INAH: a la PGR el expediente sobre el caso Walmart

Sergio Raúl Arroyo, titular del INAH Foto: Miguel Dimayuga
Sergio Raúl Arroyo, titular del INAH
Foto: Miguel Dimayuga

En su segundo periodo al frente del INAH, Sergio Raúl Arroyo es recibido con acusaciones sobre irregularidades en la construcción de una Bodega Aurrerá en la zona arqueológica de Teotihuacán en 2004. En entrevista, desmiente los “infundios” que “han saltado de un lugar a otro, me parece que irresponsablemente”, y sale al paso frente a un problema “que prefiero identificar y conforme a mi derecho saber cómo responder”, por lo cual puso en manos de la PGR toda la documentación para una investigación que está en curso.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El etnólogo Sergio Raúl Arroyo García afirma categórico que las “acusaciones e infundios” que atribuyen la liberación del terreno para construir una tienda de la cadena Walmart en el perímetro “C” de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, son resultado de una lucha macroeconómica y no de supuestos sobornos recibidos por él a título personal o como donativo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al cual dirige por segunda vez desde el pasado 7 de diciembre.

Luego de que el diario estadunidense The New York Times destapó hace unas semanas los escándalos de corrupción de la cadena transnacional, el también doctor en antropología y arte entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la ahora extinta Secretaría de la Función Pública (SFP) el expediente sobre el caso de la construcción de una Bodega Aurrerá para que investiguen y, en su caso, confirmen lo que se dijo desde 2004, cuando dirigió por primera vez al INAH:

Que cuando Antropología recibió el expediente con el proyecto de la empresa, ya contaba con los permisos dados para centros comerciales: licencias de operación y sanitaria, uso del suelo y demás, otorgados por las autoridades del municipio de San Juan Teotihuacán y del Estado de México (hasta federales debió requerir por ser transnacional).

En entrevista en sus oficinas del Conjunto Aristos en Insurgentes Sur, insiste en que el INAH –en estricto apego a la ley y a sus funciones– sólo verificó que no existieran estructuras precolombinas y, al no haberlas, que se liberara el terreno para construir la tienda.

En presencia de la arqueóloga Verónica Ortega, responsable en su momento del salvamento arqueológico, indica que si bien éste se hizo cuando ya se había iniciado la obra, se cavaron “hasta la piedra madre” 120 pozos en los cuales no se encontraron restos de ninguna edificación arqueológica, únicamente de material cerámico, por lo cual se otorgó la liberación.

A sugerencia del fallecido arqueólogo Alejandro Martínez Muriel, entonces coordinador nacional de Arqueología, se hizo una revisión extra con un radar geológico. Pero niega, como se publicó en el diario La Jornada, que fuese el único método, que fuera tardío y que a partir de sus resultados se mintiera al Congreso de la Unión. Los pozos, insiste, están documentados y hubo “muchos testigos de las exploraciones”, como la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) México y representantes de la UNESCO, como Francesco Bandarin.

Tuvo la intención de no hacer declaraciones a la prensa sin tener los resultados de la PGR y SFP, pues consideró mejor “que fueran otras instancias ajenas al INAH o al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) las que revisaran estos temas”, pero “frente a los infundios” recién lanzados consideró importante salir al paso y deslindarse de los señalamientos.

A decir suyo, son acusaciones sin fundamento, atribuibles a cuestiones “más allá de la órbita del instituto”, pues se trata de elementos macroeconómicos y macrocomerciales relacionados con batallas del ámbito global. Al INAH le toca pagar las consecuencias “sin realmente tener ninguna participación irregular”.

–¿Las investigaciones de la PGR y de la Función Pública no han tenido ningún avance?

–Yo creo que sí han tenido avances, lo que no han tenido es una resolución última, se están revisando los expedientes. Esto se hizo a iniciativa del propio Conaculta y del Instituto de Antropología. Quisiéramos que estas resoluciones fueran próximas pero es algo que no está en nuestras manos resolver, no está en nuestro ámbito de competencia.

Se siente confiado en que la resolución del caso, cerrado en términos legales desde 2004, le favorezca. Pero aclara que no sólo por la cuestión técnica legal, sino porque “no genere ninguna desconfianza sobre mi persona y sobre ningún funcionario del instituto”. Recuerda que se ha acusado a quien fue directora del Centro INAH del Estado de México, Maribel Miró, y a la arqueóloga Verónica Ortega.

“Es algo que ha saltado de un lugar a otro, me parece que irresponsablemente, y ahora estamos frente a un problema que prefiero identificar y conforme a mi derecho saber cómo responder.”

–Como titular del INAH de entonces y director actual, ¿cuál es su responsabilidad en todo este asunto?

