En Michoacán, mucha fuerza, nula estrategia

El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, insiste en que la  gobernabilidad de ese estado no está en riesgo. Pero la realidad lo desmiente: la semana pasada la violencia llegó a su clímax, pues hubo 42 ejecuciones en municipios de la sierra, la Costa y Tierra Caliente. De muy poco han servido los militares y policías federales enviados por Enrique Peña Nieto en mayo pasado a la tierra controlada por el cártel de Los Caballeros Templarios y sus rivales. “Queda en evidencia que la estrategia en seguridad para el estado simplemente no existe”,  advierte un dirigente político de oposición.

 

 

APATZINGÁN, MICH.– En el centro de esta ciudad, cuna de la primera Constitución del país, es frecuente ver a jóvenes enjoyados y con lentes de marca conducir sus lujosos Mercedes Benz deportivos. Circulan también por las calles aledañas camionetas con cristales ahumados de cuyo interior escapan estruendosos acordes de música de banda norteña, así como muchos jóvenes montados en motonetas.

Por las noches ellos son los dueños del entorno, considerado el núcleo de Los Caballeros Templarios. Esto lo saben el gobierno federal y el estatal, dicen al reportero agentes de inteligencia de la entidad que piden el anonimato. Incluso, dicen, ya ubicaron a los cabecillas del grupo, quienes se esconden en un búnker de una montaña conocida como El Jabalí, en el paraje de Rancho Seco, entre los municipios de Aguililla y Coalcomán, en la Sierra Madre Sur Occidental,

“A ello se deben los enfrentamientos de la semana pasada en esta región. Desde hace tiempo los militares y los policías federales han venido cercando a Los Caballeros Templarios desde la costa colindante con Jalisco y Guerrero y en tierra caliente, hacia Colima”, aseguran a Proceso los funcionarios entrevistados.

Asignado a la región de Aguililla, que figura entre los principales bastiones de dicho grupo, uno de los informantes insiste: “Ellos (las autoridades federales y estatales) saben perfectamente dónde están. No entendemos por qué no agarran a los líderes”.

La semana anterior Michoacán vivió la jornada más violenta de diciembre a la fecha. Y aunque el presidente Enrique Peña Nieto envió a 8 mil efectivos de la Policía Federal (PF) y el Ejército, el estado es presa de grupos del crimen organizado como Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.

En dos días la violencia cobró 29 vidas, entre ellas las de cuatro agentes de la PF en los municipios de Los Reyes, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Aquila, Ciahuayana y Buena Vista Tomatlán. Los siete ataques de Los Templarios a los convoyes de los agentes federales podrían ser un mensaje de esta banda al gobernador interino Jesús Reyna, quien permanecerá seis meses más al frente del gobierno, pues el titular, Fausto Vallejo, pidió licencia a causa de su enfermedad.

“Lo estarían obligando a reconocer los territorios que tienen bajo su control: ‘Aquí estamos y no nos han acabado’, sería el mensaje”, dice uno de los entrevistados. Otra explicación es la lucha de Los Caballeros Templarios con sus rivales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes le disputan la región de la costa y tierra caliente desde principios de 2012.

Según otro agente, las autoridades federales cuentan con el apoyo de Estados Unidos para la persecución de Los Caballeros Templarios; incluso, comenta, pusieron a su disposición aviones no tripulados para detectar el sitio donde se está atrincherado Servando Martínez, La Tuta, con su ejército de sicarios.

En cuanto a Enrique Plancarte, el otro líder de la organización, se le ha visto en Morelia. E insiste: “Si ya saben donde están, no entendemos por qué no los detienen”.

Para los dos agentes, entrevistados por separado, los ataques de Los Templarios son un desafío a la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto  para combatir al crimen organizado.

 

La crisis de gobernabilidad

 

En el Congreso local, los diputados del PAN y el PRD coinciden en que la entidad atraviesa por una crisis de gobernabilidad. Para ellos, la violencia se disparó cuando el gobernador Vallejo pidió licencia y en su lugar quedó Jesús Reyna. Pero fue la semana pasada cuando llegó a su clímax: 42 ejecuciones en municipios de la sierra, la costa y tierra caliente.

