Finlandia: Rumbo al parlamento la “Ley Snowden”

El excontratista de la NSA, Edward Snowden. Foto: AP / The Guardian
El excontratista de la NSA, Edward Snowden.
Foto: AP / The Guardian

BRUSELAS (apro).- “Básicamente los políticos finlandeses nos han dicho que no pueden hacer nada contra el espionaje estadunidense del programa PRISM. Con el lanzamiento de nuestra propuesta legislativa queremos mostrar que, con suficiente voluntad política, sí es posible proveer a los ciudadanos de una mejor protección contra la excesiva vigilancia en Internet y también para proteger en nuestro país a los informantes como Edward Snowden”, señala a Apro Ville Oksanen, vicepresidente de Electronic Frontier Finlandia (Effi), una organización independiente que defiende la libertad de expresión y la privacidad en Internet.

El pasado lunes 8, Effi arrancó una campaña para recabar en los próximos seis meses 50 mil firmas de ciudadanos finlandeses que apoyan la llamada Ley Snowden. De lograrlo, el Parlamento nacional tiene la obligación de introducirla a discusión y luego rechazarla o aceptarla en un procedimiento de votación, tal como lo estipulan las leyes de ese país nórdico.

“Llevamos cerca de 2 mil firmas de apoyo recogidas. Pero precisamente ayer (martes 23) nuestra primera iniciativa, que lanzamos hace seis meses, alcanzó las 50 mil. Por eso tenemos mucha confianza en que vamos a lograr las firmas que requerimos”, comenta Oksanen, quien se refería a la propuesta Common Sense for Copyright, que exige la eliminación en la ley de las estrictas penas que actualmente existen en Finlandia contra los internautas que intercambian archivos por internet sin fines comerciales.

Edward Snowden, el extécnico de la CIA y contratista de la Agencia de Seguridad Nacional que reveló públicamente la existencia del programa de vigilancia digital internacional PRISM del gobierno estadunidense, solicitó el asilo político, como a muchos otros países, a Finlandia, cuyas autoridades alegaron que sólo podía solicitarlo si se encontrara sobre suelo finlandés.

Las secciones juveniles de la Liga Verde Finlandesa y de la Alianza de Izquierdas, ambos parte del gobierno federal, se manifestaron desde un principio a favor de que el país le concediera asilo político a Snowden.

El ministro verde de Medio Ambiente, Ville Niinistö, declaró el 16 de junio al diario Helsingin Sanomat que el estadunidense “sí podría obtener el asilo en Finlandia”, aunque también precisó que aquel “tendría que llenar todos los requisitos”. En los mismos términos se expresó el líder de la Alianza de Izquierdas, Paavo Arhinmäki.

A raíz de las declaraciones de Niinistö, que también es presidente de la Liga Verde Finlandesa, la vicepresidenta del mismo partido escribió en su blog el 2 de julio: “Señor Snowden, Finlandia tiene la frontera más cercana con Rusia (él ya se encontraba en Moscú), y nosotros, los verdes finlandeses, le damos la bienvenida aquí”.

Además, recogió el mensaje de Niinistö, en el sentido de que el asunto del espionaje estadunidense es “tan amenazante globalmente que sentará un precedente para futuros debates y prácticas sobre protección de datos y libertad de expresión”.

No obstante, ese abierto apoyo a la causa de Snowden disgustó al presidente finlandés Sauli Niinistö, sobre todo después de que otra ministra verde, la de Desarrollo Internacional, Heidi Hautala, afirmara que el informante de 30 años sí cumplía con los requisitos para obtener el asilo en el país.

Sauli Niinistö estalló, y el pasado miércoles 3 declaró en la prensa de su país que Hautala había “sobrepasado los límites” que se imponen a una ministra, pues ella, aseguró, no es la persona indicada para opinar en torno al caso Snowden, ya que las suyas, acusó, no eran otra cosa que puras “interpretaciones personales” sin conocimiento en la materia.

 

Las reformas

Bajo el eslogan Yes We Can-La ley para salvaguardar internacionalmente la libertad de expresión y la privacidad, la llamada Ley Snowden que propone Effi y que también fue sometida al Ministerio de Justicia, plantea tres reformas legislativas.

