Un caso embarazoso

Aun cuando ya fue detenido el presunto padre de la bebé de la niña de nueve años cuyo parto fue atendido el pasado 27 de enero en el Hospital Regional de Occidente, el caso desnudó la doble moral del gobierno panista de Emilio González Márquez. Consultadas sobre este singular caso, defensoras de derechos humanos exponen la paradoja: mientras la mayoría de las niñas embarazadas tienen entre 10 y 14 años y el fenómeno tiende a crecer, las leyes y políticas públicas para atender esos casos simplemente no existen.

Exhibida en medios locales, nacionales e internacionales, “victimizada” doblemente y mostrada como un caso clínico que preocupa al sector oficial pero sólo con fines de control natal, una menor de nueve años dio a luz a una bebé de 2 kilos 700 gramos y de 50 centímetros

El parto de la menor de Ixtlahuacán de los Membrillos ocurrido el pasado 27 de enero en el Hospital Regional de Occidente (HRO), en Zoquipan, desnudó a las autoridades que abusan de las garantías individuales de los infantes en Jalisco.

El secretario de Salud estatal, Antonio Muñoz, se apresuró a decir que en realidad se trata de una adolescente de 14 años, toda vez que no hay registro del nacimiento de la madre.

Por tratarse de una menor, el caso desató una polémica entre organismos defensores de los derechos de los infantes, en particular porque, amparadas en lagunas legales, las autoridades dan tratamiento ginecológico a niñas o adolescentes embarazadas como si se tratara de mujeres adultas.

Los embarazos de menores han aumentado en los dos últimos años. En 2011, por ejemplo, de los 465 partos registrados en el Hospital Civil Juan I. Menchaca, 37% fueron de mujeres de entre 10 y 14 años; al año siguiente se elevaron a 42%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) retomados por la Red por los Derechos de la Infancia en México.

En el caso de la “niña madre”, los médicos del HRO que la atendieron  le practicaron cesárea para facilitar el parto y le implantaron un dispositivo subdérmico (anticonceptivo) “para evitar nuevos embarazos”, según el director del nosocomio, Enrique Rábago Solorio. Todo se hizo con pleno consentimiento de la familia, dijo el facultativo.

No obstante Gloria Aboite Alejandre, la mamá la “niña madre” rechazó la versión y presentó una demanda en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) porque, dijo, a su hija le habían implantado un dispositivo intrauterino sin su consentimiento.

La comisión inició las indagatorias para saber, también, qué motivó a la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ) a dejar que la menor regresara a su hogar –sin considerar que en su núcleo familiar haya sido violada–, en lugar de brindarle protección y enviarla a un albergue, sobre todo porque se presume que el violador es Abundio García Guadalupe, de 44 años y padrastro de la menor, quien fue detenido el miércoles 13.

El procurador Tomás Coronado Olmos asegura que cuando se terminen las indagatorias se sabrá  qué tipo de sanción se aplicará a García, aunque adelantó que puede ser de hasta 20 años de cárcel.

Daño irreversible

 

Para Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México, la menor fue expuesta a una doble “victimización”, pues su embarazo “sólo pudo ser el producto de una violación”; de hecho, dice, la PGJ abrió una línea de investigación en esa dirección.

Danielle Strickland, directora del Colectivo Pro Derechos de la Niñez en Jalisco (Codeni), indica que aun cuando el implante del dispositivo en la menor es para evitar un nuevo embarazo, se pierde de vista el problema de fondo: la concepción de menores se da a edad cada vez más temprana.

En 2011, relata, cuatro niñas de 10 años se convirtieron en madres sin tanto sobresalto. Pero ahora que una menor de 10 años parió se desató el escándalo. Eso es lo grave.

Al hablar de la niña de Ixtlahuacán de los Membrillos y de su presunto violador, Strickland se pregunta con qué propósito le pusieron el dispositivo los médicos que la atendieron. Si se busca el “interés superior” de la niña, ¿qué logramos con ese implante? Eso equivale a decirle a su violador: si continúas abusando de ella por lo menos ya no la vas a embarazar.

