Argentina: Precariedad laboral, deuda pendiente

El Día de Trabajo en Argentina. Foto: AP
El Día de Trabajo en Argentina.
Foto: AP

BUENOS AIRES (apro).- Daniel González es albañil. Lleva más de 30 años en el oficio. Desde hace dos meses forma parte de una cuadrilla de obreros que construye un edificio en San Martín, un suburbio populoso de Buenos Aires. Daniel González no tiene cobertura de salud ni aportes previsionales. Para él no existen los días por enfermedad ni las vacaciones pagadas.

“Si llueve varios días y se para la obra, no cobro, así de fácil”, dice a Apro. “Me rebusco con trabajos de herrería que me piden, porque soy herrero. También hago arreglos de plomería.”

Daniel trabaja “en negro”: engrosa el sector informal de la economía. En esta situación se encuentra uno de cada tres ocupados en Argentina. Así lo indica un informe del Ministerio de Trabajo, publicado a fines de enero, con datos actualizados a junio de 2012. La medición se realizó en 31 aglomerados urbanos de mayor representación.

La Población Económicamente Activa (PEA) abarca a 17 millones de los 40 millones de habitantes de Argentina. 15 millones 913 mil 400 personas –93,1% de la PEA – están ocupadas. Dos tercios de ese total, 10 millones 553 mil 566 personas (66,3%), realizan aportaciones al sistema fiscal y de seguridad social. El tercio restante, 5 millones 60 mil personas (33.6%) trabaja “en negro”.

Al gobierno le gusta confrontar sus logros con la herencia que recibió de los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003). La precarización laboral impuesta durante estos mandatos de corte neoliberal llevó el índice de desempleo al 21,5% (mayo de 2002) y el de pobreza al 57,5% (octubre 2002). La informalidad laboral registró su pico histórico (49,1%) en el tercer trimestre de 2003.

En diciembre de ese mismo año asumió la presidencia Néstor Kirchner. Con él se inició el “modelo” que desde 2007 continúa su mujer, Cristina Fernández, al frente del Poder Ejecutivo. El kirchnerismo redujo la informalidad laboral un 15%. También el resto de los indicadores mencionados mejoró de manera rasante. Pero la mejora inicial se ha vuelto pedregosa. Los trabajadores no registrados pasaron del 40,4% al 36,5% en 2008. El índice en 2009 fue de 36,2%. En 2010, 36,5%; en 2011, de 34,5%. Y en 2012, del 33,6%.

La recuperación pierde todavía más lustre dentro de una perspectiva histórica de mediano plazo. La informalidad laboral actual se rebela como deuda pendiente si se le compara con los porcentajes en torno al 20% en la década de los ochenta y comienzos de los noventa.

Desglose

De acuerdo con el informe del Ministerio de Trabajo, la informalidad laboral llega al 90% entre los servicios de plomeros, electricistas o “gasistas” (dedicados a la instalación y reparación de aparatos e instalaciones de gas doméstico) en casas particulares. El 82% del 1.2 millón de empleadas de servicio doméstico carece de registro en el sistema de seguridad social. En el sector textil, el índice abarca al 72% de los operarios. Los talleres clandestinos trabajan tanto para las grandes marcas como para enormes ferias populares del Gran Buenos Aires. El 65% de los peones de campo no está registrado. En el sector de la construcción la cifra alcanza al 63%. En hotelería y gastronomía (47%) hay una intensa rotación de personal. La informalidad afecta también a muchos cuentapropistas y profesionales independientes.

Muchos empresarios vinculados a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) sostienen que el costo de la “formalidad laboral” es difícil de afrontar. Las obligaciones legales que derivan de inscribir a un empleado incrementan en 50% el monto del sueldo bruto. Muchos trabajadores jóvenes prefieren llevarse algunos pesos más al bolsillo y resignar el acceso a un sistema de salud que no difiere mucho del que ofrece la salud pública. Desconfían de un sistema de jubilaciones que si bien ha mejorado, dista de cubrir los gastos mínimos de los beneficiarios.

