Pemex, al rescate de las navieras gallegas

Uno de los buques en Galicia. Foto: Especial
Uno de los buques en Galicia.
Foto: Especial

MADRID (apro).- En una visita privada en julio de 2007 a Vigo, Galicia, donde residen sus padres, Juan Camilo Mouriño, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia del gobierno de Felipe Calderón, se reunió con los mandamases de los astilleros gallegos, en un salón del Club Financiero del puerto.

El semanario Proceso (edición 1627) dio cuenta de esa visita, en enero de 2008, cuando destapó el entramado de negocios que Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo, había forjado en España, después de amasar su fortuna en México, al amparo de sus negocios con Petróleos Mexicanos, (Pemex).

La adquisición del Club Real Celta de Vigo, el equipo de futbol emblema de esa región gallega, le ayudó a conseguir el “roce social” con las elites, del que carecía luego de tantos años de haberse ido a “hacer las Américas”.

Esa nueva plataforma de relaciones de Mouriño Atanes permitió al hombre que entonces era mano derecha de Calderón ser recibido con gran beneplácito por las elites gallegas, en particular por el sector naviero, entonces aún muy fuerte por la enorme demanda de proyectos en este rubro.

El acuerdo verbal ahí expresado, confirmó un asistente a Apro, era que México trabaría acuerdos con esos astilleros para la construcción de navíos para la marina mercante, para labores petroleras y para el ramo pesquero de México.

También se habló de que estos acuerdos fueran la base para la transferencia de tecnología a México y posibles inversiones de los entonces poderosos astilleros gallegos en el país.

El diario La Voz de Galicia publicó el 18 de julio de 2007 que, durante su “fugaz estancia”, Mouriño, “de origen gallego, ofreció a los dueños de varios astilleros un pedido masivo de buques pesqueros, petroleros y de todo tipo de embarcaciones para renovar la flota marítima a cargo del gobierno federal”.

El 4 de noviembre de 2008 sobrevino el accidente aéreo donde perdió la vida Mouriño y todo quedó detenido.
Fue hasta mayo de 2012, en las postrimerías de su gobierno, que Calderón Hinojosa dio contenido a la promesa de su hombre de confianza: Un consultor bien informado relató que luego de meses de mantener una comunicación distante con el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, por el escándalo que estalló al interior de la petrolera Repsol, cuando éste quiso aumentar la participación de la paraestatal en la sociedad hispana, Calderón le mandó llamar para darle la orden de que otorgara los contratos para construir 14 barcazas y dos floteles a las empresas gallegas Navantia y Hermanos de J. Barreras (Proceso 1875).

El presidente español Mariano Rajoy declaró en España que él había sido el artífice de ese acuerdo cuando se lo pidió a Calderón en el encuentro privado que ambos mandatarios mantuvieron en abril pasado, durante una visita oficial del español. Le pidió apoyo para que Pemex ayudara a levantar al sector naval gallego, que en ese momento había despedido a 9 mil trabajadores, cifra que hoy llega a 10 mil.

Se comprometieron a una inversión de casi 310 millones de dólares (250 millones de euros) para rescatar el sector naval de Galicia, para construir 14 remolcadores y los dos floteles, lo que se traducirá en 2 mil 500 empleos directos e indirectos y en 2.6 millones de horas de trabajo.

Peña y el pacto gallego

En su visita de octubre pasado, como presidente electo, Enrique Peña Nieto emitió un comunicado en el que ratificaba el acuerdo que ya había montado Calderón.

Y, en declaración en La Moncloa, tras reunirse con Mariano Rajoy, Peña declaró: “He comprometido a que mi gobierno habrá de continuar con las gestiones iniciadas por Pemex y los astilleros de Galicia para los barcos-hoteles que se habrán de construir. Es algo que Pemex está necesitando y creo que el acuerdo que se ha llevado a cabo genera condiciones favorables tanto para los constructores como para Pemex y traerá beneficios mutuos” (Proceso 1877).

El acuerdo, que ascendía a 320 millones de euros en una primera etapa, se haría sin licitación de por medio.

El 16 de abril pasado, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció luego de reunirse en Los Pinos con Peña Nieto que el acuerdo con Pemex no sólo se mantenía, sino que se ampliaba.