Strickland insiste que el embarazo de la menor no es un caso aislado. Dice que en 2011 fueron 11 mil 512 las niñas que tuvieron al menos un hijo en el país; de ellas 465 eran de Jalisco y sus edades oscilaban entre los 10 y los 14 años.

Hoy, dice nueve de cada 10 niñas de entre 15 y 17 años que conciben dejan de asistir a la escuela por discriminación; se les niega el derecho a la educación por el hecho de ser madres. Lo mismo sucede con la menor de Ixtlahuacán, según testimonios de sus vecinos.

La responsable de Codeni coincide con Ramos Ponce sobre la doble victimización de la pequeña madre. Acepta también que desconoce los programas de Salud para menores embarazadas y sobre el dispositivo intrauterino que le colocaron, señala:

“¿Tú que crees que el doctor se sentó con la mamá? No lo sabemos. La señora no sabe leer ni escribir y aun así le explicaron que proponían (hacer con su hija)”.

La directora de Codeni cuenta el caso de una menor de seis años de origen huichol, que fue violada por su tío. Una hermana de ella fue la que denunció los hechos a sus padres, quienes, lejos de protegerla, la victimizaron todavía más.

“Esa niña siempre quiere causar problemas, ese tío ayuda mucho con los gastos de la casa. No sé por qué quiere generar más problemas a nosotros, tantos problemas que ya tenemos”, fue la respuesta de la madre.

Strickland cita también estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), según los cuales en las comunidades indígenas del país más de 80% de las menores de 15 años ha sufrido algún tipo de abuso sexual.

“Eso es completamente aceptable. Las mamás suelen decir: ‘llegaste a esa edad y te toca’. El sexo nunca es placentero y eso de ser mujer es parte de tu responsabilidad para complacer a los hombres”, agrega.

Nacida en Estados Unidos, Strickland admite que algunos de sus “paisanos” vienen a México con la finalidad de abusar sexualmente de niños. “Ya saben que con menos de 20 dólares le pagan a la policía y hacen lo suyo”. El día en que informó del parto de la menor de nueve años, Codeni hizo un pronunciamiento para que se reconozcan los vacíos institucionales que existen en la prevención del embarazo de adolescentes para que familiares y autoridades actúen en consecuencia. No hubo ninguna respuesta.

Por su parte, el 31 de enero el ómbudsman estatal inició su propia indagatoria (expediente 1095/2013), que está radicada en la segunda visitaduría. El propósito es determinar si la procuraduría estatal violó los derechos humanos de la pequeña al ordenar que regresara a su casa y filtrar información sobre el caso a los medios de comunicación.

También investiga el tipo de responsabilidad en el que pudo incurrir el personal médico que la atendió al implantarle un dispositivo para evitar nuevos embarazos. El Ministerio Público que tuvo conocimiento del hecho envió a la menor “para su custodia” a la misma casa familiar donde presumiblemente fue violada.

La CEDHJ emitió medidas cautelares y advirtió que algunos elementos hacen pensar que en el entorno familiar los derechos de la menor no van a estar garantizados.

La visitaduría aclara que medidas cautelares dictadas por la comisión también corren hacia la Secretaría de Salud y al hospital que atendió a la “niña madre” para garantizar el derecho a la salud física y emocional y que se diera seguimiento a la atención médica para la niña mamá y para su hija. Acusa que la tercera parte de las medidas cautelares dictadas tienen que ver con la filtración e información proporcionada por las autoridades a los medios informativos que propician que se hagan públicos datos personalísimos y confidenciales, que atentan contra el derecho de la intimidad, la privacidad y seguridad de la niña y de la recién nacida.

Testimonios confusos

 

En Ixtlahuacán de los Membrillos algunos de los datos ofrecidos por la familia no concuerdan con los testimonios de vecinos conocidos. Algunos afirman que se dieron cuenta del embarazo “hasta el séptimo mes”; otros, que la niña siempre estaba encerrada y cuando salía a la calle siempre iba acompañada de otra persona; además, dicen, no asistía a la escuela.

