Europa: nueva ley contra el lavado de dinero

Una de las protestas del Movimiento por la Paz en contra del lavado de dinero. Foto: Alejandro Saldívar
Una de las protestas del Movimiento por la Paz en contra del lavado de dinero.
Foto: Alejandro Saldívar

BRUSELAS (apro).- El pasado 5 de febrero la Comisión Europea presentó una propuesta para endurecer las sanciones contra el lavado de dinero y así blindar su sistema financiero de la amenaza que representan las mafias del crimen organizado, ente ellos los cárteles mexicanos del narcotráfico.

Dos nuevos sectores atraen la atención de las autoridades: el negocio de los casinos y los juegos de azar y el comercio de artículos de lujo.

En la Unión Europea (UE) existe preocupación por la creciente penetración del narcotráfico mexicano en la región. En su informe Evaluación de riesgos del crimen organizado en la UE, publicado en abril de 2011, la Agencia de Policía Europea (Europol), reportó “un notable incremento del tráfico de cocaína hacia la zona suroeste de Europa” (España y Portugal).

Esa misma inquietud a nivel regional expresa el Análisis estratégico del mercado de drogas de la UE que presentaron el pasado 31 de enero la Europol y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. El 10 de diciembre del año pasado el Consejo de Ministros de la UE (los 27 gobiernos de la Unión) autorizó a la Europol iniciar negociaciones para un acuerdo de cooperación antidrogas con México.

La comisaria de Asuntos de Interior, la sueca Cecilia Malsmtröm, advirtió que las nuevas disposiciones pretenden acabar principalmente con el dinero sucio que las organizaciones que trafican con sustancias ilícitas y armas logran inyectar a la economía europea.

En un caso reciente, el asesinato del activista ruso anticorrupción Sergei Magnitsky reveló importantes operaciones de lavado de dinero. Los autores del crimen de Magnitsky –quien fue encontrado sin vida el 16 de noviembre de 2009 en su célula de una prisión en Moscú—lavaron sumas millonarias en Austria, Chipre, Estonia, Finlandia, Letonia y Lituania.

Además, el año pasado, dos bancos británicos estuvieron implicados en escandalosos casos de lavado de dinero destapados en Estados Unidos. En agosto el Standard Chartered Bank fue denunciado por haber ocultado 201 mil millones de euros de transacciones ilegales iraníes, mientras que en diciembre se impuso al banco HSBC una multa de mil 400 millones de euros por haber lavado dinero de cárteles de Colombia y México.

Así, la Comisión Europea propone multar con 5 millones de euros a los empleados bancarios que violen las reglas contra el blanqueo de capitales. En el caso de los bancos como tales, dicha sanción sería equivalente a 10% de sus ingresos. En un boletín de prensa, la institución recordó que dicha práctica criminal alcanza un monto global de 1.2 trillones de euros anuales, lo que representa “un alto riesgo para la estabilidad del sistema financiero”.

El banco que no respete la legislación podría también perder su licencia de funcionamiento y sus ejecutivos tendrían prohibido ocupar cargos en consejos de dirección. Hay más: todas las empresas deberán contar con información fiable sobre la identidad de su último propietario y están obligadas a entregarla en caso de ser solicitada por las autoridades.

Endurecimiento

La nueva ley que propone la Comisión Europea –y que deberá ser aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo en un largo proceso– contiene dos novedades respecto a la vigente, que data del 26 de octubre de 2005.
Por un lado, el umbral de los pagos en líquido en el comercio “de artículos de alto valor”, señala la proposición, se reducirá de 15 mil a 7 mil 500 euros. “Después de recibir información de los Estados miembros de que este margen relativamente alto estaba siendo explotado por los criminales se propuso bajarlo a siete mil 500 euros”, señala el documento al cual la agencia Apro tuvo acceso.

Por otro lado, entran en la regulación contra el lavado de dinero “los proveedores de servicios de apuestas”. Los casinos, casas de juego e incluso los sitios de apuestas por internet deberán registrar las transacciones superiores a dos mil euros.

Así mismo, el texto urge a los Estados miembros de la UE a crear “Unidades de Inteligencia Financiera” que puedan intercambiar información de manera espontánea o a solicitud de otro Estado socio para seguir la pista de una transacción transfronteriza sospechosa.

