Denuncian a funcionario de Chiapas por intento de despojo

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Una familia de empresarios de esta ciudad denunciaron penalmente al director del Instituto Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, abuso de autoridad y los que resulten al valerse de su cargo para intentar despojar de un bien inmueble comprado de manera legítima a un familiar suyo.

Los Valdiviezo Ocampo argumentaron que el funcionario sabinista, en colusión con autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), los está afectando en su patrimonio al perder una inversión millonaria y, peor aún, en lo físico y psicológico al causarle un daño moral.

A través del corredor de bienes raíces, Ulises Zúñiga Camacho, el empresario Moisés Valdiviezo Ocampo compró a la señora María Luisa Zenteno Díaz, un inmueble viejo y abandonado en la calle María Adelina Flores número 23 de San Cristóbal de Las Casas, por un millón 950 mil pesos, mismos que pagó entre el mes de junio del año pasado y terminó de pagar en el mes de febrero de este año.

Apoyado por sus hermanos Juan Gerardo y Jesús, el empresario hotelero adquirió la casa vía la notaría pública número 41 María Hilda Montoya Gutiérrez de San Cristóbal de Las Casas, y la remodeló con una inversión aproximada de un millón 500 mil pesos.

Acondicionaron el inmueble como un anexo del Hotel Casa Margarita, ubicado en una calle paralela, Real de Guadalupe número 34.

Cuando la casa ya estaba pagada y en funciones como hotel, en los últimos días de febrero se presentó Mauricio López Zenteno a reclamar las razones por las que ocupaban la casa de su madre, le argumentaron que ella se las había vendido y tras una discusión acordaron una cita. Y al siguiente día, tras aclarar la situación, el funcionario quedó inconforme y dijo que no se quedaría con los brazos cruzados y que debían devolver el inmueble.

El 13 de marzo les cayó un “operativo” del Instituto de Protección Civil en varios hoteles y posadas de la misma calle, el cual era encabezado por el mismo Mauricio López Zenteno, quien desalojó a los huéspedes, multó con 306 mil 900 pesos y clausuró el local, mientras que a otros hoteles sólo les impuso una multa que no superó los 20 y 30 mil pesos.

El pasado 16 de marzo fueron citado los hermanos Valdiviezo Ocampo y la esposa de Moisés Marisol Palomino Fuentes en la notaría pública número 41 donde ya estaban ahora Xiomara López Zenteno y su esposo Luis Manuel García Moreno, quien se presentó ante todos como el “director general Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas”.

Ahí, inducida por su hija, María Luisa Zenteno Díaz, negó que fuera su firma la estampada en el contrato de compraventa. Y como la titular notaría pública avaló que sí era su firma, tampoco llegaron a arreglo alguno.

Ya levantados los sellos de clausura del hotel, el 18 de marzo, la hija de la vendedora visitó a Moisés Valdiviezo Ocampo en su hotel y le dijo que si quería dejar de tener más problemas que la casa estaba valorada en 2 millones 500 mil pesos y por tanto debía dar la diferencia. A lo que el empresario se negó.

Más tarde, les cayó un citatorio de la Procuraduría General de la República (PGR) por una denuncia anónima hecha por internet de que supuestamente en esa misma dirección los ocupantes estaban implicados en el narcotráfico y el crimen organizado. Tras pasar las aclaraciones y el cateo de rigor pudieron librar esa denuncia.

No conforme con ello, el pasado 2 de mayo, con la influencia de Luis Manuel García Moreno, según había advertido su esposa Xiomara López Zenteno, les cayó un operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para supuestamente restituir la propiedad a la señora María Luisa Zenteno Díaz.

Decenas de uniformados cerraron la calle y fueron intimidados hasta con policías antimotines los hermanos Valdiviezo Ocampo.

Moisés Valdiviezo, su esposa y sus hermanos, acudieron ya al Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para interponer la queja.

Y el pasado jueves presentaron una demanda penal contra Luis Manuel García Moreno por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y los que resulten.

La denuncia penal también cita a otros servidores públicos como Rogelio Estrada Helería, José Antonio Albores Pascacio y Raúl Antonio López Nájera, así como contra la vendedora del inmueble y sus dos hijos por el despojo del que fueron víctimas.

Los agraviados pidieron la intervención inmediata del gobernador Manuel Velasco Coello, para parar la represión que han venido sufriendo y el despojo del que fueron víctimas.

“No es posible que un funcionario público que ostenta el cargo de un instituto que se supone debe proteger a la ciudadanía como lo es protección civil y utilice su cargo para perseguir, amedrentar, reprimir, humillar, crear falsos delitos y denuncias graves contra cualquier ciudadano que no se someta a sus arbitrariedades para conseguir sus logros personales, utilizando en todo momento las instituciones de justicia y los cuerpos de policía y seguridad”, dijeron los hermanos en conferencia de prensa.

“Nosotros siempre hemos actuado dentro de la legalidad, pero tememos que nos sigan prefabricando más delitos, a lo mejor el gobernador no está enterado de esto, por lo que pedimos su intervención, ya que este asunto implica directamente a sus colaboradores, esos funcionarios públicos que están haciendo mal uso de su poder, son funcionarios del sexenio pasado y creemos que estos son tiempos nuevos, tiempos de cambio con esta nueva administración”, concluyeron.

Comentar este artículo