Por un lado, agrega nuevos artículos en el Código Penal que criminalizan “el espionaje o el espionaje agravado de ciudadanos”, “incluso fuera de Finlandia”, y eleva esos delitos al grado de “crímenes universales”.

De acuerdo con el contenido de la iniciativa, cuya copia obtuvo esta agencia, la persona que viole o que intente violar “el derecho a la privacidad o a la confidencialidad de las comunicaciones” de cualquier ciudadano será castigado con una pena de entre cuatro meses y cuatro años de prisión. Las empresas que participen en tales actividades ilegales podrían ser condenadas a pagar una multa equivalente a 25% de sus ingresos totales a nivel internacional.

Oksanen explica que, “obviamente, las penas no serían ejecutadas en el país que realice el espionaje”, pero que sus perpetradores no podrían viajar si existe una orden de arresto en su contra emitida por Finlandia y aplicada por Interpol.

Por otro lado, la iniciativa propone reformar la Ley sobre Privacidad en las Comunicaciones Electrónicas, de tal modo que se extienda considerablemente la obligación de las autoridades y de las compañías de telecomunicaciones de reportar públicamente la recopilación de información masiva sobre los ciudadanos, su almacenamiento y las prácticas de su utilización.

Effi subraya que actualmente el Ministerio del Interior de Finlandia sólo comunica esos datos a la Comisión Europea, mientras que las empresas no están sujetas a ninguna rendición de cuentas en la materia.

A ese respecto, el Servicio Finlandés de Inteligencia y Seguridad acogería de manera favorable que las autoridades extendieran sus facultades de espionaje, de modo que sus agentes puedan intervenir todas las comunicaciones telefónicas y el tráfico en Internet sin una orden judicial de por medio, como en Estados Unidos, según sostuvo el director del organismo, Antti Pelttari, en declaraciones al servicio público de noticias Yle el 20 de junio.

El último paquete de modificaciones que propone Effi se refiere a la Ley de Extranjería, que en su versión vigente obstaculiza los procedimientos de demanda y obtención de asilo político, que no es posible sin la presencia física del solicitante en territorio finlandés o ante la carencia o invalidez del pasaporte y de otra documentación oficial del mismo.

En la iniciativa ciudadana, que no sería aplicable al caso de Snowden, se estipula que “un permiso de residencia (en Finlandia) no puede ser rehusado (por las autoridades locales) si el extranjero” que lo solicita reveló información importante al público sobre violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cometidas por Estados o personas legales, y por esa razón es perseguido.

El presidente de Effi, Timo Karjalainen, remarcó que si bien el paquete legislativo que propone su organización “no ayudaría directamente” al caso de Snowden, seguramente casos similares ocurrirán de nuevo y, por eso, es importante desde ahora ajustar la ley”.

Además, Finlandia obtendría el liderazgo mundial en la custodia de los derechos digitales y la privacidad, lo que le ofrecería también un alto potencial comercial con el hospedaje de los llamados “servicios en la nube” (a través de Internet), expone Karjalainen en un comunicado del pasado miércoles 17, agregando que los suscriptores de esos servicios “ciertamente quieren evitar los países donde la vigilancia es una práctica desenfrenada”.

De conseguir el número de firmas requeridas, la llamada Ley Snowden se desahogará como cualquier otra propuesta legislativa proveniente del gobierno finlandés, afirma Oksanen en la conversación telefónica desde Helsinki, y precisa que los correspondientes comités del Parlamento tendrán que organizar audiencias públicas para debatir el asunto. De ese proceso resultaría un reporte que sería sometido a una votación parlamentaria.

“El Parlamento es libre de rechazar nuestra iniciativa, cambiar cualquier aspecto de ella o aceptarla directamente en su versión original. Pero en caso de que voten un ‘sí’, la iniciativa indudablemente se convertirá en una ley”, expone el vicepresidente de Effi, en cuya propuesta se fija el 6 de diciembre próximo como una posible fecha de su entrada en vigor.

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