Argentina: La justicia en el banquillo

Familiares de desaparecidos protestan en Argentina. Foto: AP
Familiares de desaparecidos protestan en Argentina.
Foto: AP

BUENOS AIRES (apro).- “La corporación judicial también fue la dictadura. Porque si no es democrático, el Poder Judicial es para pocos, para los que más tienen, y menos quieren redistribuir.”

Así decía el documento elaborado por las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación HIJOS de desaparecidos y la agrupación NIETOS, leído durante la multitudinaria manifestación que se dio cita en Buenos Aires, el 24 de marzo último, al cumplirse el 37° aniversario del golpe cívico-militar de 1976.

La frase resumió el principal reclamo de una movilización cuya consigna era: “Por una Justicia Democrática. Basta de Corporación Judicial”. Por primera vez algunos jueces y fiscales se sumaron al pedido.

La democratización de la justicia es un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos de Argentina. La complicidad de muchos jueces con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura fue motivo de denuncia permanente. El gobierno finalmente se ha hecho eco de este impulso, después de sufrir reveses judiciales en el marco de disputas contra grupos concentrados de la economía.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusa a la corporación judicial de defender los intereses del Grupo Clarín, evitando así que este enorme multimedios cumpla con la ley antimonopolios sancionada en 2009. También fustigó a los jueces que impidieron al Estado recuperar el predio donde la Sociedad Rural Argentina realiza sus exposiciones.

“Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el 1 de marzo último. Recordó que la Justicia fue el único de los tres poderes del Estado que “no fue tocado por la dictadura militar”. Y horas más tarde, a través de una serie de mensajes escritos en su cuenta de la red social Twitter, dijo que “ni jueces ni abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos” y que “el poder público son los tres poderes y los tres tenemos que tener la misma transparencia”.

Con el objetivo declarado de lograr una “profunda democratización de la justicia”, la presidenta enviará al Congreso una batería de proyectos de ley. Propone que los integrantes del órgano de nominación y supervisión de los jueces –el Consejo de la Magistratura– sean elegidos a través del voto de la ciudadanía. Promueve la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, encargadas de revisar la aplicación correcta de la ley en las sentencias de los tribunales inferiores. Pretende regular el uso de medidas cautelares que suspenden durante años la aplicación plena de las leyes. Impulsa la creación de un registro online de causas en trámite, la democratización de acceso a la carrera judicial, la presentación obligatoria de declaraciones juradas de bienes por parte de los jueces.

La presidenta y sus funcionarios hablan de transparentar la impartición de justicia y limitar el poder de las corporaciones en los fallos de los magistrados. La nueva confrontación contra otro de los sectores “intocables” de la sociedad despierta simpatía no sólo entre sus adherentes.

El kirchnerismo se enorgullece de haber recuperado de este modo para la política, a partir de 2003, la toma de decisiones estratégicas. En los años noventa el Estado había cedido esta responsabilidad a instituciones financieras y organismos internacionales de crédito. El corolario –estallido social y bancarrota en 2001– es una factura que el gobierno enrostra aún a la oposición de centro derecha.

Los grandes medios de comunicación, opositores al gobierno, sostienen que el proyecto oficial persigue el sometimiento de la justicia al poder político. Para un juez en lo civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires, quien pidió el anonimato, cierto grado de tensión entre los poderes públicos es sin embargo normal dentro del sistema democrático.

“En muchos países los gobiernos tratan de someter a la justicia a sus políticas, pero no por una cuestión arbitraria, sino porque quieren imponer una política pública y a veces la justicia frena las leyes con declaraciones de inconstitucionalidad”, explica el juez a Apro.

Y agrega:

“Es una lucha constante y en abstracto no está mal: es el juego de poderes. Lo que pasa es que llevado a un tiempo y un espacio, el análisis puede cambiar. La solución depende de la calidad institucional del país en un momento determinado.”

La polémica en torno a la reforma de la Justicia se vincula de manera directa con la disputa entre el gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Este caso genera también fuertes roces entre los poderes Ejecutivo y Judicial. La Ley de Medios fue sancionada en 2009. Tiene un carácter antimonopólico. Obliga a algunos multimedios a desinvertir vendiendo activos y licencias.