El lunes 22, el Congreso concedió una segunda licencia a Vallejo por motivos de salud, esta vez por seis meses. Ese día, en el municipio de Los Reyes, sicarios de Los Caballeros Templarios atacaron una manifestación pacífica frente al palacio municipal. Murieron cinco personas.

Horas después se desataron otros actos de violencia en varios puntos de las poblaciones colindantes con Jalisco y Colima. La zona de la costa es estratégica para el trasiego de la droga a los Estados Unidos por sus carreteras, que conectan con los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Y aunque tropas de las secretarías de la Defensa (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar) también participan en los operativos de vigilancia desde mayo pasado, los ataques de la banda criminal se enfocaron a los convoyes de la PF.

Según fuentes del gobierno estatal consultadas, no se entiende por qué los militares no acudieron en apoyo de los policías. “Eso muestra las diferencias entre estas agrupaciones y la falta de coordinación”, comenta uno de los entrevistados.

En dos días –el martes 23 y miércoles 24–, los sicarios atacaron en siete ocasiones a los federales. De acuerdo con las fuentes de inteligencia, la logística era militar: algunos grupos se colocaron en sitios claves desde donde disparaban con armas de alto poder de manera escalonada para dar tiempo a que los agentes huyeran; mientras, otros bloquearon la carretera Siglo XXI que comunica Morelia con Lázaro Cárdenas para impedir la llegada de refuerzos para apoyar a las fuerzas federales.

El mismo martes 23 por la noche, la Comisión Nacional de Seguridad informó: “Los ataques fueron planeados con anticipación” y en ellos participaron hombres con armas largas, ocultos en los cerros en dos tramos del camino Tumbiscatío-Arteaga, en el poblado Puerto el Mamey, en la zona del Aguaje, en la comunidad del Infiernillo; en el poblado El Carrizo, y en Coahuayana, cerca de Pichilinguillo.

Y aunque el comunicado de la dependencia mencionó 20 civiles muertos, no se difundieron fotografías ni imágenes de las víctimas ni se proporcionaron sus nombres. Por su parte, representantes del gobierno estatal dijeron ignorar si los muertos fueron trasladados a la Ciudad de México.

La violencia no sólo se desató en la costa. El lunes 22 un grupo armado asesinó a cinco personas que participaban en un mitin frente al palacio municipal de Los Reyes, exigiendo mayor seguridad.

El dueño de uno de los negocios aledaños relata: Un grupo de policías municipales vigilaba el mitin, pero al ver a los sicarios se fue. “Los abandonaron”, comentó.

El gobernador interino, Jesús Reyna, declaró que el grupo de autodefensa de Los Reyes es apoyado por su similar del municipio de Buenavista y, según fuentes oficiales, este último recibe apoyo del CJNG, por lo que la agresión a los manifestantes fue un mensaje de Los Caballeros Templarios de que no cederán su terreno.

El miércoles 24 se perpetró otro ataque en el municipio de Aquila. Un grupo cuyos integrantes vestían playeras con la leyenda “Por un Aquila Libre” e iban encapuchados tomó durante varias horas la presidencia municipal; incluso desarmó y encerró a los policías municipales y se declaró policía comunitaria. Y aunque efectivos del Ejército y la Marina llegaron al lugar, los comunitarios se negaron a entregar las armas.

La inseguridad alcanzó a la capital. La noche del miércoles 24 cinco sujetos armados irrumpieron en el casino Yak, ubicado en la plaza Morelia, una de las más concurridas. Arrojaron bombas molotov y tras despojar de sus pertenencias a los jugadores se llevaron una parte de las apuestas de ese día. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Reyes, comentó que se fortalecería la vigilancia en los accesos de las zonas poblacionales.

El gobernador Jesús Reyna insiste en que no hay riesgo de ingobernabilidad. Los ataques de los grupos del crimen organizado, expresó, son “una reacción de la delincuencia ante la fuerte presencia y contundencia de las fuerzas federales en la región. Los hechos delictuosos son esos, y existen leyes para investigar y sancionarlos. La gobernabilidad es más que eso y no está en riesgo”.

El PAN y el PRD criticaron a Reyna y cuestionaron la efectividad de la estrategia del gobierno federal con el envío de miles de agentes de la PF y de la Sedena a las zonas de Tierra Caliente y la costa.

