Gran Bretaña: Regulaciones a la prensa

El primer ministro británico David Cameron. Foto: AP
El primer ministro británico David Cameron.
Foto: AP

LONDRES (apro).- Tras el escándalo generado por las escuchas telefónicas ilegales del semanario sensacionalista News of the World, los principales partidos políticos británicos –el Conservador, el Laborista y el Liberal Democrático—lograron el pasado 18 de marzo un acuerdo preliminar para implementar medidas que regulen las actividades de la prensa en este país.

Las dirigencias de las tres agrupaciones políticas discutieron durante días sobre la creación de un nuevo ente regulador de los medios, en medio de disputas y diferencias dentro del sector periodístico, uno de los más respetados y con más historia de Europa.

Todo comenzó en 2005, cuando una información intrascendente sobre una lesión de rodilla del príncipe William terminó por llevar a la cárcel, meses después, a un periodista del News of The World dedicado a temas de la Realeza y a un investigador privado. Se descubrió que ambos habían obtenido esa información al realizar escuchas telefónicas ilegales.

Tanto News of The World como News International, la filial de News Corporation que gestiona el imperio mediático de Rupert Murdoch en Reino Unido, sostuvieron en un principio que se trataba de un hecho aislado. Sin embargo, investigaciones del diario The Guardian destaparon miles de casos semejantes, en los que resultaron afectados políticos, deportistas, víctimas del terrorismo y la delincuencia, miembros de las Fuerzas Armadas, actores, cantantes, modelos y, también, simples ciudadanos.

El escándalo, que generó una crisis en el seno del gobierno de Cameron, llevó a que Murdoch se viera obligado a cerrar el semanario y despidiera a sus directores, quienes hoy enfrentan procesos judiciales.

La crisis también dio pie a una extensa investigación encabezada por Brian Leveson sobre ética periodística y regulación de los medios, que en noviembre de 2012 concluyó que los periódicos británicos “destrozaron la vida de miles de personas inocentes” bajo el actual régimen de auto-regulación de los medios, y pidió al gobierno crear un ente regulador independiente en el marco de una ley diseñada para evaluar si la prensa hace bien su labor.

El primer ministro británico, David Cameron, se opuso a la creación de un ente regulador formado a partir de una ley, aunque el resto de los partidos finalmente acordó esa opción.

Tanto los laboristas como los liberales democráticos aceptaron una versión más suave de la propuesta original, que incluirá una Carta Real (Roya Charter) para la prensa.

María Miller, la ministra de Cultura y Medios, confirmó que lo acordado establece una Carta Real orgánica y subrayó que la libertad de prensa “no será interferida”.

Para la ministra de Cultura en la oposición, la laborista Harriet Harman, el objetivo de la propuesta es crear un regulador independiente “con dientes afilados para casos en los que la prensa se equivoque, y de ese modo corrija sus errores”.

Tras dicho acuerdo político, los principales periódicos británicos pidieron asesoramiento legal “del más alto nivel” para determinar si cooperarán o no con el nuevo ente regulador de la prensa, y que consecuencias directas tendrá para el quehacer diario de los periodistas.

Los matutinos británicos Daily Mail, The Sun, The Times, Daily Telegraph, Daily Star y Daily Express indicaron que esperarán antes de tomar una decisión.

Dichos periódicos, que incluyen a los más leídos en Gran Bretaña, se quejaron por no haber tenido representación en el acuerdo alcanzado por los tres principales partidos políticos.

El nuevo régimen reemplazará el sistema de auto-regulación de los medios de comunicación a través de la Comisión de Quejas a la Prensa (PCC). Esta institución fue criticada por no haber logrado controlar al News of the World y su práctica generalizada de escuchas telefónicas ilegales. También recibió críticas por no obligar a los medios a disculparse rápidamente con víctimas en caso de publicaciones incorrectas o falsas.

Cameron dijo que el acuerdo dará pie a un nuevo sistema “de estricta auto-regulación independiente que protegerá a las víctimas y que cumplirá con los 47 principios aconsejados por el reporte Leveson”.

Según el primer ministro, el nuevo sistema garantizará “disculpas directas de la prensa a víctimas, multas de un 1% de las ganancias de las editoriales (hasta 1.5 millones de dólares), un ente autoregulador independiente, un código de estándares robustos, un servicio gratuito de arbitraje para víctimas y un acelerado sistema de quejas”.

La Carta Real define publicaciones a periódicos, revistas o sitios de internet que incluyan materiales de noticias. Ello generó dudas sobre qué sitios de internet quedarán involucrados, principalmente en el caso de blogs o páginas independientes.

Según los principales tres partidos políticos, el nuevo ente regulador independiente protegerá a víctimas de intrusión de la prensa, al tiempo que preservará la libertad de prensa.

La nueva ley garantizará que la Carta Real, que establece los poderes del ente regulador no pueda ser modificada, al menos que se cuente con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Parlamento.

Un segundo proyecto legislativo hará que los jueces puedan dictar medidas punitivas contra publicaciones que se niegan a obedecer las órdenes del ente regulador y sean llevadas a la corte por casos de daños y perjuicios.

El diario The Times publicó un editorial el pasado lunes 18 en el que calificó el acuerdo para la creación del ente regulador como un “patético episodio en la historia de la libertad de prensa en Gran Bretaña”, pues el principio que la libertad de prensa “estará sujeto a una ley del Parlamento”.

La Newspaper Society, que representa a los periódicos británicos, sostuvo que la propuesta acordada por los tres partidos pondrá “un peso aniquilador en los mil 100 periódicos locales del Reino Unido, inhibiendo la libertad de expresión y libertad de prensa”.

Ello se debe, según la asociación, a las “enormes penas financieras para los periódicos que eligen quedarse fuera del sistema y a una estructura de arbitraje que abrirá las compuertas para casos de compensación”, destacó en un comunicado el presidente de la Newspaper Society, Adrian Jeakings.

Sin embargo, Chris Blackwood, editor del liberal The Independent, consideró que la medida “no es demasiado mala, ya que podría haber sido mucho peor”.

“Tenemos que reconocer el desastre que creó nuestra industria. Quiero decir, la prensa hizo cosas bastante malas y nuestro ente regulador existente no logró estar a la altura de la circunstancias”, destacó.

Por su parte, la Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, en sus siglas en inglés) advirtió que “un ente regulador impuesto por el gobierno, más allá de todo lo independiente que se quiere sea, podría presentar una amenaza a la libertad de prensa”.

Alan Rusbridger, editor jefe del periódico The Guardian, afirmó que se trata de “una muy mala idea que creará mártires y que probablemente es incompatible con cláusulas del Acta de los Derechos Humanos y la Convención Europea”.

El directivo de The Guardian consideró sin embargo que las reformas “son necesarias”, aunque deben implementarse “con tiempo y apertura”.

“Crear un sistema de regulación voluntario en la era del Internet no es una tarea simple, y es por ello que ni siquiera Leveson logró resultados perfectos tras un año de pensar, consultar y escuchar a testigos. Nadie debe tener el monopolio (de la libertad de prensa)”, expuso.

“Necesitamos una reforma urgentemente. Pero también a una prensa libre. Lograr ambas cosas no puede conseguirse a las apuradas, ni en la oscuridad”, concluyó Rusbridger.

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