Estados Unidos y Rusia: Como en la Guerra Fría

La tumba de Sergei Magnitsky, quien murió en la cárcel. Foto: AP
La tumba de Sergei Magnitsky, quien murió en la cárcel.
Foto: AP

MÉXICO, D.F. (apro).- El bebé ruso Dima Yakovlev fue adoptado por los estadounidenses Miles Harrison y su esposa en 2008. Tres meses después, el 8 de julio, su padre se fue a trabajar pero se olvidó de entregar al niño de 21 meses en la guardería y lo dejó en el auto, estacionado a pleno rayo del sol. Nueve horas después, Dima había muerto sin poder soportar el calor. En diciembre del mismo año, su padre fue absuelto por la justicia.

El 16 de noviembre de 2009, el abogado ruso Serguei Magnitsky, de 37 años, representante de la firma Hermitage Management propiedad del banco inglés HSBC, falleció en la cárcel Matrosskaya Tishina de Moscú, como consecuencia de los malos tratos recibidos durante 11 meses de detención sin proceso judicial.

Serguei Magnitsky y Dima Yakovlev son los nombres de dos leyes adoptadas por los congresos de Estados Unidos y de Rusia, que parecen retrotraer al mundo a la época de la Guerra Fría.

En diciembre se aprobó en Washington la Ley Magnitsky, que prohíbe a los culpables del asesinato del abogado ruso ingresar, tener negocios o bienes en Estados Unidos, y que se puede extender a todos los funcionarios rusos culpables de violaciones a los derechos humanos. En represalia, los parlamentarios rusos aprobaron la Ley Dima Yakovlev, que prohíbe la adopción de niños rusos por familias de Estados Unidos.

Browderismo

Hermitage Capital Management fue uno de los fondos de inversión pioneros en el mercado ruso. Su fundador fue William Browder, nacido en Estados Unidos pero nacionalizado británico, cuyo abuelo, Earl, fue el famoso dirigente del Partido Comunista de Estados Unidos. La palabra “browderismo” ingresó al diccionario político para definir la posibilidad de la convivencia pacífica entre el comunismo y el capitalismo, como resultado de la estrecha colaboración entre los Partidos Comunistas, la Unión Soviética y los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al comenzar la Guerra Fría, las ideas de coexistencia fraternal se hicieron añicos y Browder fue expulsado del Partido Comunista.

Bill decidió seguir los pasos de su abuelo para buscar la armoniosa colaboración del capitalismo occidental con la nueva Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Su fondo de inversión, Hermitage, apostó al naciente capitalismo ruso en los años noventa. Pero aunque Bill fue un entusiasta partidario del presidente Vladimir Putin, el destino lo condenó a seguir la misma suerte que su abuelo: el 13 de noviembre de 2005, al llegar al aeropuerto moscovita de Sheremetievo como lo había hecho veinte veces antes, encontró que su visa había sido revocada.

En su carácter de titular de un agresivo fondo de inversión que negociaba acciones de las mayores empresas rusas, Browder pretendió introducir criterios de transparencia que lo llevaron a enemistarse con hombres muy poderosos.

Serguei Magnitsky, de 37 años, era abogado de la firma Duncan Firestone, que representaba los intereses de Hermitage en Moscú. En mayo de 2007, las autoridades impositivas acusaron a una de las empresas del grupo de evadir impuestos y allanaron las sedes de Hermitage y del estudio jurídico, llevándose los documentos constitutivos de todas las compañías del grupo.

Lo que sucedió después fue un elaborado fraude que fue descubierto por Magnitsky: tres de las empresas pertenecientes al grupo de capital inglés fueron registradas nuevamente a nombre de otro propietario, Víctor Markelov, un exconvicto de homicidio. En complicidad con empleados de la inspección federal de impuestos y de funcionarios del Ministerio del Interior, el nuevo dueño pidió al fisco la devolución de 54 mil 300 millones de rublos (más de 200 millones de dólares) que las empresas de Hermitage habían pagado en exceso de sus obligaciones. En menos de un día la agencia impositiva devolvió el dinero al nuevo dueño, pero de manera veloz, la fabulosa suma desapareció de las cuentas bancarias en Rusia para dispersarse en una enmarañada red de cuentas en paraísos fiscales.

