Competencia, calidad y responsabilidad

Carlos Slim, empresario. Foto: Germán Canseco
Carlos Slim, empresario.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Después de más de medio siglo de inmovilidad y connivencia del gobierno con los concesionarios de la radiodifusión y las telecomunicaciones, el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad de regular ese sector estratégico para el desarrollo económico, social, democrático, educativo y cultural del país. En sí misma, dicha decisión representa un avance político de gran importancia que implica un cambio significativo en la estructura de poder del país.

La reforma aprobada en la Cámara de Diputados modifica siete artículos de la Constitución con el fin de cancelar las conductas monopólicas y propiciar la competencia, acabar con la discrecionalidad del presidente en turno para otorgar y revocar concesiones, fundamento del carácter monopólico de la industria, así como del control y la manipulación informativa.

Se garantizan los derechos a la información y a la libertad de expresión y difusión de opiniones, información e ideas. Se dará acceso universal a los servicios de telefonía, radio, televisión y a las nuevas tecnologías de la información, incluida la banda ancha. Se prohíbe la propaganda política encubierta. Se define a la radiodifusión y la telecomunicación como servicios públicos. Se asegura la inserción a la sociedad del conocimiento. Se crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, con autonomía constitucional, así como tribunales especializados para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley. No es poco.

Se trata de una reforma sólida y seria, obviamente perfectible, con algunas omisiones, ambigüedades e incluso decisiones sesgadas que favorecen a las televisoras frente a su principal competidor. Se estableció un candado para evitar que América Móvil y Dish se beneficiaran de la gratuidad del must offer. Asimismo, se introdujo la cláusula de reciprocidad para la inversión extranjera en la radiodifusión, limitada al 49%, lo cual impedirá que empresas estadunidenses inviertan más del 25%, que es el límite para la inversión extranjera en la televisión del país vecino.

Los derechos exclusivos adquiridos por América Móvil para transmitir en todas las plataformas de medios los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 en toda América Latina, con excepción del país sede, y de los Olímpicos de Invierno en Sochi 2014, muestra la visión empresarial de quien desde hace 10 años busca obtener una concesión de televisión.

Esta y otras inversiones en la tecnología satelital, un sistema de cable submarino, una distribuidora de contenidos de productoras estadunidenses en América Latina (Jenaro Villamil, Proceso 1899), además de sus negocios en telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable en 17 países latinoamericanos, donde cuenta con más de 250 millones de suscriptores de líneas celulares, así como UNOTV Noticias, ubican a Carlos Slim en el liderazgo de las telecomunicaciones en Iberoamérica y lo perfilan como el principal comprador potencial de una de las dos nuevas cadenas de televisión abierta que concesionará el Estado mexicano.

El procedimiento para analizar y discutir la minuta en el Senado será distinto al de la Cámara de Diputados. Ya dijo el presidente de la Cámara alta, Ernesto Cordero, que debatirán sin prisa y convocarán a expertos en la materia para enriquecer el debate parlamentario. En este caso la disidencia no provendrá tanto de los senadores de izquierda, sino de los panistas, en especial de Javier Lozano, quien conoce bien el tema; fue presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, subsecretario de Comunicaciones y dicen que Felipe Calderón lo nombró secretario del Trabajo porque alguien con las iniciales CS lo vetó para evitar que ocupara la cartera de Comunicaciones y Transportes.

Es conocida la antipatía del senador Lozano por el ingeniero Slim, a quien confrontó públicamente en febrero de 2009. En el sexenio pasado fue abierta la preferencia del presidente por los concesionarios de la televisión frente al magnate de la telefonía. Tal predilección no parece haber variado, por lo cual existe el riesgo de que el Senado revierta logros de la reforma aprobados en la Cámara baja, lo cual sería inadmisible.

En la era de la convergencia, el mundo de las telecomunicaciones está regido por dos amos: la tecnología y el capital. Ningún país puede sustraerse de esa realidad, pero lo que sí se debe hacer es regular la industria para evitar el abuso de las conductas monopólicas. Al definir a la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos, el Estado mexicano se compromete a que dichas industrias cumplan con su responsabilidad social.

Fragmento del análisis que se publica en la edición 1900 de la revista Proceso, ya en circulación.

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