Las víctimas… víctimas de la simulación

El operativo de diciembre de 2009 en Cuernavaca. Foto: Margarito Pérez
El operativo de diciembre de 2009 en Cuernavaca.
Foto: Margarito Pérez

Pese a las argucias de la Sedena y la Semar, y la complacencia del ómbudsman nacional, familiares de dos jóvenes tabasqueños ejecutados a finales de 2010 y de otro civil muerto en Cuernavaca por marinos en diciembre de 2009 no cesan de pedir justicia. Entrevistados por Proceso, ellos y sus abogados narran la cadena de absurdos, insensibilidades y trampas con las cuales las autoridades han tratado sus casos, y reiteran su decisión de no conformarse con las indemnizaciones que les ofrece el gobierno federal, porque eso, dicen, es ofensivo. De ahí su clamor: “Queremos justicia, no simulación”.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico alertan sobre las fallas de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto para atender los yerros de las Fuerzas Armadas y acusan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de avalar las omisiones de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los padres de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román –acribillados en noviembre de 2010 en Tabasco por un convoy mixto de fuerzas castrenses y policiales– se quejan porque, arguyen, las exigencias de justicia, así como el reconocimiento público de los abusos cometidos en acciones armadas y las garantías de no repetición, no están contemplados en el esquema de reparación de daños.

Lo mismo dice Andrea Martínez, la esposa de Ignacio Aguilar Rodríguez, el dueño de una tortillería que murió durante el operativo de los marinos el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, contra el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

En entrevistas por separado, los familiares de las víctimas narran su calvario e insisten: no aceptarán que la justicia se reduzca sólo a una indemnización económica, como lo pretenden las autoridades federales con la complacencia del ómbudsman nacional.

Andrea Martínez Jaimez manifiesta su inconformidad porque, dice, la recomendación de la CNDH relativa al asesinato de su cónyuge cuando caminaba por las inmediaciones del edificio Altitude, donde fue ultimado el capo (la 72/2010), ya fue “cumplida” según la comisión.

“Los de la CNDH me dijeron que el gobierno federal había dispuesto un dinero, que lo agarrara antes de que se fuera Calderón, porque cuando llegara Peña Nieto no iba a tener nada”, narra Andrea mientras se seca las lágrimas.

Madre de dos hijos –una adolescente de 17 años y un pequeño de nueve–, Andrea demostró la inocencia de su esposo, a quien los medios de comunicación presentaron como uno de los pistoleros de Beltrán Leyva. Y cuando pidió la intervención de la CNDH para conseguir becas escolares y atención médica y psicológica para sus hijos y sus suegros, le pidieron conformarse con lo que la dependencia le ofreciera.

En junio de 2012 fue citada por la Semar: “Me hicieron firmar un documento para dividir la cantidad (la indemnización) en dos, porque –dice– Nacho tenía dos hijas mayores.

“Cuando fui les dije que mi esposo se merecía una disculpa pública para que la gente supiera que era una buena persona; les pedía aceptar su error. Insistí en que Nacho se merecía un comunicado aclaratorio, similar al que sacaron cuando murió y en el cual lo hicieron pasar como sicario. Me dijeron que no lo podían hacer”, relata.

Aún se muestra indignada pues, dice, “lo grave no sólo es la muerte de Nacho, sino hacerlo pasar como sicario. Yo he sentido mucho coraje, más cuando te dicen que justicia no se puede pedir porque no saben quién lo ejecutó”.

Semanas antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, recuerda Andrea, personal de la Semar se presentó en su casa y tras auscultar a sus hijos le hicieron firmar un documento en el cual acreditaba que los menores habían recibido atención psicológica “en cumplimiento a la recomendación de la CNDH”. Con eso pretendieron dar por concluido el asunto, asegura.

Recientemente un grupo de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) fue a su domicilio a informarle que la muerte de su esposo sería investigada. No les creyó.

El año pasado, dice, vio morir a su suegro, “seguramente por la tristeza”; además, su hija fue operada de un quiste hemorrágico y a su niño le detectaron un tumor en el pecho que, le explicaron los médicos, no le pueden atender en el Seguro Popular.

Su pequeño es quien más le preocupa. Asmático de nacimiento, el menor presentó crisis severas después del crimen de su padre, a quien estaba muy apegado. Desde entonces ha sido sometido a tratamientos psicológicos y tanatológicos solventados con los recursos de la familia.

“Le tiene miedo a los soldados. Cuando los ve dice que ellos mataron a su papá y nos van a matar también a nosotros. Él quiere morirse para estar con su papá. Su doctora nos sugiere no dejarlo solo, porque es capaz de hacerse daño.

“Cuando recibí el dinero de la Marina me dio tanta tristeza, porque mi familia está destruida y nada me va a devolver a Nacho”, expone Andrea mientras se enjuga las lágrimas.

 

Contra el “esquema ranchero”

 

Desde el 14 de noviembre de 2010, cuando los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román fueron asesinados por un comando de militares, marinos y policías federales y estatales en Jalpa de Méndez, Tabasco, sus padres, Víctor Manuel Chan Uicab y Ramón Pérez Hernández, no han dejado de pedir justicia.

