Los magistrados se hacen justicia

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura comienzan por casa, no al momento de resolver los casos conforme a derecho sino en la repartición de puestos. La minuta de una sesión plenaria “privada” obtenida por este semanario muestra la descarnada repartición de puestos entre los integrantes del Poder Judicial del estado, que pudorosamente  evitan discutir sus asuntos de nepotismo en público.

En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ) no impera la ley; sin el menor recato sus altos funcionarios llegan a acuerdos unánimes y rápidos para otorgarles nombramientos a familiares y amigos.

Además, entre los magistrados del Poder Judicial se intercambian concesiones al colocar uno a parientes o amistades del otro en jefaturas de departamento o cargos de auditores, lo cual hace sospechar que así previenen la revelación de posibles corruptelas.

En la sesión ordinaria plenaria del 11 de enero, que se realizó en forma privada, los 32 magistrados del STJ “previo análisis” acordaron dar nombramientos a 61 personas en distintos cargos y con salarios superiores al promedio, incluyendo a varios de sus hijos, nueras y amistades.

El magistrado de la Segunda Sala especializada en materia penal, Gilberto Ernesto Garabito García, impulsó a Omar Garabito González como contador A del área de  presidencia para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2013 (con un sueldo de 15 mil 728 pesos mensuales), en sustitución de Cristina Mendoza Sánchez, quien fue dada de baja.

El magistrado Garabito García también tiene en la nómina del STJ a su hijo Ernesto Garabito, que gana 7 mil 378 pesos al mes como auxiliar judicial.

En la sesión privada del 11 de enero, la magistrada de la Quinta Sala en Materia Civil, Argelia García Casares, promovió nombramiento para sus hijas Yanet Argelia y Sandra Isela Villaseñor García; a la primera como directora de Contraloría, Auditoría y Control Patrimonial del 1 de enero al 30 de junio de este año, con un sueldo mensual de casi 36 mil pesos, y a la segunda como auditora por casi 8 mil pesos.

García Casares también tiene a su hijo Javier trabajando en la Novena Sala en materia civil como taquimecanógrafo judicial, con un salario de 6 mil 400 pesos al mes.

En la mencionada sesión ordinaria de enero, el magistrado de la Quinta Sala en materia civil, Marcelo Romero García de Quevedo, propuso que a su hijo Marcelo Romero Garibay se le nombrara auditor de la Dirección de Comunicación Social, antes de que se le otorgara licencia sin goce de sueldo como auxiliar judicial de la Oficialía Mayor “por estar propuesto para ocupar dicha plaza”. En su nuevo cargo percibe 12 mil 554 pesos al mes.

Y aunque Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del STJ, se abstuvo de aprobar el nombramiento de su hijo Luis Carlos Vega González como jefe del Departamento de la Comisión de Auxiliares de Administración de Justicia para el periodo del 1 de enero al 30 de junio del presente año, con un sueldo de 18 mil pesos al mes, la propuesta fue aprobada por mayoría.

De acuerdo con la minuta correspondiente, Luis Vega fue postulado por la Secretaría General de Acuerdos a través del magistrado José Félix Padilla Lozano, quien en ese instante se convirtió en presidente del STJ por ministerio de ley, al abstenerse de votar el magistrado presidente Vega Pámanes.

El actual presidente del STJ, quien fue previamente policía, llegó al cargo con el apoyo del magistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, padre del actual gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, indicaron magistrados a este semanario (Proceso Jalisco 424).

Por su parte, el magistrado presidente de la Novena Sala especializada en materia civil, Luis Ernesto Camacho Hernández, respaldó a su hija Karina Camacho Robles para que se la designara directora de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas del 1 de febrero al 31 de julio de este año, a fin de sustituir a Salvador Legazpi Sánchez, con sueldo es de 41 mil 744 pesos mensuales. Anteriormente, Karina Camacho ocupó el puesto de secretario relator.

En tanto, el magistrado de la Primera Sala especializada en materia Penal, Tomás Aguilar Robles, abogó para que su hija Magdalena Aguilar Preciado se convirtiera en jefa de departamento de la Dirección de Contraloría, Auditoría y Control Patrimonial a partir del 1 de enero al 30 de junio, en sustitución de Elba Judith Ramírez Bañuelos.

Para ello, Magdalena Aguilar solicitó licencia sin goce de sueldo como taquígrafa judicial interina en la Sexta Sala. Según la nómina del STJ, un taquimecanógrafo percibe de 4 mil a 10 mil pesos mensuales; pero con este nombramiento la hija de Aguilar Robles ganará casi 25 mil.

De igual forma, el magistrado y presidente de la Décima Sala Especializada en Justicia Integral Para Adolescentes y Penal, Federico Hernández Corona, consiguió en la sesión privada que dos de sus retoños, Carlos Enrique y Federico Emmanuel Hernández Ventura, quedaran bien acomodados.

