En Guerrero hay “paz y gobernabilidad”, dice Aguirre en su informe

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Bajo un impresionante cerco policiaco, el mandatario estatal Ángel Aguirre Rivero acudió hoy a la sede del Congreso local para rendir su segundo informe de labores, donde acusó al magisterio disidente, ahora convertido en Movimiento Popular Guerrerense (MPG), de afectar el proceso educativo, las funciones de gobierno y los derechos de terceros.

Arropado por coordinadores de programas sociales que se encargaron de “acarrear” a ciudadanos de escasos recursos, el gobernador dijo que ha sido tolerante con las protestas del MPG.

Sin embargo, advirtió que no va a “permitir que miles de estudiantes pierdan su año escolar en aras de intereses políticos sindicales”, en referencia al paro laboral impulsado desde el 25 de febrero (más de dos meses), por docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en rechazo a la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión.

Luego, Ángel Aguirre Rivero hizo un llamado a los líderes magisteriales –que enfrentan una “cacería” librada por agentes ministeriales para cumplimentar 39 órdenes de aprehensión– para anteponer intereses colectivos a los de un grupo o facción.

“Y no caer en voluntarismos irresponsables, que pongan en riesgo el estado de derecho y la paz social”, indicó el Ejecutivo durante su mensaje político en el recinto legislativo frente a diputados, familiares y colaboradores.

Al respecto, el dirigente de la CETEG, Minervino Morán Hernández, dijo que el cerco policiaco que se instaló en la sede del Congreso demuestra la debilidad de la administración del gobernador Aguirre y la crisis de legitimidad que enfrenta la clase política en la entidad.

Entrevistado en el plantón que mantienen los profesores disidentes en las inmediaciones de la sede de la CETEG, al sur de esta capital, señaló que decidieron no manifestarse para evitar un enfrentamiento con “grupos de choque que fueron acarreados” para resguardar el recinto legislativo.

No obstante, anunció una marcha para el miércoles 1 de mayo en esta capital, donde los integrantes del MPG analizarán, en un foro, la viabilidad para demandar la desaparición de poderes en Guerrero.

La sesión de pleno donde acudió el mandatario a rendir su segundo informe se instaló a las 10:20 horas en medio de un estricto dispositivo de vigilancia a cargo de decenas de policías estatales, quienes prácticamente cercaron con vallas el perímetro.

El gobernador Aguirre y el representante del gobierno federal, Javier Guerrero García, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), arribaron al recinto 25 minutos después.

Enseguida, fijaron postura los diputados locales, a nombre de las fracciones parlamentarias de PRI, PRD, Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PVEM, así como las representaciones partidistas de PT y Nueva Alianza (Panal).

Mientras los representantes del bloque de izquierda, que hacen la mayoría legislativa, se desvivieron en elogios hacia el gobernador, los del PRI, PVEM y Panal criticaron fuertemente al mandatario.

No obstante, todos los integrantes de la LX Legislatura coincidieron en condenar las protestas del magisterio disidente y demandar al gobernador Aguirre que sancione los actos de violencia para revertir la percepción de ingobernabilidad y anarquía que prevalece en la entidad.

Al respecto, el diputado Emiliano Díaz Román, exsecretario general de la sección 14 del SNTE, demandó en tribuna respeto al derecho de libertad de expresión, sin afectar a terceros.

Además, aplicar la ley en contra de infractores y que exista seguridad y no ingobernabilidad, aparte de respeto entre los poderes públicos de la entidad: “Que se ejerza un verdadero estado de derecho”, reclamó.

Por su parte, Arturo Álvarez, del PVEM, afirmó que la violencia y el crimen organizado aún están presentes en la entidad, y enseguida destacó la grave impunidad que persiste.

También advirtió que las condiciones de seguridad para el desarrollo de cualquier actividad económica siguen siendo adversas.

“Amenazas, secuestros, extorsiones, cobros de cuotas son parte de la realidad que la clase trabajadora tiene que sufrir, poniendo en riesgo su actividad económica”, destacó Álvarez Angli, quien aseguró que esta situación ha provocado el cierre de negocios y pérdidas de dinero que “han venido empobreciendo” la economía local.

Luego señaló que, aunado a la situación de inseguridad, violencia e impunidad que prevalece en la entidad, la aparición de grupos armados, denominados de autodefensa, “ponen en entredicho la fuerza del Estado”.

Mientras, el coordinador de la fracción priista Héctor Apreza Patrón destacó que Aguirre culmina su segundo año de gobierno en medio de condiciones difíciles, de polarización y confrontación “que han frenado el avance de nuestro estado en lo económico, en lo político y en lo social, donde el modelo de relación gobierno-sociedad da muestras visibles de agotamiento”.

También resaltó que la entidad “no puede ser el oasis de los bloqueos y la violencia social, ni el estado de la desatención gubernamental ni la impunidad”.

El priista Apreza llamó a no promover el odio, el rencor y el encono, y construir acuerdos mediante el dialogo, la razón y el entendimiento.

Enseguida, el exdirigente del PRI estatal advirtió: “Guerrero ha sido, y así lo reseña la historia, un territorio fértil para la insurgencia. No subestimemos el problema de la suma de inconformidades que hemos vivido de manera directa”.

Por ello consideró que los dos meses de protestas del sector magisterial, al que se han sumado diversos sectores sociales, es un llamado de atención a la Federación; enseguida demandó mayor inversión social porque el trato dispar de Guerrero y entidades del norte y centro del país “es injusticia institucional”.

En respuesta a las críticas, Aguirre recordó que la reforma educativa federal fue aprobada por el Constituyente Permanente y no se puede revertir por una entidad.

A pesar de la inseguridad, las protestas del MPG y la creación de grupos de autodefensa, Aguirre afirmó que en Guerrero existe “paz social y gobernabilidad”.

Además, indicó que los grupos armados adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), “no atentan contra el estado de derecho ni la gobernabilidad”.

Aguirre argumentó que estos grupos que surgieron en diciembre pasado en la Montaña y a principios de enero de 2013 en la Costa Chica “no irrumpen con violencia, ni desconocen a ninguna autoridad legítimamente constituida, a ningún comisario o presidente municipal, mucho menos al gobierno del estado, ni a los poderes Legislativo o Judicial”.

Ello a pesar de que ha sido público que los grupos de autodefensa surgidos recientemente han exigido la destitución de autoridades municipales por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, como ocurrió en los municipios de Huamuxtitlán, Olinalá y, el caso más emblemático, en Juan R. Escudero.

En este último municipio, a mediados de marzo, más de 2 mil hombres armados de la UPOEG tomaron la cabecera municipal y detuvieron al director de Seguridad Pública y ocho policías acusados de estar al servicio de la delincuencia.

Actualmente, ciudadanos de este municipio están demandando la destitución de la alcaldesa panista Elizabeth Gutiérrez Paz por sus presuntos nexos con el narco.

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