Asesorados por los abogados Rosendo Valenzuela Martínez, presidente del Movimiento Ciudadano Somos Más, ambos movilizaron a la población la misma noche del crimen para desactivar el operativo de las Fuerzas Armadas que pretendían sembrar armas a los cadáveres de Víctor Manuel y Ramón.

Luego, con ayuda del abogado Silvano Cantú, impulsor de la Ley General de Víctimas, consiguieron reactivar la averiguación previa que abrió la PGR en contra de los presuntos responsables (Proceso 1868). En noviembre de 2012, la procuraduría consignó la averiguación previa ante un juez federal.

Al mes siguiente, seis marinos, dos soldados, un policía ministerial y un agente de seguridad pública estatal fueron a prisión, acusados de homicidio doloso y abuso de autoridad. Además, otras 16 personas, entre ellas siete soldados, están siendo procesadas por abuso de autoridad, daño en propiedad ajena y encubrimiento por favorecimiento.

Los esfuerzos de los tabasqueños se toparon con “el esquema ranchero” de la Sedena y la Semar, avalado –dicen– por la CNDH. También critican a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, de “carecer de la sensibilidad, los conocimientos y la altura para hacer valer la Ley de Víctimas y los acuerdos internacionales de los que México es parte”, dice el abogado Valenzuela Martínez en entrevista.

Ambas dependencias fueron responsabilizadas de las muertes de los dos jóvenes de Jalpa de Méndez, señala, por lo que se les recomendó resarcir daños materiales y psicológicos a los familiares.

No obstante, admite que “eso tiene que ser con base en normas internacionales, pues implica la reparación integral del daño causado, incluyendo medidas de rehabilitación y de satisfacción; medidas de no repetición, indemnización compuesta por el daño material, inmaterial, lucro cesante, daño emergente y daño al proyecto de vida”.

Don Víctor Chan acota: “La CNDH nos dijo que agarráramos el dinero que nos ofrecían. Nosotros les decíamos que no se trataba de eso. Insistimos: no podemos darnos por satisfechos así nomás, pues se trata de un asunto de justicia. En todo caso, para empezar, la Marina y la Sedena tenían que cubrir nuestros gastos funerarios, que eso no era reparación de daño; les reiteramos nuestra inconformidad por su intención de cerrar el caso con esas acciones”.

Sólo por gastos funerarios, dice don Víctor, desembolsó más de 1 millón de pesos; don Ramón Pérez gastó 490 mil pesos.

Don Víctor y el abogado Valenzuela Martínez cuentan que, en su afán por avalar a la Semar y la Sedena, visitadores de la CNDH buscaron a personas que sí aceptaran los recursos ofrecidos por la Marina.

Con el aval de la comisión, insisten, se le entregaron fondos federales a Alejandra Valenzuela, quien se divorció de Chan Javier un año antes de su asesinato, aun cuando no tuvo hijos con él –“ni siquiera fue al funeral”, puntualiza el abogado–.

También coaccionaron a doña Guadalupe Román, madre de Ramón Pérez, pese a que no vivía con él porque estaba divorciada de don Ramón; ella “nunca exigió justicia para su hijo”, agrega Valenzuela Martínez.

La Semar entregó los recursos a las “beneficiarias” el 9 de octubre de 2012. Por eso, cuando el 28 de noviembre de 2012 los padres de las víctimas y sus abogados fueron a la CNDH, les dijeron que ya les habían pagado.

Ese día, el maestro Silvano Cantú le preguntó al segundo visitador, Marat Paredes, cuáles fueron los criterios para fijar el monto; no supo contestar, resalta Valenzuela.

Y como los padres de los dos jóvenes tabasqueños insistieron en que se les cubrieran los gastos funerarios, tal como se había comprometido personal de la Sedena, el representante de la dependencia, Antonio Mendoza Sánchez, exigió documentos con validez fiscal.

Con el gobierno de Peña Nieto, los padres y abogados de los jóvenes insistieron en que su proyecto de reparación fuera considerado. El 2 de abril, por intermediación del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se reunieron con Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Fue una reunión terrible. Mientras estábamos exponiendo, ella jugaba con su celular. Le mencionamos la Ley General de Víctimas y no sabía de qué le estábamos hablando. Agarró un teléfono rojo y se puso a platicar al parecer con uno de la CNDH. No queremos volver a tratar con esa señora”, cuenta don Víctor.

Tres semanas después, el 24 de abril, fueron convocados nuevamente a Gobernación, a una reunión que encabezó Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Y aunque hubo “sensibilidad y conocimiento de lo que plantemos”, la Sedena no cambió su posición, dice el abogado Valenzuela.

A ese encuentro acudió también el representante de Províctima, Antonio Pérez Bravo, quien recordó que en Durango el Ministerio Público dio fe de la validez de comprobantes entregados por familiares de víctimas en un caso en el cual estuvo involucrado el Ejército.

Dice Valenzuela: “Estamos en un impasse. En materia de derechos humanos la Sedena y la Semar tienen el mismo estilo que en el sexenio pasado; es la misma vaca, pero ordeñada. Quieren recurrir al esquema ranchero de pagar un dinero y con eso bloquear a los familiares de las víctimas”.

Y aun cuando no ceja en su demanda de justicia, don Víctor pone sus condiciones: “Ya no queremos hablar con Lía Limón, queremos que sea el secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong quien nos atienda; queremos alguien con poder de decisión. Queremos justicia en serio, no simulación”.

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