SRE: discriminación por edad

José Antonio Meade, titular de la SRE. Foto: Miguel Dimayuga
José Antonio Meade, titular de la SRE.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 18 de julio el embajador mexicano Sergio Romero Cuevas cumplió 65 años. Ese día la Secretaría de Relaciones Exteriores le dio un regalo amargo: lo jubiló. Y el argumento fue justamente ese: haber cumplido 65 años.

Experto en temas de seguridad y de América Latina y el Caribe, el embajador Romero considera su jubilación no solicitada como “un acto inconstitucional y violatorio de los derechos humanos”.

El artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior de México establece: “La designación de embajadores y cónsules generales la hará el presidente de la República, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular”.

Esto se contradice con el artículo 53BIS, donde se explica que son causas de baja del Servicio Exterior la jubilación, y el artículo 55, que explica que causarán baja por jubilación los miembros de carrera del Servicio Exterior que cumplan 65 años de edad.

El reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) también dice: “Con objeto de que disfruten en tiempo las vacaciones, licencia pre jubilatoria y otras prestaciones a que tengan derecho, la Secretaría (de Relaciones Exteriores) notificará con nueve meses de anticipación a los miembros del Servicio Exterior cuya causa de retiro sea la jubilación por cumplir 65 años de edad, la fecha a partir de la cual la baja tendrá lugar”.

Sin embargo, entre los embajadores y cónsules generales nombrados por el presidente de la República que no son miembros del Servicio Exterior Mexicano, hay siete que rebasan la edad: Héctor Federico Ling Altamirano, embajador ante la Santa Sede (73 años); Gabriel Jiménez Remus, embajador en Cuba (72 años); Fernando Estrada Sámano, embajador en Paraguay (71 años); Armando Ortiz Rocha, cónsul general en San Antonio, Texas (67 años); Miguel Escobar Valdez, cónsul en Yuma, Arizona (70 años); Luis Malpica y de la Madrid, cónsul general en Houston, Texas (73 años), y Cassio Luiselli, embajador en Uruguay (67 años).

“Nosotros tenemos una ‘etiqueta’ de caducidad, pues nos obligan a jubilarnos el día de nuestro cumpleaños”, mientras que las designaciones políticas no la tienen, dice el embajador Romero.

“Nosotros nos vamos a nuestra casa en pleno uso de nuestras facultades, mientras otros, mayores que nosotros, hacen nuestro trabajo. Eso es discriminación pura y simple”, argumenta.

Como se ha mencionado en algunos medios de comunicación, el hoy subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Carlos Alberto De Icaza González, que el próximo 15 de febrero cumplirá 65 años, debía estar, como miembro del Servicio Exterior, disfrutando de su licencia prejubilatoria.

“Para algunos, la ley se aplica a rajatabla, y para otros no”, advierte Romero.

El embajador recuerda que existe un proyecto de reforma de la LSEM, aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores –a la espera de ser aprobada por parte del pleno de la Cámara de Diputados y después del Senado de la República–, que entre otras cosas determina que los embajadores se jubilen a los 70 años.

Además, con esta nueva reforma de la Ley del Servicio Exterior, sus miembros mejorarían la capacitación, se incrementarían las embajadas en otras áreas del mundo (apenas tenemos 73, mientras Cuba, tiene 120 embajadas) y se crearían más plazas para el SEM (hoy las mismas que en 1978), con lo que México estaría mejor representado en el exterior y contaría con un servicio más profesional.

“Panificación”

De acuerdo con el embajador, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón hubo un intento de “panificación” de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del propio Servicio Exterior.

El exsecretario Luis Ernesto Derbez, por ejemplo, impulsó que se aplicara el artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que excluía al SEM, pero no a la SRE. En virtud de ello, los miembros del SEM debían estar en el exterior y los designados por el gobierno en turno en la Secretaría.

Un grupo de miembros del SEM cabildeó y logró que el Poder Legislativo cambiara dicho artículo y también que la SRE quedara fuera del ámbito de aplicación del artículo 8 dicha ley.

