Reclama justicia ante la violación de su hija

Señor director:

 

Ruego a usted la publicación de esta carta, por medio de la cual quiero hacer del conocimiento de la sociedad de Durango y del país el caso de mi pequeña hija de dos años de edad, quien el 15 de agosto de 2011 fue violada por su padre, Miguel Édgar Pedro Cortés. Lamentablemente ya pasaron 17 meses y hasta el momento no se nos ha hecho justicia, debido a que esta persona, a través de influencias, ha obtenido la protección del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Juzgado Segundo de Distrito en Durango.

A continuación le relato la historia:

El 15 de agosto de 2011 me di cuenta de que mi hija, de entonces dos años de edad, fue abusada sexualmente por su padre, por lo que al día siguiente acudí a la Fiscalía del Estado de Durango a presentar la denuncia. Desde el momento en que proporcioné el nombre del padre de mi hija, la agente del Ministerio Público Beatriz Ortiz, adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Delitos Sexuales, supo que es hermano de Gustavo Pedro Cortés, diputado local de esta ciudad. Ello provocó que no realizara las diligencias correcta e inmediatamente, y lo absurdo fue que me mandó a mi casa diciéndome: “Mejor arregle los problemas con su marido”… “usted sólo quiere dinero”. Ese día se abrió la carpeta de investigación 1059/2011.

Ante tal negligencia de la MP, por mis propios medios llevé a mi hija al Instituto de la Mujer, al Centro de Psicoterapia del DIF y al Instituto de Salud Mental de esta ciudad donde, después de valoraciones psicológicas y psiquiátricas practicadas tanto a la pequeña como a mí, lamentablemente confirmaron mis sospechas. Le anexo copia de los resultados de las evaluaciones.

Días después el padre de mi hija se enteró de que lo denuncié y me amenazó con matarme y quitarme a mis hijos. Por ello el 6 de octubre presenté la segunda denuncia por violencia intrafamiliar y amenazas de muerte ante la misma Fiscalía Estatal, abriéndose el expediente número AP-13893/11.

Después de cinco meses de que presenté la primera denuncia y de estar presionando ante la fiscalía para que se nos hiciera justicia, se me asignó otra agente del Ministerio Público, de nombre Adriana Justina Martínez Rocha, quien consideró que existen los elementos de delito y judicializó la carpeta.

El 15 de marzo de 2012 la AMP Martínez Rocha llevó la carpeta de investigación al juez Sexto de Control y Oralidad, José Ricardo Castro Romero, ante quien se realizaron dos audiencias en abril. En una de estas audiencias el padre de mi hija presentó a la psiquiatra particular Beatriz Amelia Prado Duarte, quien rindió testimonio de un dictamen falso a favor de mi expareja, el cual, ante el evidente engaño, fue desechado por el juez. Finalmente Castro Romero consideró que existen los elementos suficientes para proceder contra mi expareja, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso.

Después de esto Miguel Pedro Cortés interpuso el primer amparo, número 410/2012, otorgado por el juez Segundo de Distrito, Luciano Valadez Pérez; en esta instancia, Borsalino Oliverio Reza Mares, secretario de Acuerdos del Juzgado de Distrito, actuó de una manera fuera de ética y totalmente parcial a favor del imputado, ya que durante cinco meses, a través de llamadas telefónicas realizadas al juez de Control, José Ricardo Castro Romero, lo presionó para que dictara una “no vinculación” a proceso. Además escondió la carpeta de investigación y me negaba la vista de los amparos, a pesar de ser la parte perjudicada.

Desde que interpuse la segunda denuncia, Gustavo Pedro Cortés, diputado local y hermano del padre de mi hija, se presentó ante la fiscal estatal Sonia Yadira de la Garza y posteriormente ante el juez de distrito, a quienes presionó para que no se procediera contra su hermano; sin embargo sólo logró su objetivo en el Juzgado Federal, donde se dictaron los amparos a favor del imputado y se presionó al juez estatal para que dictara la “no vinculación” a proceso.

En el lapso de cinco meses el padre de mi hija interpuso otros dos amparos ante el mismo juez de Distrito Valadez Pérez, números 743/2012 y 875/2012. En esta ocasión las presiones del diputado local tuvieron éxito: El 10 de octubre el juez Sexto de Control y Oralidad, José Ricardo Castro Romero, dictó una “no vinculación a proceso”, considerando que el juez Segundo de Distrito, Luciano Valadez Pérez, argumentó que existen errores en las diligencias, como “que la niña señala a su papá, mas nunca dice su nombre” o “que los datos de prueba resultan ineficaces”, además de otras causas totalmente absurdas y que apegado a derecho un juez de Distrito no debería valorar, ya que para eso primero se debe llevar a cabo el juicio oral y ahí determinar si existe una responsabilidad o no.

En diciembre de 2011 solicité la pérdida de la patria potestad del imputado sobre mis dos hijos ante el Juzgado Segundo de lo Familiar. Este proceso se encuentra detenido mientras no se tenga un fallo de la parte judicial, en donde se le considere culpable de abuso sexual cometido en perjuicio de mi pequeña hija.

Como lo he expuesto ante toda persona que me ha querido escuchar, sólo deseo proteger a mis hijos de semejante monstruo, porque no es posible que Miguel Édgar Pedro Cortés, quien ha sido valorado –cito textualmente el dictamen realizado por los peritos en psicología de la fiscalía– como “un riesgo para la sociedad y personas que lo rodean”, “que presenta conflictos en el área sexual”, quede libre e impune por lo que hizo.

¿Cómo puede esta persona tener la posibilidad de convivir con mis hijos a los que tanto daño les ha ocasionado?

Desde que me atreví a denunciar a esta persona he recibido amenazas de parte de él y de algunos miembros de su familia. Sólo reitero que si me atrevo a hablar es porque tengo miedo de lo que nos puedan hacer a mis pequeñitos y a mí, ya que su corrupción e influencias han llegado hasta los niveles más altos de las autoridades federales, quienes han impedido la correcta impartición de justicia.

Yo sólo pido el apoyo de la comunidad. Si alguna mujer ha sido violentada por esta persona, que lo denuncie, y que los alumnos que han sido víctimas de este abusador acudan ante las autoridades. Sólo haciendo frente común podemos vencer a este monstruo, que tiene todo el apoyo e influencias de su hermano, que ha usado el poder del Congreso del estado de Durango para protegerlo.

Atentamente

Mirsa Quiroga García

 

 

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