A Carlos Enrique lo propuso como jefe de departamento de la Dirección de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas del 1 al 30 de enero. Concluido ese periodo, se le nombró jefe de departamento de Innovación y Desarrollo Institucional, con sueldo de casi 28 mil pesos al mes. Por su parte, Federico Emmanuel pidió licencia sin goce de sueldo como auxiliar judicial en la Primera Sala para sustituir a su hermano en la jefatura de departamento de la Dirección de Estudio e Investigaciones del 1 de febrero al 31 de julio del presente año.

Presidencialismo en el Poder Judicial

 

En la misma tónica del reparto de nombramientos, el magistrado Sabás Ugarte Parra pidió en aquella sesión plenaria del STJ que designara a su hijo Luis Fernando Ugarte Lozano como jefe de departamento de la Dirección de Contraloría, Auditoría y Control Patrimonial, del 1 de  enero al 30 de junio, en sustitución de Manuel Gómez Chavira. Sin embargo, en la nómina aparece como jefe de departamento de Archivo y Estadísticas, con sueldo mensual de casi 28 mil pesos.

El magistrado Ugarte Parra también colocó anteriormente a sus hijos Héctor y Sandra Ruth en el poder judicial: el primero, como secretario del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Chapala, y a su hija como auxiliar del Juzgado Sexto de lo Civil.

Asimismo el magistrado de la Cuarta Sala Especial en materia civil, Miguel Ángel Estrada Nava, promovió a sus vástagos Ana Mariel y Jorge Alberto Estrada Rodríguez; ella como secretaria de Acuerdos de la Comisión Substanciadora –por 42 mil 738 pesos mensuales– del 1 de enero al 30 de junio; y él como jefe del departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración  (por  15  mil  396)  del  1  de febrero al 31 de julio de 2013.

La generosidad de Estrada Nava alcanzó para darle a Nélida Amada Cortés Moreno, su exnuera, el puesto de secretaria particular del presidente del STJ, por 24 mil 500 pesos al mes.

Por su parte, el propio presidente del TSJ, Luis Carlos Vega Pámanes, propuso que Ricardo Jiménez Ortiz, quien fue secretario particular de su antecesor, Celso Rodríguez González, fuera nombrado secretario relator con salario mensual de 42 mil 736 pesos.

Celso Rodríguez presidió el STJ en tres periodos consecutivos, durante los cuales se vio señalado por casos de corrupción y errática impartición de justicia. Incluso se le acusó de ser autor intelectual del asesinato del joyero Javier Armenta Juárez, ocurrido el 2 de enero de 2002, en la colonia Jardines de la  Paz, Guadalajara (Proceso Jalisco 406).

Además, Celso Rodríguez se otorgó un doble sueldo que sumaba 207 mil pesos mensuales, al cobrar como presidente del tribunal y como representante del Consejo de la Judicatura.

Magistrados consultados por este semanario informaron que  Rodríguez apoyó a Vega Pámanes para que alcanzara la presidencia del STJ a cambio de una “carta de inmunidad” para él y la gente que metió en la nómina (Proceso Jalisco 424).

Por cierto, una amiga de Celso Rodríguez, Lucía Josune de Jesús Díaz Robles, quien era taquígrafa en la Secretaría General de Acuerdos, pidió licencia sin goce de sueldo en la sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 2012 y ahora es directora del Instituto Judicial del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, donde gana aproximadamente 20 mil pesos.

Pero Díaz Robles cobra también, aparentemente sin trabajar, en el Poder Legislativo. De acuerdo con la página de transparencia del Congreso, tiene una plaza como abogada en la Dirección de Administración de Recursos Humanos con un sueldo mensual de 42 mil 230 pesos.

En tanto, el magistrado presidente de la Tercera Sala Especializada en Materia Civil, Carlos Raúl Acosta Cordero, apoyó de la misma forma a dos de sus hijas. Rosalía del Carmen Acosta Arriola ocupa el puesto de secretario relator en la Sala de Adolescentes Infractores, con sueldo mensual de 34 mil 736 pesos, y Florita Acosta Arriola labora en el Consejo de la Judicatura como jefa de sección del departamento de Tesorería.

El magistrado presidente de la Quinta Sala en Materia Civil, Javier Humberto Orendain Camacho, tiene a su hija Adriana Patricia Orendain Ascencio laborando como secretaria auxiliar en su misma sala, donde se le pagan 42 mil 738 pesos.

Mientras que en el STJ realizan sesiones privadas para tomar acuerdos, en el Consejo de la Judicatura, que también encabeza Vega Pámanes, se realizan reuniones previas no contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que ésta especifica que los asuntos deben discutirse públicamente.

En su edición del pasado martes 5, el diario Mural reportó que los consejeros suelen reunirse a puerta cerrada durante aproximadamente una hora. Posteriormente “arriban al salón de sesiones para realizar una plenaria que no se prolonga por más de 10 minutos, en la que ya no se discute, ni se informa lo plasmado en la orden del día (…) La misma situación de opacidad se repite en las comisiones de Carrera Judicial, Vigilancia y Contraloría”.

El artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura deben ser públicas, pero  sus integrantes pueden aprobar que alguna de ellas sea reservada.

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