“No pienso en este momento en la jubilación. Tampoco voy a hacer esto toda la vida”, dice a Apro Javier Torres, quien trabaja en una distribuidora de artículos eléctricos en Buenos Aires. El joven, de 31 años, cobra cada viernes una comisión por lo vendido y entregado durante la semana. Vive con su pareja. No tiene hijos.

Contradicción

El sostenido descenso de la desocupación es otro logro del gobierno. La tasa alcanzó el 6.9% en el cuarto trimestre de 2012. La comparación con los gobiernos precedentes es favorable. El índice alcanzó picos del 18% en 1995 y 21,5% en 2002. Las calles de Buenos Aires guardan aún el recuerdo de esos años de recesión profunda. Aquí y allá se veían interminables colas de postulantes, al rayo del sol, bajo la lluvia, para cubrir un solo puesto de operario u oficinista.

El índice impresiona menos si se le compara con el de la década de los setenta (del 3% al 5%) y la del ochenta (del 4 al 8%), con niveles de trabajo informal del orden del 20%. La suma entre desocupados e informales muestra que la precariedad laboral afecta hoy al 41% de la PEA.

“El balance de la última década (2002-2011) incluye para los trabajadores la contradicción de la expansión del empleo a tasas no conocidas en la historia económica de la Argentina, pero con salarios bajos y precariedad laboral, que en contrapartida significó asegurar grandes ganancias derivadas de la reactivación de la economía Argentina.”, analizó Julio C. Gambina, doctor en ciencias sociales y catedrático universitario, en un artículo publicado en mayo de 2012 por el periódico de la central sindical CTA.

Dos sectores que ejemplifican lo dicho son el de la construcción y el del campo. Durante los gobiernos kirchneristas convive en ambos el desarrollo récord con un altísimo nivel de informalidad.

De los 10.5 millones de ocupados registrados, unos 3 millones se desempeñan en el sector público. El resto de los empleados registrados –unos 7.5 millones – lo hacen en el sector privado. Este último ámbito concentra, además, a 5.3 millones de trabajadores informales. Sobre un total de 12.8 millones de trabajadores, la informalidad en el sector privado supera el 41.5%.

De acuerdo con la información oficial, la peor situación laboral se observa en el norte del país. En el noroeste asciende al 40.9% y en el noreste al 40.1%. La ciudad de Buenos Aires, por el contrario, tiene un nivel de trabajo no registrado del 22.7%.

El detalle sobre el empleo informal que usó el Ministerio de Trabajo para su informe surge de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los datos provenientes de este organismo son cuestionados por la mayor parte de la sociedad argentina. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Legarde, censuró al gobierno argentino el pasado 15 de enero debido a la “confiabilidad de sus datos”.

En el plano doméstico, el gobierno puede estar tranquilo. El FMI, que impulsó las políticas que llevaron a Argentina a la bancarrota, goza entre la ciudadanía de un descrédito mayor que el del Indec.

Tercerización

Las diferentes dependencias públicas ocupan a unos 3 millones de empleados. El Estado se vale, sin embargo, de diversos mecanismos de contratación para evitar pagar los aportes previsionales. La “tercerización” sume a miles de trabajadores en la inseguridad laboral.

El propio Ministerio de Trabajo, autor del informe, sirve de ejemplo. Sólo mil 300 de sus 4 mil 45 empleados son parte de la planta permanente, mientras que 2 mil 703 –es decir, el 65%- están contratados como transitorios y estacionales, según datos de fines de 2012. “El 85% debería estar en planta permanente y no más de un 15% con contratos temporales. Así lo establece la ley, pero en el ministerio no se cumple y no garantizan la estabilidad laboral”, sostuvo Ariel Arana, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, en una nota publicada por La Nación el pasado 21 de enero.

