quien lo destituyó? ¿El excomisario cometió un acto ilegal o sólo rompió un código interno? Con el objetivo de dilucidar el Dalligate, el Parlamento Europeo dirigió 154 preguntas a la Comisión Europea y a la OLAF.

Uno de los hallazgos más interesantes de las informaciones proporcionadas por las autoridades: el alto nivel de acceso que disfruta el lobby del tabaco en las oficinas de la Comisión Europea. Es ahí donde aparece de nuevo el litigante galo Petite.

El Parlamento Europeo preguntó qué otras firmas o asociaciones –además de Swedish Match– habían tenido contacto con el Servicio Jurídico de la Comisión Europea durante los trabajos de revisión de la Directiva sobre Productos de Tabaco; quienes habían sido los contactos de esas firmas, cuándo habían tenido lugar esos contactos, en qué forma y qué reuniones habían sido llevadas a cabo y quiénes participaron.

La Comisión Europea respondió que no existían contactos con representantes de la industria tabacalera, sino con expertos legales de otras instituciones, de autoridades de los Estados miembros de la UE, la academia o de despachos de abogados.

Refirió dos “breves conversaciones” entre Michel Petit y funcionarios del más alto nivel del Servicio Jurídico: en septiembre de 2011, con su compatriota Patrick Hetsch, el director general adjunto; luego, en septiembre de 2012, con el director Marc Van Hoof.

“El señor Petite mencionó (en las reuniones) que su firma de abogados (Clifford Chance) proveía asesoría legal a la compañía tabacalera Philip Morris International, y expresó sus opiniones acerca de varias cuestiones legales concernientes a la legislación sobre el tabaco”, reconoce la Comisión Europea.

Según la institución, el director general del Servicio Jurídico, el español Luis Romero Requena, solicitó ser informado “personalmente” por Petite de sus actividades de asesoría legal.

La reunión del cabildero de Philip Morris con el más alto funcionario de ese importante departamento –que Petite dirigió durante seis años– tuvo lugar el 14 de noviembre pasado, un mes antes de que Petite fuera nombrado nuevamente miembro del Comité Ético sobre Cabildeo de la Comisión Europea. 

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