Caso Regina: Sin avances, sin explicaciones, sin credibilidad…

Veracruz. Exigen justicia para las mujeres desaparecidas, asesinadas, violadas... Foto: Rubén Espinosa
Veracruz. Exigen justicia para las mujeres desaparecidas, asesinadas, violadas...
Foto: Rubén Espinosa

La investigación del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, derivó en un enredo en que, por consigna, aparece un presunto responsable, mientras un supuesto cómplice sigue prófugo. A la coadyuvancia de este semanario en el caso, que fue aceptada por el gobernador de Veracruz hace un año, se le ponen todas las trabas: las diligencias ministeriales se frenan inexplicablemente y, por si fuera poco, de la nada aparece un nuevo personaje cuya presencia no se ha podido explicar.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa y el Poder Judicial de Veracruz no encuentran la manera de justificar la versión de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sobre la investigación del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en esa entidad.

Hace cuatro meses que la juez Beatriz Rivera Hernández tiene la consigna de condenar a Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, el único detenido que supuestamente confesó su participación en el asesinato cometido hace casi un año, la madrugada del 28 de abril, en el domicilio de la periodista en Xalapa, capital del estado.

Pero la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, apenas ha seguido la instrucción del caso, mientras que la PGJ no ha encontrado al otro presunto responsable, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien supuestamente tenía localizado desde octubre pasado, cuando el gobierno de Duarte aseguró que el caso estaba prácticamente resuelto.

El martes 5 la PGJ y la juez expresaron sorpresa cuando la revista acreditó ante el juzgado a la abogada Diana Coq Toscanini como coadyuvante y solicitó a la juez diversas actuaciones ante la versión oficial de que el móvil del asesinato fue un robo que implica una supuesta doble vida de la periodista.

A pesar de tener 24 horas para responder, la juez no había emitido ningún acuerdo hasta el cierre de esta edición, ignorando la gestión de la revista y en la práctica desconociendo su coadyuvancia, reconocida por la procuraduría estatal y por la Procuraduría General de la República, que también ha estado marginada de las investigaciones de la PGJ.

La directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, se dio por enterada de la actuación judicial de la revista para reiterar lo que ha dicho durante todo el proceso judicial: Que si tiene pruebas, que las presente. Sólo así la procuraduría podría investigar más allá de su versión.

En su escrito Proceso pidió a la juez que ampliara y ratificara las declaraciones de las personas referidas por la PGJ para “el esclarecimiento” del caso, incluidos los agentes investigadores y los peritos que intervinieron la escena del crimen, así como otras actuaciones judiciales.

Pidió también copia del video y las fotografías tomados en la casa de la periodista y reiteró su solicitud de acceder al expediente completo del caso. La primera petición se hizo en noviembre pasado, pero la PGJ y la juez la ignoraron, contrario al compromiso público de Duarte de facilitar la participación de la revista en las investigaciones.

 

Culpables al vapor

 

El 30 de octubre de 2012 el procurador Amadeo Flores Espinosa anunció la detención del Silva y que su oficina estaba en busca del Jarocho, un delincuente y sexoservidor a quien presentó como supuesto novio de la periodista. Ese mismo día los consignó ante la justicia local y el viernes 2 de noviembre la juez Rivera dictó el auto de formal prisión contra El Silva.

La juez desechó por completo la declaración preparatoria de Hernández Silva, quien negó su responsabilidad y acusó a la PGJ de tortura y retención ilegal durante varias semanas hasta hacerlo inculparse, amenazado con que matarían a su madre, su único lazo afectivo, si no lo hacía.

Analfabeto y portador del virus de inmunodeficiencia humana, El Silva, de 34 años, firmó su declaración ante el Ministerio Público con su huella digital, pero su comparecencia ante la PJG en la que se inculpa es tan coherente, estructurada y detallada como la de una persona con preparación, según consta en la investigación ministerial 019/2012/PC.

Desde que fue llevado a prisión, Hernández Silva quedó aislado. No convive con la población del penal de Pacho Viejo, en Xalapa. De acuerdo con testimonios recogidos en el centro de readaptación social, lo tienen bajo vigilancia día y noche. Su encarcelamiento es muy distinto al de la primera vez, cuando fue condenado por robo. En ese entonces trabajaba en la misma prisión para obtener dinero.

Ahora teme que lo maten. Está en permanente tensión. Ante quienes puede hablar insiste en su inocencia: “Sí he robado pero nunca he matado a nadie”. Internos procesados por delincuencia organizada dudan también de su participación en el homicidio de la reportera.

Sin recursos para su defensa, por lo que había tenido dos abogados de oficio, le apareció repentinamente un litigante particular (no se sabe quién lo contrató), Adair Gasca Hernández, quien se presentó después de que la juez Rivera ya había cerrado la instrucción de la causa penal 358/2012 el pasado 15 de enero.

La juez consideró que ya no había más pruebas que aportar a favor del acusado, pese a que la PGJ no ha aprehendido al Jarocho, quien ya había sido detenido en junio del año pasado y luego fue puesto en libertad no obstante que para entonces la procuraduría ya había incluido su nombre en las investigaciones del asesinato de Regina Martínez. En aquella detención, lo fichó y en la fotografía aparece con la cara golpeada.

Según Consuelo Lagunas, el prófugo es un halcón, como se conoce a quienes hacen trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada. La funcionaria dijo que lo tenían ubicado.

La juez tampoco consideró las declaraciones de un operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011 aseguró que en el asesinato estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa, según dio a conocer Proceso en su número 1879.

En los 26 meses de gobierno de Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en Veracruz. De esos casos el gobierno asegura haber “esclarecido” seis, pero evitó procesar a los culpables porque al parecer estaban vinculados con la delincuencia organizada, un delito del fuero federal.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.

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