Magnitsky denunció a los funcionarios que tomaron parte en el esquema fraudulento. Las investigaciones posteriores promovidas por Hermitage y organismos de derechos humanos han permitido reconstruir el enriquecimiento súbito de quienes antes eran modestos oficiales de las fuerzas de seguridad o empleados estatales. Apartamentos de lujo en Moscú, Suiza y Dubai, numerosos viajes al exterior, empresas y cuentas off shore, y la posterior muerte de varios de los integrantes de la banda por suicidios, infartos oportunos o accidentes de tránsito, para no dejar rastros.

Magnitsky fue detenido el 24 de noviembre de 2008 por los mismos agentes que él había denunciado, acusado del mismo crimen que estaba destapando. Durante 11 meses el abogado denunció malos tratos físicos y psicológicos para obligarlo a cambiar sus testimonios, y su salud se empezó a debilitar, al punto de necesitar una operación que no se alcanzó a realizar, porque murió, según las autoridades de la cárcel, por un infarto, y según los organismos de derechos humanos, como consecuencia de los malos tratos y de una golpiza.

Irónicamente, un año y medio después de su muerte, el juicio contra Magnitsky se reabrió y todavía no se ha cerrado.

Ley Magnitsky

El caso desató una guerra entre Londres y Moscú, que luego se trasladó a Washington. Organizaciones de derechos humanos y ONGs rusas elaboraron una lista de 60 responsables de la muerte de Magnitsky, y se dirigieron al Congreso de Estados Unidos para que prohibiera la entrada de esas personas al país. Pero ley aprobada en diciembre pasado en Washington no se limita a las 60 personas de la “Lista Magnitsky”, sino que extiende la posibilidad de sanciones financieras y la prohibición de ingresar al país, a todos los funcionarios rusos culpables de “gruesas violaciones a los derechos humanos”.

Stephen Cohen, especialista en Rusia de la Universidad de Princeton, escribió un furioso artículo contra la ley en The Nation, de enero 16 de 2013.

Para Cohen, la Ley Magnitsky “contradice los valores estadunidenses y mina la seguridad nacional de Estados Unidos. Los funcionarios criminales y corruptos deben ser castigados, pero el lenguaje de la ley se burla de los principios fundamentales de la justicia estadunidense. Por ejemplo, la disposición de la ley de que los nombres de las personas incluidas en la lista pueden ser provistos por ONGs y por otros grupos interesados, en lugar de que se defina a través de un debido proceso”.

Para Cohen, esto “recuerda los tribunales populares de la era soviética, en los que la evidencia era considerada irrelevante”. El hecho de que la ley se dirija solo contra Rusia, “implícitamente exige una justicia selectiva en vez de universal”.

La suerte de los huérfanos

El gobierno ruso reaccionó con indignación ante la ley del Congreso estadounidense, y de manera veloz, la Duma y el Consejo de la Federación redactaron la Ley Dima Yakovlev, “sobre las medidas contra las personas que participan en violaciones de los derechos humanos fundamentales y de las libertades, los derechos y las libertades de los ciudadanos de la Federación Rusa”, que prohíbe la adopción de niños rusos por ciudadanos de Estados Unidos.

Coincidencia o no, la ley fue promulgada el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, que recuerda la trágica matanza de niños por Herodes.

La ley apela al orgullo ruso y al nacionalismo, usando el accidente de Dima Yakovlev como argumento, pero desató una amplia polémica en Rusia, y muchos funcionarios y miembros del partido oficial Rusia Unida se opusieron a ella.

El debate ha expuesto a la luz un tema doloroso, el de los niños huérfanos y el comercio internacional alrededor de las adopciones. The New York Times publicó en su edición del pasado 16 de enero que la UNICEF estima que hay por lo menos 740 mil niños que no están bajo custodia paterna en Rusia, de los cuales 105 mil viven en orfanatos.

El problema es que la cantidad de adopciones en Rusia es muy inferior a la cantidad de niños que buscan padres: en 2011 los rusos adoptaron 7 mil 416 niños, una caída de más de 2 mil 100 desde 2007, según cifras publicadas por Russia Today el pasado 11 de enero.

