Exigen ONG a Rubén Moreira indagar amenazas contra Casa del Migrante

Migrantes centroamericanos en Coahuila. Foto: Miguel Ángel Reyna
Migrantes centroamericanos en Coahuila.
Foto: Miguel Ángel Reyna

MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), exigieron al gobierno de Coahuila que investigue los actos de hostigamiento y amenazas contra personal que labora en la Casa Belén o Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila.

Según dichas agrupaciones, el acoso va desde llamadas telefónicas amenazantes y robo de información confidencial hasta la criminalización de las actividades de Belén, Posada del Migrante.

En un comunicado conjunto, Amnistía y la Red de Organismos Civiles TDT pidieron al gobierno de Rubén Moreira “una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial” sobre estos acontecimientos.

Ambas organizaciones resaltaron que pese a que la casa del migrante, asesorada por el sacerdote Pedro Pantoja Arreola, cuenta con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2010, los encargados de la seguridad del personal de la posada no han hecho nada por contener las amenazas.

De acuerdo con la información recabada por ambas ONG, el último mes de 2012 fue particularmente tenso para el padre Pantoja y sus colaboradores.

El 19 de diciembre anterior, mientras se presentaba un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos, “sujetos no identificados rompieron uno de los cristales del vehículo del presbítero Pedro Pantoja Arreola, asesor general de la Casa del Migrante de Saltillo, para obtener de su interior un maletín con información confidencial propia del trabajo que realiza esta organización”, relató la Red TDT.

Ocho días después, en el diario El Heraldo de Saltillo se publicó una nota en la que se criminaliza el trabajo de los colaboradores de la casa del migrante, a quienes incluso se califica como “cáncer de Saltillo” y se exige a las autoridades la clausura de la posada.

Ese mismo día, el automóvil del coordinador del albergue, Javier Martínez Hernández, fue objeto de un robo y también en esta ocasión los objetos que se llevaron los delincuentes fueron documentos confidenciales.

El 30 de diciembre pasado, mientras el padre Pantoja encabezaba una celebración religiosa, un hombre que se identificó como familiar de un migrante asesinado en Saltillo llamó a un teléfono que no es utilizado para actividades de defensa de indocumentados.

Un colega de Pantoja atendió la llamada y “un sujeto desconocido amenazó con atentar en contra de los colaboradores de la Casa del Migrante”, acusó la Red TDT.

Después de señalar que los hechos no son aislados y que, desde 2009, “la Casa del Migrante y su personal han sido objeto de robo con violencia, amenazas, intimidación y difamaciones”, la Red TDT denunció que después de los actos amenazantes el personal policiaco encargado de proteger el local, usuarios y colaboradores del albergue “abandonó sus funciones” el 31 de diciembre y el 1 de enero pasados.

Amnistía apuntó que dado que en ninguno de los robos los asaltantes se llevaron objetos de valor, aparte de las llamadas amenazantes, los usuarios de la casa del migrante y los colaboradores del padre Pantoja se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La organización internacional advirtió: “Tras este patrón de agresiones y amenazas, AI está convencida de que, de no tomarse medidas prontas y efectivas para proteger al albergue y al personal que allí labora, su seguridad estaría en riesgo”

Enseguida exigió a las autoridades responsables “brindar de manera urgente medidas de protección efectivas para el equipo que colabora en la Posada Belén, de acuerdo con los deseos de los afectados”.

Luego de exigir una “investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre los robos de información y la amenaza telefónica en contra de colaboradores de Posada Belén”, AI recordó a las autoridades federales, estatales y municipales “que tienen la obligación de implementar las medidas de protección ordenadas por la CIDH de forma pronta y efectiva, y que el personal que participe en la puesta en marcha de estas medidas deberá estar adecuadamente capacitado y equipado para llevar a cabo su labor”.

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