–En términos normativos, en lo que se refiere a la probidad, actué conforme a la ley. No hay ninguna irregularidad, ni de otro funcionario. Siempre solicité pruebas. Es decir, todas estas acusaciones son reversibles en la medida en que carecen de fundamentos; atrás de todos nosotros hay muchos años de trabajo, de participación y de relación con el instituto. Y, al margen de acusaciones banales, esto tiene para mí una importancia de orden moral de lo más alto y una importancia en el terreno de la credibilidad de la institución.

Expresa incluso el deseo de que Walmart revise su actuación y diga si hay evidencia sobre las acusaciones. Él sostiene que no tuvo ningún vínculo con la empresa, que a través primero del arquitecto Carlos Madrigal y luego de Maribel Miró la tienda planteó la posibilidad de restaurar, primero, el puente del Emperador en Teotihuacán y, luego, la Parroquia de San Juan en el mismo poblado. Fue cuando respondió a la funcionaria: “No aceptes ni unas tijeras”. Fue, dice, la única intención manifiesta de la tienda, fue verbal, y nadie, enfatiza nuevamente, aceptó ni las obras ni un donativo.

 

El muerto vivo

 

No entiende por qué, a semanas de su nombramiento, revive una noticia iniciada en Nueva York a principios de 2012. Relata que entonces concedió una larga entrevista a The New York Times, de casi tres horas. Si bien ésta no transmite lo que él hubiera querido aclarar, tampoco hace imputaciones directas sobre alguna persona o la institución. El trabajo estaba más bien orientado a generar dudas sobre “la actuación de la empresa en el contexto de México”.

Lo que le parece entra en “el terreno de la perversión” son conclusiones y reelaboraciones de aquel reportaje con reinterpretaciones “confusas”, como decir que el salvamento fue con el georradar, “es una barbaridad”; fotografías en internet con la tienda casi en la Calzada de los Muertos, dentro de la zona monumental; y haber dicho, entre otras cosas, que se destruyó un juego de pelota, cuando nunca lo ha habido.

Como hace más de ocho años, en el fondo del debate vislumbra también ahora una lucha de carácter ideológico. Así se ha dicho siempre. Es Walmart, símbolo del mercado global, contra Teotihuacán, símbolo de identidad de los mexicanos. Para Arroyo esta disputa puede responder “incluso a facciones internas” en la institución.

–Dice que se hizo el salvamento material. ¿Por qué no se puso en ese momento el valor ideológico o simbólico de Teotihuacán, si está vinculado con la identidad de los mexicanos?

–Pues eso no tiene un control legal. Hubiéramos querido ponerlo en valor, me parece que lo que comentas debería tener un valor, pero en términos legales no lo tiene. Suspender una obra que tiene las autorizaciones previas a nivel comercial, como ya te comenté, supone una responsabilidad enorme para el INAH, lo hace sujeto de demandas y de responsabilidades de tipo formal que difícilmente podríamos solventar.

“Es decir, nosotros no actuamos exclusivamente conforme a lo que es nuestra percepción de los símbolos. Ojalá éstos se convirtieran cada vez en un factor más importante, pero en el terreno de la ley eso no existe, no es un factor para detener una obra como ésa, sobre todo cuando tiene los respaldos legales con los que llegaba. Hay que tener también eso en consideración.”

La pregunta es si acaso no es una limitación para el INAH en tanto que ahora se busca proteger también el patrimonio cultural inmaterial. El instituto tiene incluso un área de Patrimonio Mundial que incluye ese capítulo:

“Puedes considerarlo una limitación, pero entonces sí entramos al terreno ideológico al que me refiero, porque si no hay una limitación de orden técnico y si no la hay de orden legal, entonces lo que tienes es ideología y eso en el terreno legal, en la ley, no funciona, no incide.”

Aborda entonces otro punto del terreno material: La necesidad de que el INAH participe más en los planes parciales de desarrollo urbano, en las definiciones de uso del suelo, en las restricciones comerciales en áreas cercanas a zonas arqueológicas y centros históricos, pues no se le puede exigir cumplir con lo que la ley no le ha facultado, lo contrario sería caer en la ilegalidad, “sería gravísimo”.

Recuerda que Teotihuacán se divide en tres zonas, los perímetros “A”, “B” y “C”. El primero es el área de monumentos precolombinos, el segundo cuenta con algunas restricciones, pero es “falso” que el tercero fuera intocado, está “densamente poblado” y fue la razón del interés de Walmart. En su opinión, esos asentamientos “deberán regularse”, no sólo aquí sino en muchas otras zonas arqueológicas del país (algunas en propiedad privada, ejidal, comunal) pues será un problema cada vez más complejo.

