Reclusas viven doble condena: sin derechos ni oportunidad de rehabilitación

Una mujer embarazada en el penal de Santa Martha. Foto: Benjamin Flores
Una mujer embarazada en el penal de Santa Martha.
Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó “serias violaciones” a las garantías de las mujeres recluidas en 79 cárceles del país –69 mixtas y 10 femeninas–, de acuerdo con el Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana.

El estudio destaca que de 1997 a abril de 2013 se registró un crecimiento de 175.04% de la población femenil en los centros de reclusión, con 11 mil 901 internas, cifra que representa 4.8% del total de las personas recluidas en México.

Según el organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva, al representar una proporción minoritaria de la población total en prisiones, las mujeres se encuentran en desventaja, ya que “la infraestructura, organización y funcionamiento de los establecimientos de reclusión han girado en torno de las necesidades de los hombres”.

El documento de la CNDH da cuenta de la ausencia de una política de reinserción social con perspectiva de género, pese al permanente crecimiento de la población femenil en las prisiones de tal manera que de los 418 centros de reclusión que hay en el país, sólo 10 están destinados exclusivamente a mujeres, y a escala federal sólo dos son considerados para internas.

En los espacios penitenciarios dedicados a las mujeres, destaca, prevalece una sobrepoblación que oscila del 12% al 97%. Tal es el caso del Centro de Readaptación Social Femenil de Aguascalientes y el Centro Preventivo de Reclusión Femenil de Guadalajara.

En 69 reclusorios, añade, hay población mixta, y en 47 de ellos existe un régimen de autogobierno, “lo que pone en riesgo la seguridad e integridad de las mujeres internas y la del personal”.

Con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, el informe de la CNDH indica que de las 11 mil 901 mujeres encarceladas hasta abril de este año, 74.27%  (8 mil 839) estaban en prisión por delitos del fuero común.

De ellas, 4 mil 532 fueron procesadas y 4 mil 307 purgaban una sentencia. Respecto de las 3 mil 62 internas que tenían cargos federales (25.72% del gran total), mil 728 estaban bajo proceso y mil 334 ya habían sido condenadas.

De acuerdo con el documento de la CNDH, de las más de 11 mil mujeres en prisión, sólo 35.19% (4 mil 189) estaban recluidas en centros específicos para mujeres, mientras que el resto, es decir 64.80% (7 mil 712), se encontraban en centros mixtos.

El informe resalta que en los penales hay 290 indígenas de 27 grupos étnicos, y detalla que del total de esas mujeres internas, 236 fueron recluidas por delitos del fuero común y 54 del fuero federal. Del primer grupo, 85 mujeres están siendo procesadas y 151 ya fueron sentenciadas. Del segundo grupo, 26 tienen procesos abiertos y 28 ya fueron condenadas.

Según los datos oficiales retomados por la CNDH, hasta noviembre de 2012 en las diversas cárceles donde hay mujeres internas se encontraban 377 menores viviendo con sus madres en prisión, mientras que 48 más estaban embarazadas.

Entre las principales anomalías detectadas por el organismo en la visita a los 69 centros penitenciarios mixtos y los 10 especializados, destaca que de manera generalizada las mujeres no tienen garantías de “una estancia digna, segura y separada de los hombres, como establece nuestra Constitución”, sobre todo en las áreas de ingreso, observación y clasificación.

Al analizar las quejas presentadas por las internas, 50 de ellas del penal del Centro Federal Femenil  Noroeste de Tepic, Nayarit, la CNDH concluye que aquellas “no tienen acceso a los servicios médicos ni a las instalaciones, como patio, aulas, talleres y áreas deportivas”.

En los centros mixtos “la atención médica es deficiente, puesto que no existen instalaciones específicas para mujeres, ni personal médico especializado, ello implica que las mujeres sean atendidas, si es el caso, en el mismo lugar que los varones”, deficiencias que también son padecidas por los menores que viven con sus madres en prisión, advierte el organismo.

En el documento, el ombudsman nacional resalta que en los centros penitenciarios mixtos “no se garantiza el respeto al debido proceso en la imposición de correctivos disciplinarios, las sanciones no se notifican por escrito e inclusive contemplan la suspensión de la visita íntima como medida correccional”.

Sobre las denuncias recabadas por la CNDH entre presas, resalta que son obligadas a despojarse de su uniforme y permanecer en ropa interior “frente a los oficiales” cuando se realizan cateos o revisiones en los centros penitenciarios, o bien cuando acuden a juzgados.

Raúl Plascencia Villanueva formuló nueve recomendaciones a 31 gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como al comisionado de Seguridad Nacional, a fin de corregir las fallas estructurales en el sistema penitenciario que afectan los derechos y dignidad de las mujeres presas, pero también de los menores que permanecen con ellas en los distintos centros de reclusión.

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