“Repruebo la estrategia que han seguido las instituciones para combatir la delincuencia. Ahora no sólo es en mi distrito (Coalcomán) o la región de Tierra Caliente. Ya no se puede tapar la situación con un dedo porque la realidad es cruda, triste y lamentable, pues no deja de ser doloroso que hay pérdidas humanas”, dijo el diputado perredista Osbaldo Esquivel Lucatero.

Víctor Báez, líder estatal del PRD, comentó: “Queda en evidencia que la estrategia en seguridad para el Estado simplemente no existe. No hay objetivos específicos, no hay operativos, no hay detenciones ni aseguramientos”.

El coordinador del grupo legislativo del PAN en la entidad, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que no está funcionando la estrategia de las fuerzas federales. La secretaria general de ese partido, Cecilia Romero Castillo, habló de la posibilidad de declarar la “desaparición de poderes” en Michoacán y propuso aumentar el número de efectivos federales para garantizar la seguridad de los habitantes del estado.

Entrevistada el miércoles 24 en la Ciudad de México, Romero Castillo expuso: “Es muy interesante que se analice esto. E insisto: a la luz del pacto federal (debemos saber qué está sucediendo) en Michoacán y hasta qué punto se justifica una intervención específica que pueda llegar a una desaparición de poderes, pero no podríamos decir nada sin antes hacer un análisis de tipo legal”.

 

Estrategia fallida

 

El 11 de diciembre de 2006, con el Operativo Conjunto Michoacán, Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado y lanzó el Ejército a las calles. Apenas tenía 10 días en Los Pinos. Hoy el fracaso de la estrategia calderonista es más que evidente: más de 6 mil muertos en su estado natal.

Siete años más tarde, el 19 de mayo último, su sucesor, el priista Enrique Peña Nieto, lanzó una nueva cruzada para “recuperar Michoacán” y envió 6 mil efectivos de la Sedena y de la Policía Federal a la región de Tierra Caliente, a los que ahora se suman 2 mil, desplegados en la zona de la costa.

Hasta ahora no se ha detenido a ninguno de los jefes del cártel de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana ni del CJNG; menos aún ha disminuido la inseguridad en Michoacán.

El diputado perredista Osbaldo Esquivel asegura que cada 15 días abandonan sus hogares en Tierra Caliente entre 30 y 40 personas, donde policías federales y soldados vigilan las carreteras.

El propio gobierno michoacano lo admite: ni uno solo de los 113 municipios del estado está a salvo de la inseguridad y la violencia. El de Los Caballeros Templarios es el grupo predominante, pues controla  40% de los municipios; el resto lo tienen La Familia Michoacana y el CJNG.

“En cualquier momento va a estallar la violencia en todo el estado; la gobernabilidad está sostenida con alfileres, porque además ya son 28 las comunidades indígenas de 11 municipios donde hay policías comunitarias con armas de alto poder.

“También hay 10 grupos de autodefensa ciudadana y otros tantos de guardias blancas pagados por el crimen organizado en una decena de municipios. Esto puede explotar en cualquier momento”, asevera el funcionario de inteligencia con base en un documento confidencial de “diagnóstico situacional”.

La inseguridad en el estado ha crecido tanto que en su capital, en Morelia han cerrado calles ciudadanos organizados en grupos de autodefensa, indica. Lo mismo ocurre en Uruapan, Hidalgo, Zamora, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Jiquilpan y Tacona, insiste el entrevistado.

El jueves 25, a su regreso de una gira por Veracruz, Peña Nieto admitió que el crimen organizado ha avanzado en Michoacán: “Ha habido espacios que se han dejado o que ha ganado, lamentablemente, el crimen organizado; por eso tenemos el operativo que comenzó hace varias semanas. Tiene el propósito, precisamente, de lograr una recuperación territorial de la zona”.

Admitió también que las bandas criminales de Michoacán ya están en otras entidades vecinas, como Guerrero y el Estado de México.

“Todo esto está en el marco del análisis, del diagnóstico, y a partir de la estrategia que estamos instrumentando debe llevarnos a atender todos estos fenómenos con sus derivaciones… pero creo que lo importante es lograr el debilitamiento de estas fuerzas delincuenciales; creo que vamos avanzando”, añadió Peña Nieto.

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