El documento legislativo de la Comisión Europea reconoce que “ciertas situaciones representan un mayor riesgo de lavado de dinero o de financiamiento terrorista”.

Explica: “A pesar de que la identidad y el perfil empresarial de los clientes debe ser establecida, hay casos donde es particularmente requerida una rigurosa evaluación de los procedimientos de identificación de un cliente.” Lo anterior, prosigue, “es especialmente cierto en las relaciones de negocios con individuos que detentan o detentaron importantes posiciones públicas, particularmente aquellos de países donde la corrupción está ampliamente extendida. Lo anterior podría exponer al sistema financiero en significativo riesgo legal y de pérdida de reputación”.

A este respecto, el pasado 5 de diciembre se presentó en el Parlamento Europeo un estudio realizado por el Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO, por sus siglas en neerlandés), con sede en Ámsterdam. Ese estudio señala que los tratados de libre comercio recién negociados por la UE con Colombia y Perú no incluyen regulaciones específicas para combatir la delincuencia financiera.

La autora de la investigación, Myriam Vander Stichele, expuso: “Perú y Colombia son dos de los principales productores mundiales de cocaína; no se entiende que no se hayan integrado disposiciones contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.”

El reporte, cuya copia obtuvo Apro, plantea que el Tratado de Libre Comercio con ambos países latinoamericanos “se implementará en un contexto en el cual incluso las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional indican que existen importantes montos de lavado de dinero y otros flujos financieros relacionados con el narcotráfico entre los países signatarios”.

De acuerdo con el artículo 155 de ese acuerdo comercial, las partes firmantes sólo se comprometen a implementar “las mejores prácticas” de los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Ley insuficiente

La propuesta de la Comisión Europea ha sido cuestionada. La eurodiputada italiana Sofia Alfano, presidenta del Comité sobre Crimen Organizado, declaró el 5 de febrero al sitio EuObserver que “la oportunidad para identificar y combatir eficazmente el lavado de dinero y la evasión fiscal se ha perdido”.

En la proposición se establece que una persona propietaria de menos de 25% de una compañía no necesita ser declarada. Tampoco se actúa contra las “acciones al portador” (bearer shares). Sólo se menciona que representan un riesgo. A diferencia de las acciones tradicionales (las nominativas), cuyo titular está inscrito en el registro de socios de la empresa, aquellas al portador se pueden transferir libremente, sin trámite, y su sola portación acredita la participación en la propiedad de una compañía.

El lavado de dinero a través de esos títulos es difícilmente detectado. El problema es mayor porque Reino Unido, el principal centro financiero europeo, es uno de los pocos países del orbe que aún permite su utilización, a pesar de que el Banco Mundial le ha solicitado que sean abolidos.

Hay más: los criminales aprovechan países con jurisdicciones laxas como las de Luxemburgo, Reino Unido o Chipre para crear empresas pantalla con prestanombres o “propietarios beneficiarios” designados, quienes, a su vez, crean otras empresas pantalla en otros países, logrando que los nombres de los verdaderos depositarios del capital no sean descubiertos.

La oficina en Bruselas de la organización Transparencia Internacional también fijó su posición. Manifestó en un boletín que la directiva que propone la Comisión Europea “podría haber sido más ambiciosa en garantizar que los actos de corrupción no puedan ser practicados en el sistema financiero de la UE para esconder ganancias mal habidas”.

La directora de la oficina ante la UE de Transparencia Internacional, Jana Mittermeier, acusó que “los requerimientos para obtener información de los propietarios beneficiarios se quedan cortos” de lo que han pedido su organización y otras instituciones especializadas. “Centralizar los registros nacionales de información sobre los propietarios beneficiarios hubiera facilitado a los bancos y otras instituciones la identificación de los últimos propietarios de las compañías, de sus fiduciarios y de dónde viene el dinero”.

Agregó: “Las regulaciones contra el lavado de dinero han existido desde hace muchos años. Sin embargo, sólo en los últimos 12 meses una serie de escándalos de lavado de dinero han golpeado a los más grandes bancos del mundo. La UE tiene que asegurarse que cualquier nueva legislación contra el lavado de dinero es correcta y estrictamente implementada.”

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