Conforman otro grupo de autodefensa en Guerrero; piden renuncia de alcaldesa

La marcha de policías comunitarios. Foto: Ezequiel Flores.
La marcha de policías comunitarios.
Foto: Ezequiel Flores.

TIERRA COLORADA, Gro. (proceso.com.mx).- Habitantes del municipio de Juan R. Escudero conformaron un grupo de 480 policías comunitarios adheridos al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, impulsado por la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG), y demandaron la separación del cargo de la alcaldesa panista, Elizabeth Gutiérrez Paz, porque durante su administración se recrudeció la inseguridad y violencia ligada al narcotráfico.

A las 11:00 horas, más de tres mil personas, entre mujeres, niños y hombres armados con rifles, escopetas y pistolas -procedentes de varias comunidades de este municipio de la región Centro y diversos puntos de Costa Chica y Montaña-, marcharon por las calles de la cabecera municipal, ante la mirada de soldados y policías municipales, en un hecho que refleja el hartazgo ciudadano ante la indolencia y omisión que ha caracterizado a las autoridades de los tres niveles de gobierno frente a la narcoviolencia.

El contingente fue encabezado por el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, quien afirmó que con este modelo de seguridad ciudadano paralelo al oficial, regresó “la dignidad y la paz social” a los habitantes del municipio de Juan R. Escudero, zona colapsada por la delincuencia organizada, que tenía sometida a la población a través de secuestros, asesinatos y extorsiones que se cometían al amparo de las autoridades locales.

Una hora después los manifestantes y civiles armados arribaron a un campo de futbol llanero, ubicado en la colonia San José, sobre la carretera federal que conecta el poblado de Tierra Colorada con el municipio de Tecoanapa, donde se realizó una asamblea regional bajo un radiante sol y una temperatura de 37 grados Centígrados.

Durante el mitin, al que asistieron autoridades de 16 comunidades de las 23 que conforman el municipio de Juan R. Escudero así como de ocho municipios de las regiones de Costa Chica y Montaña, el coordinador regional de la UPOEG, Ernesto Gallardo, informó que el brazo armado de esta organización surgida a principios de enero en el municipio de Ayutla de los Libres, está integrado por casi dos mil policías comunitarios divididos en grupos de 12 elementos y distribuidos en nueve de los 81 municipios de la entidad.

Durante este lapso, han detenido a más de 50 personas vinculadas presuntamente a la delincuencia organizada y que han sido entregadas en su mayoría a autoridades ministeriales.

También dijo que los policías comunitarios de la UPOEG han sostenido dos enfrentamientos armados: uno en la comunidad de El Refugio, municipio de Tecoanapa, donde fue abatido un presunto delincuente y tres más fueron detenidos, y el segundo en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, donde detuvieron a dos hombres armados con fusiles AK-47 y que portaban uniformes de la Policía Ministerial Estatal.

Por su parte, el promotor de la policía comunitaria en el municipio de Juan R. Escudero, Jorge García Hernández, señaló que autoridades comunitarias de 16 poblados han designado a 480 guardias civiles desde el 29 de marzo, fecha en que los habitantes de este lugar, cansados por la inseguridad y violencia, decidieron sumarse al proyecto de autodefensa de la UPOEG.

Enseguida, los policías comunitarios de Juan R. Escudero, adheridos a la UPOEG, se presentaron en la asamblea popular, destacando la participación activa de mujeres que, superando el miedo, decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia ante la inoperancia gubernamental.

Luego, García Hernández informó que la alcaldesa panista Elizabeth Gutiérrez canceló una sesión de Cabildo abierto contemplada para este viernes 19 y que fue solicitada por las ciudadanos que apoyan el movimiento de autodefensa en este municipio, para exigir a las autoridades municipales una explicación ante los señalamientos de sus presuntos nexos con la delincuencia y la indolencia que han mostrado frente a los crímenes que se cometen en este lugar.

Este hecho provocó una molestia generalizada de los ciudadanos y exigieron la separación del cargo de la presidenta municipal, a quien responsabilizaron por el ambiente de inseguridad. También, demandaron mayor firmeza a los cuatro comisionados e impulsores de la policía comunitaria en este municipio, ubicado en la región Centro y considerado como zona estratégica del narco porque colinda con Acapulco y la Costa Chica.

Por ello, los ciudadanos reunidos en Tierra Colorada, acordaron solicitar de nueva cuenta mediante escrito, que el Cabildo sesione públicamente para discutir el tema de la inseguridad y plantear la demanda de que la alcaldesa panista deje el cargo o sea destituida.

En entrevista, Jorge García dijo que el temor que prevalece entre los habitantes de este municipio había impedido que se manifestaran de esta forma, ya que los asesinatos, extorsiones y secuestros se cometían impunemente.

No obstante, señaló que la actitud de los ciudadanos cambió a partir de finales de marzo cuando la policía comunitaria de la UPOEG sitió la cabecera municipal, luego de la ejecución del comandante de este grupo de autodefensa en la comunidad de San Juan del Reparo Sur, Guadalupe Quiñones Carvajal.

Ello debido a que los habitantes de Juan R. Escudero decidieron denunciar los crímenes y exigir la destitución de las autoridades municipales que son responsabilizadas por permitir que la delincuencia opere impunemente en esta zona.

El 26 de marzo, en un hecho inusitado, más de dos mil policías comunitarios de la UPOEG procedentes de la Costa Chica irrumpieron en el poblado de Tierra Colorada, donde detuvieron al director de Seguridad Pública Municipal, Óscar Ulises Valle García El Junior, así como a 12 policías de esta corporación y seis civiles por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada y vinculados al asesinato de Quiñones Carvajal.

Actualmente, El Junior, los 12 agentes y los civiles se encuentran arraigados en una casa de seguridad de la Procuraduría local y se desconoce su estado jurídico.

Al respecto, el promotor de la policía comunitaria en este municipio dijo que una vez que se conformó el grupo de autodefensa en la mayoría de las comunidades de Juan R. Escudero, el siguiente paso es revisar el trabajo de las autoridades municipales para regresar la tranquilidad plena en este lugar.

“En esto ya no hay marcha atrás. Estamos ejerciendo nuestro derecho a protegernos porque las autoridades no garantizan la seguridad en este municipio”, indicó García Hernández.

Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido anunció que la próxima semana, funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), visitarán Tierra Colorada y otras zona de la Costa Chica para recabar testimonios de víctimas de la narco violencia que persiste en esta zona de la entidad.

También, planteó que el tema de las armas fue necesario para recuperar la dignidad y la paz de los ciudadanos, y sentenció que la lucha de la UPOEG es en contra de la delincuencia que tiene secuestrada a la población, para restablecer y buscar un desarrollo integral en las comunidades.

A los políticos que han criticado desde el gobierno federal y el Senado de la República el movimiento de autodefensa de la UPOEG, les dijo que la persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico, es responsabilidad de las autoridades gubernamentales.

“Nosotros vamos por los delincuentes que secuestran, asesinan y extorsionan a la ciudadanía; los políticos deben entender que robar y enriquecerse a través del erario público, también es un crimen”, expresó el activista indígena.

Por ello, dijo que los políticos y autoridades gubernamentales tienen la obligación de revertir los efectos de la narcoviolencia a través de la generación de oportunidades de desarrollo para la población, mediante la aplicación transparente de los recursos públicos destinados a obras y programas sociales.

Comentar este artículo