También dijo que propuso a Peña que Pemex invirtiera en acciones de algún astillero privado de Vigo, aunque no ofreció más detalles.

Otra clave que dio fue que el astillero Barreras, una vez que resuelva sus problemas de aval –ya que se declaró en bancarrota y se tuvo que sujetar a un concurso de acreedores— antes de julio, podrá iniciar los trabajos con el cortado de las placas de acero.

Luego señaló que astilleros gallegos y mexicanos se podrían presentar en conjunto a concursos para la construcción de la flota menor de Pemex.

Finalmente, el miércoles 1, Pemex dio a conocer la compra de 51% del astillero Hijos de J. Barreras, con lo cual podrá construir hasta cinco floteles.

Con esto resuelve el escollo legal de tener que licitar las operaciones, porque al ser propietaria del astillero, la paraestatal puede ordenar los pedidos.

Se buscará que el sector naval mexicano adquiera experiencia en la construcción de estas naves y en el mantenimiento de otros barcos de la flota de Pemex en los astilleros gallegos.

El acuerdo prevé que el empresario vigués José García Costas se mantenga en la presidencia del astillero. El comunicado de Pemex no lo dice, pero este empresario naval es consejero de Mouriño Atanés en la sociedad del Club Real Celta de Vigo.

Pemex se hará con uno de los barcos floteles por un monto de 180 millones de euros y además controlará el astillero. El precio de cada buque de estas características es de 190 millones de euros, del que se le descontarán los 10 millones de euros que permitan su acceso a la sociedad del astillero.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo el día jueves 2: “Mi experiencia con Pemex, tanto con los gobiernos del PAN como con gobiernos del PRI, es que la petrolera mexicana cumple sus compromisos”.

Así lo declaró después de las dudas que surgieron en Ferrol, Galicia, sobre si la empresa pública Navantia también recibirá el contrato para la construcción de uno de los cinco floteles anunciados en principio.

En Ferrol surgió la desconfianza por la dimensión del anuncio de Pemex de que adquiriría 51% del capital del mayor astillero privado de esa comunidad autónoma, Hermanos de J. Barreras, para la construcción de esas embarcaciones.

Pemex –a través de su brazo en el extranjero, PMI— invertirá en conjunto con los otros socios del astillero unos 10 millones de euros para dar las condiciones de su entrada

Núñez Feijóo dijo: “Se va a hacer uno (flotel) en la ría de Vigo y otro en la de Ferrol”

Además, destacó que el sector pasa “de tener las gradas vacías a tener capacidades exponenciales y tener carga de trabajo de la cuarta petrolera del mundo, que tiene 25 mil millones de dólares anuales de inversión”.

Proceso dio a conocer que el informe El complejo militar-industrial. Un parásito en la economía española, elaborado en 2012 por el Centre D´Estudis per a la Pau JMDelás, de Barcelona, incluye a Navantia –la empresa contratada por Pemex—, como “parte del oligopolio que conforman cuatro industrias que producen todo el armamento que adquiere el Ministerio de Defensa español”.

El origen de Navantia es la Empresa Nacional Bazán, creada en 1947 durante la dictadura franquista, con la misión de producir toda clase de embarcaciones militares y armas navales para buques de la Armada Española.

Pere Ortega, investigador del centro de estudios y responsable del informe, dijo a Apro que “más de 90% de la producción de Navantia son embarcaciones militares”, y “alrededor de 5% podría estar en el rubro de embarcaciones civiles, algunas del sector petrolero”.

El especialista sostiene que Navantia es “una empresa sumamente deficitaria”, cuyos resultados negativos son asumidos por SEPI. El informe señala que Navantia recibe créditos blandos del Ministerio de Industria, al que adeuda 2 mil 770 millones de euros, que la convierten “en la empresa más protegida del complejo militar-industrial español”.

Navantia fue objeto de duras sanciones en 2005 por parte de la Comisión de Competencia de la UE, porque durante el gobierno de José María Aznar recibió ayudas estatales por 864 millones de euros, en franca violación a las normas comunitarias. La sanción le prohíbe construir naves civiles en el astillero de Fene hasta 2015.

Sin embargo, en el campo militar ha firmado contratos en el periodo de 1997 y hasta 2014 que la han hecho participar en la construcción de cinco fragatas, nueve buques de guerra y cuatro submarinos de muy alta tecnología. Sus ventas entre 2000 y 2009 superan los 12 mil 500 millones de euros.