Promueve el avance de sectores sociales cuya voz se encuentra marginada o poco representada en la programación de los canales y las radios. El cumplimiento efectivo de la ley menguaría el patrimonio y el poder de persuasión que le reportan a Clarín sus 300 medios. El holding se ha visto favorecido por medidas cautelares que dejan la normativa en suspenso.

El Grupo Clarín es el conglomerado mediático más grande de Argentina. Ve en la Ley de Medios una herramienta del gobierno para acallar a la “prensa independiente”. Algunos de los jueces que truncaron los propósitos del gobierno habían sido invitados a Miami, con todos los gastos pagados, para disertar en un congreso de comunicación audiovisual organizado por empresas del propio Grupo.

“Cuando hay dádivas o algún tipo de incentivo solapado, de cursos de perfeccionamiento o alguna de esas mentiras, me parece totalmente negativo”, sentencia el juez consultado por Apro.

Independencia

Desde los medios opositores se criticó duramente el proyecto del gobierno. “Detrás del declamado objetivo de democratizar el Poder Judicial, se busca evitar más sentencias adversas e ir hacia un nuevo sistema político: la democracia popular”, advirtió La Nación el pasado 5 de marzo.

“Se aspira a que los jueces claudiquen ante las imposiciones gubernamentales”, dice el artículo, que contrapone los conceptos de “justicia democrática” y “justicia populista”.

La “democratización de la justicia” se topó también con el rechazo de la Iglesia. “En la República los gobernantes están al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla”, sostuvo la Comisión Justicia y Paz del Episcopado, compuesta por laicos, a través de un documento difundido el 8 de marzo.

El texto considera “inadmisibles”, por otra parte, las presiones de grupos o poderes económicos sobre los jueces y sostiene que “en caso de ser comprobadas, deben ser sancionadas aplicando con rigor las leyes que ya existen para eso”.

En el seno del Poder Judicial, la polémica había estallado incluso antes del anuncio de la presidenta. El 6 de diciembre de 2012 el sector que conforman la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, pidió al gobierno –a través de un desplegado– que evite “el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces, que afecten su independencia”.

Una semana más tarde, el 11 de diciembre de 2012, unos 200 magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales, reunidos en torno al movimiento por una Justicia Legítima, firmaron otro desplegado.

Allí decían no sentirse “representados por el contenido del comunicado” emitido por las agrupaciones tradicionales de jueces. Sostenían que los magistrados no sólo deben ser independientes de los otros dos poderes del Estado, sino “también de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan”.

El 27 y 28 de febrero pasado, el movimiento por una Justicia Legítima reunió en la Biblioteca Nacional a más de un millar magistrados, funcionarios judiciales, abogados y representantes de la sociedad civil. Se discutió la relación de algunos jueces con sectores económicos y la traducción directa de este vínculo con determinadas resoluciones.

“La discusión que se está dando no es de orden técnico o sectorial, sino eminentemente política”, escribió Ángel Bruno, exvicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en un artículo que publicó el diario Página 12 en su edición del 4 de marzo. “Se trata de modificar la concepción de la justicia, haciéndola más democrática y enfocada al bien común”, sostiene.

El texto critica la cerrazón de la corporación judicial, “que piensa la justicia como un reducto propio, casi aristocrático, identificando la independencia judicial con la falta de control de su actuación y de opiniones sobre sus resoluciones. Donde hay pactos de amigos y amiguismo con el poder económico”, señala.

El grupo tiene como referentes a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. Su propósito es “reconciliar el Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía”.

“Yo diría que la impartición de justicia en Argentina es regular, por ahí no es pésima, seguro que no es óptima”, grafica el juez consultado por Apro. Las mayores falencias son, a su juicio, la demora y el costo: “Un proceso costoso o muy largo no se remedia con ninguna sentencia adecuada”, sostiene. “Para gente que tiene patrimonio, no importa si el proceso dura cuatro, cinco u ocho años –explica–. El ciudadano común necesita una solución en un tiempo de dos o tres años. Y nosotros no la damos.”

Clasista & sexista

Otra crítica extendida y recurrente apunta al carácter clasista del Poder Judicial. “El Poder Judicial tiene tendencias corporativas, endogámicas, de casta”, escribió el 8 de marzo Lucas Arrimada, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Antelaley.com.

