La Ruana: acoso del narco, autodefensa, abandono gubernamental…

(Imagen de archivo) El 14 de marzo militares detuvieron a integrantes de la policía comunitaria en La Ruana, Michoacán. Foto: Enrique Castro
(Imagen de archivo) El 14 de marzo militares detuvieron a integrantes de la policía comunitaria en La Ruana, Michoacán.
Foto: Enrique Castro

MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace un par de semanas, en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, del municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, la tranquilidad se perdió.

Hartos de la inseguridad, los habitantes de ese lugar decidieron armarse y crear grupos de autodefensa civiles para defenderse de los sistemáticos embates del crimen organizado.

La paz que se respiraba en ese lugar del estado de Michoacán ya no existe, Ahora, todo es un ir y venir. Cientos de personas recorren en motos y autos el municipio, vigilan constantemente que “los malos” no entren a su tierra.

Células de guardias civiles siguen a los extraños para evitar cualquier sorpresa de la delincuencia.

El pasado lunes 11, los guardias tuvieron un incidente que no pasó a mayores: ocultos en la sombra de la noche, sujetos armados intentaron meterse al pueblo y al no conseguir su objetico lanzaron tres granadas contra los vigilantes nocturnos. Para fortuna de éstos, los artefactos no estallaron.

“Echaron bala, como locos dispararon para todos lados, varios impactos dieron en las casas, donde hay mujeres y niños, pero también gracias a Dios nadie resultó herido”, cuenta un policía comunitario que vivió la experiencia.

Pero no sólo viven el acoso de la delincuencia organizada. También el de las autoridades federales que detuvieron a 51 compañeros y los vincularon con el Cártel de Jalisco.

Un guardia comunitario desmiente que trabajen para el Cártel de Jalisco. ““Es gente de La Ruana, ninguno pertenece a la delincuencia, viven humildemente y no sabemos que haya motivado esta acción, pero ya hemos dialogado con los mandos castrenses y esperamos que este malentendido se resuelva y nuestros compañeros salgan libres”.

Aclara que no quieren inmiscuido aquí a ningún grupo de la delincuencia organizada. “Nos han llamado haciéndonos malas ofertas, las cuales obviamente hemos mandado a volar ya que seríamos muy tontos al combatir a un grupo delictivo y aceptar a otro”.

Prosigue:

“Los cárteles están bien financiados hay mucho dinero de por medio y aquí, ustedes pueden ver que solo hay carencias, somos principalmente limoneros y de eso nos mantenemos, no hay riquezas desmedidas y si nos armamos con fusiles de grueso calibre es porque no podemos combatir a los delincuentes con resorteras, es más, muchos de los rifles son de los que les quitamos a la Policía Municipal y están debidamente matriculados”.

A principios de semana, los guardias comunitarios decidieron actuar y mantuvieron retenidos algunas horas a 47 militares, para exigir la liberación de los 51 compañeros detenidos.

La acción motivó la inmediata intervención de la Secretaría de Gobernación que ofreció enviar a tropas del Ejército a la zona y prometió brindar asistencia jurídica a los detenidos, con abogados de oficio.

El primer compromiso ya se nota en La Ruana: se colocaron puestos militares y elementos del Ejército y de la Policía Federal realizan patrullajes y revisiones intermitentes.

“Confiamos en que el gobierno federal vea nuestra situación y nos respalde porque no somos criminales, tenemos familias, sentimos temor y deseamos que el presidente de la república resuelva esta situación porque tenemos fe en él”, dice uno de los lugareños.

El pasado miércoles 13, el crimen organizado le envió otro aviso: prendieron fuego a una empacadora de limón y a una gasolinería.

Este tipo de acciones, dice, tiene la intención de afectarnos, de que se nos imputen esos hechos.

Pero no es todo: corre el rumor de que unos 500 gatilleros van a rafaguear el pueblo.

La incertidumbre que se respira en La Ruana ya se tradujo en la detención de varios civiles, a quienes acusan de trabajar al servicio del narco como ‘halcones’.

Sin conocer el número exacto de detenidos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una investigación.

“Están detenidos por la guardia comunitaria, pero ya estamos en un proceso de que sean entregados a la autoridad correspondiente”, declaró el secretario General de Gobierno en el Estado, Jesús Reyna García.

La PGJE informó que hasta ayer se habían presentado seis denuncias penales por las capturas realizadas por la policía comunitaria.

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