“La tercerización creció exponencialmente en nuestro país y en el mundo durante la crisis internacional de los setenta; y es uno de los modos de ofensiva del capital al ciclo declinante de la ganancia que ocurría como consecuencia de la capacidad de los trabajadores para disputar salarios y mejores condiciones de trabajo y de vida”, escribió en julio pasado la doctora en ciencias sociales y docente universitaria de posgrado Paula Abal Medina en un artículo publicado por Miradas al Sur.

“En Argentina, la tercerización nace con terrorismo de Estado y se consolida durante los noventa, con las privatizaciones y en general las denominadas reformas estructurales.”, sostuvo.

El asesinato de Mariano Ferreyra grafica esta última parábola. El estudiante de 23 años, militante del Partido Obrero, participó el 20 de octubre de 2010 de una manifestación para pedir la incorporación a planta permanente de los trabajadores del ferrocarril “tercerizados”. Fue asesinado por un grupo de choque que respondía a la Unión Ferroviaria. Como autor intelectual del homicidio se juzga a José Pedraza, dirigente histórico de dicho sindicato. Tras la privatización de los ferrocarriles en 1991, y el despido masivo de trabajadores, se crearon empresas y cooperativas “destinadas a tercerizar actividades habituales con el objetivo de disminuir costos y fragmentar a los trabajadores”, escribe Paula Abal Medina en el artículo citado. De ellas se hicieron cargo “dirigentes sindicales dedicados a lucrar en forma directa con la tercerización precarizadora de los trabajadores que deberían defender.” Pedraza, otrora un líder combativo, se amoldó con beneficios al sistema.

El fenómeno de la tercerización se repite en el grupo más concentrado del sector privado: “Las grandes empresas, las más de las veces trasnacionales, se transforman en estructuras expulsivas, de enorme fuerza centrífuga, que externalizan hacia el resto del mundo, tanto procesos productivos como la contratación de trabajadores”, sostiene Paula Abal Medina en el artículo citado.

Trabajo esclavo

El 30 de diciembre de 2010 fue allanado un campo de la localidad de San Pedro, a 170 kilómetros de Buenos Aires. Allí la transnacional de semillas y granos Nidera “tenía encerrados a 130 trabajadores del norte, adultos y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua y se les descontaba del salario en negro las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes, incluyendo fideos gratuitos de los planes sociales”, según informó Página 12 el 2 de enero de.2011.

“En la actualidad, hay al menos medio millón de personas sometidas a la esclavitud laboral, es decir, obligadas a jornadas que superan las 12 horas de trabajo por salarios miserables y viviendo en el mismo infierno donde son explotados”, dice un comunicado de prensa de la Fundación Alameda recogido el pasado 20 de diciembre por el Diario Popular.

Desde diciembre de 2012, la Confederación General del Trabajo que responde a Hugo Moyano, y la Fundación Alameda, han denunciado a 106 marcas de ropa por trata de personas. Estas empresas “utilizan mano de obra esclava para la producción de sus mercaderías” y se valen “muchas veces de inmigrantes ilegales”, según el comunicado.

Los costureros “son traficados desde países vecinos mediante engaños y sometidos a jornadas de 14 horas en adelante por la mitad del sueldo mínimo”. También se pueden detectar “focos de trabajo esclavo en avícolas, ladrilleras, calzado, construcción y otras ramas de la economía”, dice el comunicado.

A comienzos de este año, inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectaron 15 talleres textiles en un suburbio de Buenos Aires, llamado Villa Celina. Allí se fabricaba ropa de reconocidas marcas. Y había trabajadores informales, en “situación de semi esclavitud”, según informó La Nación el pasado 15 de enero.

El organismo recaudador, a través de un comunicado, señaló que se “relevó 55 trabajadores, de los cuales el 95 por ciento no se encontraba declarado por su empleadores”.

“Además, algunos de los talleres funcionaban como alojamiento de los propios empleados, quienes vivían allí en condiciones precarias”, indicó.

Los inspectores detectaron “la presencia de extranjeros sin la documentación necesaria para poder trabajar en el país”. Este último punto también se repite entre los trabajadores informales en el campo.

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