En los últimos 20 años más de 60 mil niños rusos han sido adoptados por padres estadunidenses y en la actualidad unos mil menores rusos son acogidos al año en Estados Unidos, el primer destino de adopción de niños rusos, quienes a su vez ocupan el tercer lugar en niños adoptados en Estados Unidos, tras China y Etiopía.

Tampoco es la primera vez que suceden accidentes o abusos con niños rusos adoptados en Estados Unidos. Según publicó The New York Times el 4 de enero de 2009, en 2005 dos niños rusos murieron después de serios abusos en manos de sus padres adoptivos en Carolina del Norte y Maryland. En Pennsylvania un hombre fue acusado de abusar sexualmente de su niña rusa adoptada y de colocar fotos pornográficas en Internet. Russia Today informó de otro caso reciente, cuando una madre mandó a su hijo adoptivo en un avión de regreso a Rusia con una carta sin destinatario concreto (“to whom it may concern”) que explicaba que ya no quería al niño porque era violento. Artemi, de siete años, volvió al orfanato.

Niños rehenes

La reacción de la sociedad rusa frente a las dos leyes ha sido ambigua. María Lipman, editora de la revista Pro et Contra, del Centro Carnegie de Moscú, dice a Apro que “la gente que recibió positivamente la Ley Magnitsky fue superior a la que se opone a ella”. Según un sondeo del centro Levada realizada del 18 al 21 de enero de este año, un 24% de los encuestados se manifestó a favor, 14% en contra, y la mitad no contestó nada. Para el 37% de los encuestados, la ley se dirige contra los corruptos, y para el 17% se dirige contra funcionarios que violan los derechos humanos.

“La sociedad ve esta ley como un castigo a los que se enriquecen ilegalmente. Es cierto que una parte de los ciudadanos no quiere a Estados Unidos, pero quiere menos a los ladrones”, señala Lipman, quien destaca la contradicción entre el alto grado de apoyo al presidente Vladimir Putin -alrededor del 60%- y la crítica a sus funcionarios.

En cuanto a la Ley Dima Yakovlev, la reacción ha sido la opuesta. “La mayoría de la población aprueba la prohibición de entregar en adopción a los niños rusos a Estados Unidos. No es sorprendente, porque la propaganda oficial se concentra en que no debemos vender a nuestros hijos, ya que las grandes naciones no dan sus hijos en adopción a extranjeros”, agrega Lipman.

Nada hacía suponer un enfriamiento tan rápido de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Hablar de Guerra Fría no corresponde, porque las circunstancias históricas han cambiado, pues ya no se trata de una relación entre competidores de igual peso en la arena mundial, pero “hay que constatar que las relaciones empeoran y no van a mejorar en lo inmediato”.

El analista Fiodor Lukianov escribió el pasado 31 de diciembre en Global Affairs que la Ley Dima Yakovlev “obedece al deseo del Kremlin de poner fin de una vez y para siempre al uso por parte de los Estados Unidos de los asuntos internos rusos en el plano internacional”.

Según Lukianov, para Putin, “el principio de soberanía de un Estado no se puede poner en duda”, ya que esto puede “llevar a desestabilizar el sistema”.

El temor ruso es que otros países europeos adopten leyes similares a la Ley Magnitsky. Para Serguei Guriev, rector de la Nueva Escuela de Economía de Moscú, la ley del Congreso estadounidense no va a tener un impacto importante en los negocios, no así la Ley Dima Yakovlev, que si bien no los afectará directamente, “empeorará la imagen de Rusia en el exterior, especialmente en Estados Unidos.

Mientras que casi ningún estadounidense ha oído hablar de Serguei Magnitsky, a muchos les interesa la posibilidad de adoptar niños extranjeros. En este sentido, la ley golpea al ciudadano promedio que luego se queja con sus representantes en el Congreso, lo cual hará más difícil hacer negocios con Rusia para las compañías de ese país.”
Aunque está lejos de ser la Guerra Fría, “es un hecho muy desafortunado”, opina.

En esta nueva confrontación entre los dos países, los “derechos humanos” y la “protección de la infancia” parecen misiles políticos utilizados al servicio de disputas internacionales y peleas comerciales.

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