 

Problemas por venir

 

Cómo resolverán éste y otros desafíos, como las presiones macroeconómicas a las que dice se ha visto sometido el patrimonio cultural, los efectos del Tratado de Libre Comercio de los cuales habló para la agencia Apro durante su primera gestión frente al INAH, en enero de 2005, las presiones del turismo y los intereses políticos. Y hasta cómo recibe al INAH luego del paso tan criticado de Alfonso de María y Campos.

Ofrece “reorientar” la institución hacia sus funciones y vínculos con la educación, la investigación y el conocimiento; revisar los casos del museo en Tzintzuntzán, Michoacán; de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, y el teleférico en Puebla; las demoliciones en el centro histórico de Parral de Hidalgo, Chihuahua; y el espectáculo de luz y sonido Resplandor teotihuacano, que dejó como saldo la perforación de las pirámides del Sol y de la Luna, y los nuevos museos mayas en Quintana Roo y Yucatán.

Crear condiciones más favorables para la protección del patrimonio, pero en el contexto de un país “más complejo”. Y ello no implica necesariamente una revisión ni cambio de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. Conlleva interactuar con otras dependencias del gobierno federal, con la sociedad y las cámaras legislativas, pues el trabajo del INAH se relaciona también con el desarrollo social.

–¿Cuál es su evaluación sobre el estado en que recibe al instituto?

–Lo digo con toda franqueza. Sumamente atomizado en muchos sentidos. Creo que se ha roto la liga histórica del instituto en todas las áreas. Una de las cuestiones esenciales será retomar el trabajo de investigación de manera fundamental, hacerlo mucho más presente en los proyectos del instituto, no solamente a niveles de la difusión, sino también darle mayor presencia en los trabajos de salvamento, de rescate histórico de monumentos. Hay una especie de separación entre las áreas que no me parece acertada.

“Por otra parte, pienso también que debemos ser cada vez más activos en nuestra vinculación con la educación… Es un tema clave, la clave está en que constituyamos un elemento totalmente asociado con la educación pública, con la formación de la gente en México a partir de la educación básica.”

–¿Hubo un abandono hacia la investigación?

–Hay un reclamo generalizado en el instituto de que la investigación se volvió un elemento poco colateral de las funciones del instituto… No se prestó demasiada atención a esos asuntos. En este terreno hay que incidir de manera plena y, por otro lado, hacer las comisiones indispensables para realizar un trabajo interdisciplinario

Habrá a nivel federal reestructuraciones propias de cada institución para redefinir puntos que no han sido suficientemente atendidos. Y el INAH está relacionado con muchas instituciones en los ámbitos urbanos, rurales, tiene que ver con asuntos vinculados con la especulación inmobiliaria, agrarios, desarrollo industrial, comercial, y en la medida en que fortalezca esas relaciones cumplirá mejor sus competencias. Un reto será “cómo responder a los reclamos de desarrollo social sin poner en riesgo al patrimonio”.

Se compromete a valorar el papel del turismo, que no es antagónico del patrimonio, pero dice que, por encima de todo, el INAH produce conocimiento sobre la historia y el presente del país.

Y qué pasará tras la revisión de los casos mencionados (Tzintzuntzán, Teotihuacán, Puebla), pues la gente ve en la cárcel a responsables individuales, a ciudadanos, como a quien pintó hace años el mural de Siqueiros en Ciudad Universitaria, o a los jóvenes que supuestamente pintaron el Hemiciclo a Juárez, pero nunca a funcionarios que quizá autorizaron obras que no debieron.

Argumenta que en las instituciones no hay decisiones unipersonales. En el caso del INAH existen los consejos de Arqueología y de Monumentos Históricos (reinstaurado ahora, pues no operaba hace años).

–Fue el mismo argumento de Alfonso de María y Campos, que el Consejo de Arqueología aprobó el proyecto de Resplandor teotihuacano y se perforaron las pirámides. ¿Quién será responsable por eso?

Responde que no está en posición de hacer juicios sumarios ni declaraciones a la ligera. Promete acceso a los proyectos que se autorizaron, para su revisión, pero si cumplieron legalmente, “aun cuando ideológicamente no nos convenzan… hay que respetar”. Se ufana entones de que hasta hoy, ni en su periodo anterior ni ahora, hay en su expediente ningún proyecto de envergadura que haya ido en contra de la decisión de un consejo.

El retorno de Sergio Raúl Arroyo al INAH generó cierta expectativa y en algunos sectores del propio instituto hasta beneplácito. Vino pronto el asunto Walmart, se le pregunta cómo responderá a ambas cuestiones y asegura que con trabajo, aunque “no a todo mundo le gustó mi llegada”. Lo que juzga importante es reorientar el INAH sin decir “que todas las actuaciones sean deficientes”, pero admitir que hay rezagos “en esta especie de carrera social en la cual nosotros debemos estar participando en todo tiempo”.

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