Requiere Ley de Víctimas de instrumentos para ‘encarnarse’: Sicilia

El poeta Javier Sicilia.Foto: Germán Canseco
El poeta Javier Sicilia.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto entregará este miércoles al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, la Ley General de Atención a Víctimas, la cual entrará en vigor en los siguientes 30 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“Estamos contentos, aunque es triste llegar a esto porque es señal de que las leyes no se cumplieron, tuvimos que inventar una nueva ley para atender a los ciudadanos afectados por la violencia; por otro lado, llega una esperanza para las víctimas en su búsqueda de justicia”, dijo Javier Sicilia a la agencia Apro.

La polémica ley que impulsaron las víctimas de la violencia desatada por la estrategia de seguridad calderonista, saldrá publicada mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ocho meses después de su aprobación unánime en el Congreso de la Unión. En ese lapso, el entonces presidente Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional, con lo cual quedó desactivada la nueva ley. Una de las primeras promesas de Peña Nieto fue su publicación.

Por la tarde, las víctimas que integran el Movimiento y los defensores de derechos humanos que las han acompañado, se reunieron en el Centro de Comunicación Social (Cencos) para acordar los discursos que darán durante la ceremonia.

“Es una palabra cumplida que no basta, es decir, si la ley no llega a reglamentarse, si no se llega a construir esta plataforma nacional de víctimas que cuente con recursos suficientes, con personal suficiente y opere a nivel nacional, quedará como el tambor. Ese es uno de los pasos que siguen inmediatamente, la ley necesita esos instrumentos para encarnarse”, dijo Sicilia.

En la entrevista, señaló que otro de los pendientes en la agenda del Movimiento es la construcción de un memorial que realmente refleje el rostro de las víctimas, y lograr el viraje en la política de seguridad para que en lugar de cuidar instituciones, cuide a los ciudadanos.

Por su parte, Eliana García, quien asesoró al movimiento en el proceso de cabildeo de la ley, señaló: “La publicación es un primer paso, es reconocible que se cumpla un compromiso, saludable en términos de la atención que se dará a una crisis humanitaria generada a partir de una inadecuada estrategia de combate al crimen organizado y de militarizar la seguridad pública. Ojalá no hubiera necesidad de hacer una ley, ojalá tantos mexicanos no hubieran pasado esta tragedia.”

Celebró que la ley es fruto de un trabajo colectivo, construida con los testimonios de las víctimas y con una “gran dosis de empatía y comprensión hacia el dolor”.

Intimidades de la ley

A continuación se reproducen fragmentos de un reportaje publicado en la edición 1886 de la revista Proceso, en el que se explica la Ley General de Atención a Víctimas que mañana será publicada:

En México, cualquier persona que haya sido víctima de un delito grave, que le haya ocasionado pérdida de la vida, incapacidad mental o física, o privación de su libertad, podrá recibir, por ley, una “compensación subsidiaria”. La cifra máxima tasada es de 1 millón de pesos “de compensación subsidiaria” para las víctimas del delito. El Estado se hará responsable de pagar los daños sin importar quiénes sean los delincuentes y cuándo hubiera ocurrido la agresión.

Cualquier víctima de delincuentes comunes, crimen organizado, funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, y sus familiares, tendrán representación de abogados capacitados en víctimas, recibirán el pago por los gastos de alojamiento, comida o traslados que hayan desembolsado para llevar su caso ante tribunales, y serán acreedores de servicios médicos, becas educativas y oportunidades de desarrollo social.

Este es uno de los frutos políticos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que desde abril de 2011 sacó a las calles a las víctimas de la violencia del sexenio calderonista, y las acercó a la clase política para que sus demandas fueran escuchadas. Es, también, un reflejo de la “crisis humanitaria” que dejó la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y del colapso del sistema judicial que mantiene casi asegurada la impunidad.

A partir de su publicación y de su posterior reglamentación, las personas que hayan sido víctimas en algún momento de la historia de México –incluidas las de la “guerra sucia” – tendrán derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y a gozar garantías para que no se repitan esos actos.

Una comisión ejecutiva formada por cinco expertos promovidos por las universidades públicas y cuatro candidatos ciudadanos con experiencia en derechos humanos, y sus equivalentes en cada estado, decidirá las medidas de apoyo que se otorgarán en cada caso.

Según el centro de análisis México Evalúa, en el sexenio anterior al menos 101 mil personas fueron asesinadas y más de 344 mil quedaron huérfanos, viudas o sin sostén económico. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a su vez, recibió denuncias por la desaparición de 24 mil personas.

El Estado mexicano tendrá que someterse a una reingeniería para la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el que los gobiernos federal, estatales y municipales asumirán los costos por los daños físicos mentales, materiales, pérdida de oportunidades, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas, y en el que todas las dependencias de gobierno asumen responsabilidades.

O, al menos, eso quedó en el papel firmado por el Poder Legislativo y avalado por el Ejecutivo.

La creación del nuevo sistema implica la desaparición de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), creada por Calderón a fines de 2011.

La ley fue creada a inicios de 2012 y perfeccionada hasta abril por distintos actores en diferentes momentos. Surgió de la fusión de una propuesta realizada por expertos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y de la UNAM, y aderezada con proyectos de ley del PRI, PAN y PRD, y usando la ley colombiana como modelo.

En diferentes tramos participaron –algunos a título personal; otros, institucional– asesores de la oficina en México de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Cencos, Serapaz y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Fue impulsada por las víctimas que con sus testimonios, su presencia en las cámaras de Diputados y Senadores; su participación activa en foros con legisladores y sus encuentros con los candidatos presidenciales, y sus movilizaciones callejeras, presionaron hasta obtenerla. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos del país se mantuvieron ajenas.

A partir del veto técnico aplicado por Calderón, el movimiento encontró en los asesores jurídicos y técnicos de los grupos parlamentarios del PRD y del PRI (en especial de Manlio Fabio Beltrones y de Jesús Murillo Karam) sus principales aliados.

A partir de la promulgación de la ley reformada, las instituciones médicas del país tendrán 180 días para reformar sus leyes y reglamentos internos.

La versión original de la ley impulsada por el movimiento obligaba a la creación de un cuerpo de “abogados victimales” en todas las procuradurías, que fueran contrapartes del Ministerio Público y equivalentes a los defensores de oficio. Murillo Karam pidió que fuera modificado por considerar que trastoca el papel de los defensores de oficio. En su lugar se creará la Asesoría Jurídica Federal, un área de abogados victimales, que dependerá de la Comisión Ejecutiva del Sistema.

“Esta ley significa el reconocimiento de que en este país hubo un periodo de una violencia criminal e institucional que dejó una crisis humanitaria en el país, y que por tanto el Estado tiene la obligación de generar un instrumento jurídico que se exprese en una política pública de Estado para atender sus efectos y para resarcir, restaurar, reparar íntegramente el menoscabo de los derechos de las personas que hayan sido víctimas”, dijo la exlegisladora Eliana García.

Su aprobación será sólo un tramo en el camino del Movimiento por la Paz, creado a partir del asesinato del hijo de Javier Sicilia, que a través de caravanas por México y Estados Unidos, actos en cada plaza pública del país, encuentros con la clase política, movilizaciones de protesta, plantones en las sedes del poder legislativo, una huelga de hambre e intenso cabildeo logró una legislación que está a punto de hacerse realidad.

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