“Libertad” de expresión

El totalitarismo y el autoritarismo tienen muchas características en común, una de ellas es intentar suprimir o controlar la libertad de expresión. Mientras las dictaduras la cancelan mediante la fuerza, la amenaza o la represión, las dictablandas lo hacen a través de la cooptación, que no es sino soborno disfrazado. Con algunas variantes y especificidades, ese método ha prevalecido en México desde el porfiriato hasta el día de hoy.

El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a respetar la libertad de expresión pero, en los hechos, su gobierno parece más inclinado a continuar los añejos métodos del priismo autoritario en su relación con los medios de comunicación: Lograr la docilidad y la sumisión a cambio de prebendas y contratos publicitarios, mismos que se niegan de forma arbitraria e ilegal a quienes anteponen el ejercicio independiente de la crítica basada en una ética periodística al servicio de los lectores y la audiencia, sin doblegarse ante los dictados de conductas autoritarias supuestamente superadas.

Desde el Manifiesto por una Presidencia Democrática, el entonces candidato Enrique Peña ofreció ser garante de la libertad de expresión: “Las críticas al Presidente de la República, en todos sus estilos y formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. En una Presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura”. En ese mismo documento se comprometió a crear una instancia ciudadana y autónoma para supervisar que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación cumpla con los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. Tal compromiso fue ratificado en el Pacto por México, así como en la reforma en materia de telecomunicaciones. El mandatario está obligado a honrar su palabra.

La contratación de publicidad ha sido uno de los principales instrumentos de los gobiernos autoritarios para controlar a los medios de comunicación, premiando a los subyugados y castigando a los disidentes. La expresión más clara de ese principio es la disparatada frase lopezportillista de “(no) te pago para que me pegues”, en la cual la relación entre el gobierno y la prensa se equipara a la de un amante con una cortesana. El presidente se erige en el comprador de un servicio erótico-periodístico, y se niega a ejercer una conducta sadomasoquista. Paga por el sometimiento, no para ser golpeado.

La mentalidad patrimonialista y autoritaria reflejada en esa grotesca analogía implica que el presidente en turno es el dueño de los recursos del erario y ello le da el derecho a dilapidarlos para comprar la dulzura amatoria de los medios de comunicación, o bien para sancionar financieramente a quienes osen defender la dignidad de un periodismo crítico e independiente.

Tal aberración coarta el derecho a la libertad de expresión establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de México, así como en la práctica de los  gobiernos verdaderamente democráticos. La libertad de expresión no puede estar sujeta a la política de la zanahoria o el palo. Es indebido e ilegal condicionarla mediante la recompensa o represalia basada en el uso discrecional de recursos públicos, distribuidos como si fuesen propiedad del presidente en turno o de quienes manejan los exorbitantes presupuestos de la comunicación gubernamental.

Dicha práctica, propia de regímenes autoritarios encubiertos en la simulación, es inadmisible en el México actual. Por ello es urgente crear la institución autónoma encargada de supervisar que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno obedezca a parámetros objetivos como tiraje, costos de la publicidad, oportunidad de su distribución o distribución geográfica en el territorio nacional, para evitar las corruptelas y la extorsión veladas que se traducen en manipulación y control informativos, o en limitación indirecta de la libre expresión de ideas y opiniones.

Tocqueville pensaba que la prensa es, por excelencia, el instrumento democrático de la libertad. El autor de La democracia en América advertía que en ciertas naciones que se pretenden libres pero donde los agentes del poder pueden impunemente violar la ley, la independencia de la prensa no debe considerarse sólo una más de las garantías de los gobernados, sino la única para salvaguardar la libertad y la seguridad de los ciudadanos. “Si los hombres que gobiernan esas naciones hablaran de arrebatar su independencia a la prensa, el pueblo entero podría responderles: dejadnos perseguir vuestros crímenes ante los jueces ordinarios y quizá consentiríamos entonces no apelar al tribunal de la opinión”.

A pesar de los avances en la supervisión y el equilibrio entre poderes, México es todavía territorio fértil para la impunidad. Los prófugos de la opinión pública pululan y es preciso exhibirlos hasta que la justicia los alcance, mediante el análisis crítico, esencia del auténtico periodismo. La disidencia pensante es el antídoto más efectivo contra los peligros de la unanimidad o el consenso inducidos, además de la más eficaz hormona del crecimiento democrático. Por el contrario, el principio de “ni los veo ni los oigo”  y toda forma de censura encubierta conducen a la autocracia.

En congruencia con su discurso a favor de la consolidación de la democracia, el presidente Peña Nieto debe negarse a prostituir su relación con los medios, norma del priismo hegemónico y de su remedo panista. No toda la prensa escrita o audiovisual es hetaira, ni merece ser tratada como tal. Conviene recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó al gobierno de Calderón por haber violado los derechos de Proceso a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión e información, al haberle bloqueado de forma sistemática la publicidad oficial desde Los Pinos (Proceso 1873). El actual mandatario debe acabar con esa nefasta e ilegal tradición autoritaria.

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