Según Romero, él fue objeto de un procedimiento disciplinario por parte de la SRE por el que, a partir de agosto de 2008, fue suspendido del servicio durante tres meses sin goce de sueldo. La causa: supuestas irregularidades acontecidas entre julio y diciembre de 1997, cuando fue embajador en Nicaragua.

Impugnó la sanción ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ganó en dos instancias de ley con sentencias que no dejaron lugar a dudas su inocencia: el tribunal unitario decretó nulidad lisa y llana de la sanción, y el tribunal colegiado dictó improcedencia de la solicitud de revisión de la sentencia presentada por la SRE. Fue un proceso increíblemente largo: duro ocho años.

En el año 2002, la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al gobierno mexicano que le prestara al embajador Romero para servir en Haití como el representante especial del secretario general del organismo. En esas fechas el país caribeño enfrentaba una de sus recurrentes crisis políticas.

Romero ejerció dicha representación durante poco más de un año. Renunció al descubrir que las negociaciones para terminar con la crisis política eran un telón de fondo para provocar una intervención militar de Estados Unidos y la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide, lo cual ocurrió en febrero de 2004.

En 2011, el secretario general de la OEA, José Miguel Inzulsa, solicitó a la entonces secretaria Patricia Espinosa que prestara nuevamente a Romero Cuevas para ser el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, en los comicios generales que se celebrarían en Haití en ese año, y posteriormente para que fuera el embajador de la OEA en Haití.

Sin embargo, la secretaria Espinosa se negó. Afirmó que el embajador “no tenía el perfil apropiado para ser el jefe de la misión de observación electoral”, y después que Romero Cuevas no estaba disponible.

“Esto pone en evidencia un hecho: en la SRE queda una mancha, aunque se demuestre la inocencia a través de los tribunales federales y aun cuando éstos hayan ordenado que se borre toda mención del caso en el expediente del afectado”, sostiene el embajador Romero.

“Al enterarme de la negativa de Espinosa Cantellano a prestarme a la OEA, le escribí para señalarle textualmente que en la Secretaría, aunque se gane, se pierde”.

Explica que Espinosa nunca se dignó a responder los varios escritos que le hizo llegar, aunque la Constitución señala una obligación de parte de los funcionarios a este respecto.

Resume: “Por el tiempo que ilegalmente hicieron durar mi caso, por el que perdí ocho años de mi vida y de desarrollo profesional, y porque siento que me jubilan cuando estoy en perfectas condiciones físicas y mentales para seguir aportando a México lo que he acumulado en 45 años en el servicio exterior, es que he solicitado el amparo a la justicia federal en contra de la jubilación”.

En 2012 el embajador presentó informalmente el caso de discriminación por edad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Quedaron muy atentos e interesados por el caso, pero no me volvieron a llamar. Les escribí y nunca más contestaron”, dice.

Esto contrasta con lo que acontece en otros países, como Canadá, cuya Comisión de Derechos Humanos logró en diciembre de 2011 que se eliminara la discriminación por edad.

En su demanda de amparo, el embajador Romero ganó en una primera instancia. Sin embargo, asegura que “el magistrado no entró al fondo de la demanda y se quedó en la forma: no trató el tema de la discriminación”.

Necesitado como estaba de realizar un viaje al exterior, solicitó su pasaporte diplomático y le dieron uno en noviembre pasado que dice: “Sergio Joaquín Romero Cuevas, Embajador de México Jubilado”.

El embajador espera que en la presente administración haya una clara determinación de llevar a cabo una política exterior de Estado, en la que se privilegien los intereses de México.

Considera que el país transitó la Guerra Fría casi como un país no-alineado, con el respeto de los dos polos, pero con los gobiernos panistas la brújula solamente apuntó hacia el norte, mientras que hacia América Latina y el Caribe hubo solamente discursos.

Piensa que, en el contexto de una nueva política exterior, México necesita más embajadas, mejores funcionarios y diplomáticos que han acumulado experiencia. Son éstos últimos a los que ahora se quiere jubilar.

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