En el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Navantia firmó un contrato con la Fuerza Armada Naval Bolivariana de Venezuela, para la construcción de ocho fragatas de vigilancia marítima, sin embargo, dice Pere Ortega, presuntamente se vio involucrada en “el pago de comisiones irregulares, con visos de corrupción”, por un monto de 42 millones de euros.

En esta operación que contó con el aval de los presidentes Zapatero y Hugo Chávez, la empresa estatal española contrató de forma innecesaria a una empresa intermediaria, pese a haber sido un contrato “de Estado a Estado”, señala el entrevistado. Navantia se ha defendido alegando que eran parte de las condiciones del convenio.

“Balón de oxígeno”

Este nuevo acuerdo refrenda que Pemex se convirtió en el balón de oxígeno de España, cuando pasa por momentos de dificultad o de crisis.

Primero fue durante el gobierno de José López Portillo que, a petición del rey Juan Carlos, la paraestatal ayudó a España durante una etapa de colapso petrolero, recién inaugurada la democracia.

Por designación de López Portillo, el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza –hoy presidente de la constructora hispana OHL en México— llevó a cabo las negociaciones para que Pemex invirtiera en la refinería de Petróleos del Norte (Petronor), en Muskiz, Bilbao (Proceso 1877).

Este acuerdo se modificó unos años después, a petición de España, para conformar los cimientos de lo que después sería Repsol, a cambio de lo cual Pemex recibió una parte accionarial de la nueva compañía.

Hasta ahora la paraestatal mexicana es uno de los socios “estables” de Repsol y núcleo duro de su sociedad, sin embargo, las cosas cambiaron durante la gestión de Juan José Suárez Coppel en Pemex.

En sociedad con la constructora Sacyr-Vallehermoso, Pemex inició una ofensiva para alcanzar de manera “sindicada” 29,5% de las acciones y con ello tomar control en decisiones torales al interior del Consejo de Administración de Repsol (Proceso 1822).

Eso provocó una ofensiva del sector dirigente de Repsol, encabezado por Antonio Brufau. La petrolera ordenó al despacho de comunicación Llorente y Cuenca –por cierto hoy con operaciones de cabildeo en México— la campaña en pro de la “españolidad” de Repsol y de difundir las malas intenciones de Pemex.

A esa campaña se sumó casi toda la prensa española, encabezada por el diario El País, y el propio expresidente Felipe González. El entonces diputado del PP, Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda de Rajoy, receló de la operación de Pemex en Repsol: “No nos gustan las empresas públicas extranjeras invirtiendo en nuestro país”.

A la fecha, Montoro no ha rectificado esa declaración o al menos ha mantenido el silencio sobre la nueva operación de Pemex en Galicia.

El periodista catalán Oriol Mallo, autor del libro El cartel español, que habla de la ‘invasiva’ inversión hispana en América Latina, criticó la pasividad con que México asumía los desplantes de empresas como Repsol.

En entrevista con Proceso luego de la visita de Peña Nieto a Madrid, en octubre pasado, señaló que el político mexicano “no se puede decir ajeno” a estas graves circunstancias y “sentarse a prometer la apertura de Pemex” ante Brufau. Se refería a la sesión del presidente electo con los empresarios españoles.

“México no puede permitir estos ataques, esta humillación increíble, sin reaccionar. México no tuvo una posición digna ni a la altura de las circunstancias (…) Es decir, dos humillaciones de Repsol a México en sólo seis meses, con reacción cero; pero para Peña Nieto, al parecer, tampoco tiene importancia”, comentó.

La otra humillación a la que Oriol Mallo hizo alusión tiene que ver con el abandono unilateral de Repsol al contrato de suministro de gas natural procedente de Perú para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Hasta ese momento no se conocía que el gobierno de Calderón hubiera iniciado acciones legales para penalizar a la empresa por no cumplir este contrato, firmado en septiembre de 2007, y que tendría una duración de 15 años. Para Repsol dejó de ser negocio cuando los precios de referencia del gas natural licuado cayeron.

Ajeno a estos avatares, Peña Nieto abrió una nueva puerta de inversión de Pemex. Ahora en Galicia.

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