“Los sesgos de clase, no sólo en las áreas penales, se vuelven más injustos y antidemocráticos porque parecen implicar una ‘justicia de clase’ que tiene a los sectores marginados, los más jóvenes y vulnerables, como selectivos sujetos de castigo, patrón que se potencia cuando pensamos en la relación castigo, clase y género”, escribió Arrimada. “Esta ‘justicia de clase’ contrasta con la impunidad de los poderosos de todos los colores y sectores. Impunidad judicial para los poderosos, ‘justicia penal’ para los pobres”, puntualizó.

La clase social más desfavorecida es la que se hacina hoy en cárceles y comisarías. La inequidad de la justicia frente al pobre signa la corta historia del país desde su inicio.

“Hacete amigo del juez, no le des de que quejarse, que siempre es bueno tener, palenque de ande rascarse”, dice uno de sus versos de Martín Fierro, el poema nacional de los argentinos, publicado por José Hernández en 1873. Martín Fierro es un gaucho. Vive con su mujer y sus hijos. De pronto se lo envía como soldado a un fuerte del ejército. En condiciones miserables, tiene que defender las incipientes ciudades de las incursiones del indio. Deserta. Regresa a su tierra. Su rancho ha sido destruido. No hay rastros de su familia. Se convierte en “gaucho malo”. Se cobra una muerte en un duelo con cuchillo. La justicia lo persigue y no le da respiro.

El abogado, jurista y sociólogo Roberto Gargarella cree que el Poder Judicial no sólo es clasista sino también sexista. “Si uno hace la sociología del Poder Judicial en la Argentina y en la mayoría de los países desarrollados, lo que ve es que la justicia sigue estando, básicamente, compuesta por sustratos de posiciones más altas, varones de clase media alta, de una religión determinada, de una determinada concepción ideológica –algo así como centroderecha- y que eso tiene impacto a la hora de interpretar el derecho.”, sostuvo el 28 de febrero en entrevista con la Agencia Paco Urondo.

Gargarella está a favor de “vincular ciudadanía con justicia”, pero cree que la actual iniciativa “con la excusa de democratizar la justicia, buscaría someterla aún más al poder político.”

También el catedrático Lucas Arrimada marca el contraste entre una sociedad diversa y un Poder Judicial clasista y sexista. “Nuestra comunidad hoy tiene una diversidad explosiva y expansiva –escribió en el artículo anteriormente citado–. Diversidad que es política, partidaria, geográfica, de opción sexual, de clase social, etc., pero cuando desagregamos cada uno de esos grupos la complejidad aumenta y se multiplica”, reflexionó. “A pesar de ello, el Poder Judicial, histórica y actualmente, parece representar a un sector bien definido, que con algún matiz y excepción tiene como regla nítidos sesgos ideológicos y una composición de clase y género consolidando un grupo económico, social y político más homogéneo y con menos diversidad que la propia sociedad argentina.”

Desde adentro, el juez consultado por Apro, aclara: “En algunas provincias del norte argentino, por ejemplo, donde las sociedades están todavía regidas por los poderes de las familias, la justicia sí es elitista. En otras no. En eso ha contribuido mucho la creación de los Consejos de la Magistratura, que hacen que para que uno acceda al cargo tenga que rendir examen.”

Lucas Arrimada cree que no se puede democratizar al Poder Judicial sin incluir a los demás operadores principales del sistema penal: la policía y el sistema penitenciario, que dependen del Poder Ejecutivo pero tienen relación jerárquica, directa y cotidiana con el Poder Judicial.

“Sin reforma policial integral, que haga efectiva la tarea de hacer respetar a las fuerzas de seguridad todas las garantías constitucionales, en las calles de toda ciudad, especialmente en las villas y barrios marginales, y el respeto de los derechos humanos en un sistema penitenciario que hace tiempo ha demostrado ser la concreción de nuestras peores pesadillas y reflejo de un pasado que todos condenamos, cualquier reforma del Poder Judicial alejará todavía más la idea de Justicia o hará al sistema y sus actores cómplices de las injusticias más extremas, como en épocas propias de las más oscuras dictaduras”, escribió en el artículo citado.

Y agregó: “En las cárceles hay más injusticias sociales que justicia penal. La mejor respuesta a la inseguridad está en la justicia social, no en la penal que se ha demostrado siempre brutal e ineficaz.”

Su pensamiento choca con la ascendente demanda punitiva de la sociedad. Ésta se focaliza, sobre todo, en el delincuente pobre, a tono con el prisma que utilizan los grandes medios de comunicación.

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