Otro enigma es la edad de la menor. Y aun cuando fue registrada el 17 de noviembre de 2011, su acta indica que nació en 2004. Sin embargo, varios aseguran que en realidad la niña tiene entre 12 y 14 años.

Los familiares, por su parte, declararon ante el Ministerio Público que la pequeña logró mantener oculto su embarazo hasta los siete meses gracias a su complexión robusta. La situación se complica porque la afectada es hija de una familia disfuncional, pues sus padres están separados y tiene 11 hermanos.

La CEDHJ investiga una supuesta denuncia presentada en el DIF de Ixtlahuacán de los Membrillos, según la cual esa dependencia tenía informes acerca del abuso sexual que se cometía contra la menor.

Al principio se dijo que el presunto padre del recién nacido es un joven de 17 años que se encuentra prófugo, relató Jorge Villaseñor Martínez, coordinador de delegaciones Regionales de la PGJ. Sin embargo, los vecinos aseguran que el padre es Abundio García Guadalupe, quien, dicen, abusó de la menor con el consentimiento de la señora Aboite Alejandre.

Los medios de comunicación locales han publicado testimonios de vecinos que afirman que la menor y su padrastro solían bañarse juntos. Cuando ella no quería hacerlo, su mamá la obligaba, relató a una televisora local una mujer se identificó sólo como excuñada de la pequeña.

La PGJ ya pidió la colaboración de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para saber cuál era la relación de la menor con su madre y su padrastro.

La procuraduría solicitó la aplicación de pruebas de ADN para identificar plenamente al progenitor de la recién nacida. “Todos los peritajes que sean necesarios para el esclarecimiento de este asunto se tendrán que llevar a cabo. El Ministerio Público me informó que están solicitando diferentes estudios, el psicológico y el del entorno social”, aseguró el procurador Tomás Coronado.

Según el secretario de Salud, Antonio Muñoz Serrano, la menor admitió que el entorno en que vive es “sumamente violento” y que el implante del dispositivo se llevó a cabo con pleno consentimiento de la progenitora de la niña.

El jueves 7, el funcionario declaró a una radiodifusora local: “Quiero comentarles a nivel extraoficial que otra hija (de Gloria Aboite), vive con otro menor y tiene un implante subdérmico. Eso lo sabemos por las investigaciones que se llevan a cabo”.

Además, fue la madre quien solicitó el implante, “tengo el consentimiento firmado, dice; incluso estuvieron presenten la psicólog­a, una endocrinólog­a, una ginecóloga”. Finalmente, se le puede retirar “en cuanto se garantice que ella se encuentra en un lugar seguro”, aclara Muñoz Serrano.

Sin embargo, Guadalupe Ramos Ponce insiste: las autoridades estatales violaron los derechos humanos de la pequeña y arremete contra la CEDHJ porque, dice, está actuando con tibieza.

Considera que el caso de la menor de Ixtlahuacán de los Membrillos es “singular colofón” para Emilio González, cuya gestión culmina el jueves 28. Lo paradójico es que aun cuando el mandatario panista impuso una visión clerical al tema de la reproducción humana y una política pública contradictoria sobre control de la natalidad, en el caso de la menor de nueve años simplemente se le implantó un dispositivo anticonceptivo, comenta Ramos Ponce.

Recuerda también que el gobierno de González Márquez desaprovechó el dinero público etiquetado para campañas preventivas de embarazos, e incluso presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la distribución de la “píldora del día siguiente”. Al final, en mayo de 2010, el fallo le fue adverso (Proceso Jalisco 293).

Leobardo Alcalá Padilla, exdirector de los hospitales civiles y diputado federal por el PRI, lamenta que 60% de los embarazos de adolescentes termine en abortos. Dice que la tasa nacional de embarazos de mujeres de 12 a 19 años es de 79 por cada mil, por lo que se pronunció por diseñar nuevos programas nacionales de control y aplicarlo sobre todo en ese sector.

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