Michoacán, la emergencia; el DF, el reto

Uno de los camiones utilizados por sicarios para bloquear una de las carreteras en Michoacán. Foto: Octavio Gómez
Uno de los camiones utilizados por sicarios para bloquear una de las carreteras en Michoacán.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- La delincuencia organizada ya agotó su periodo de gracia hacia Enrique Peña Nieto. Aunque el presidente había pedido a la ciudadanía un año para que lo evaluara en materia de seguridad, algunos grupos delictivos se adelantaron y se encuentran en una nueva fase de enfrentamientos para participar de la manera más ventajosa en la multimillonaria economía subterránea.

Michoacán es por ahora el caso extremo y reto inmediato del gobierno de Peña Nieto. Pero el mayor desafío es la Ciudad de México, que después de casi una década de violencia en casi todo el país se había mantenido relativamente ajena a la disputa violenta.

El asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la Octava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, el domingo 29 de julio en el municipio de Churintzio, Michoacán, es hasta ahora el golpe más severo sufrido por las Fuerzas Armadas a manos de la delincuencia organizada.

Considerada oficialmente como una negligencia del vicealmirante por haber tomado un camino secundario, la ejecución pretende ser minimizada por el gobierno de Peña Nieto, que no quiere que se le vea como una grave baja en acción a manos de la delincuencia organizada.

El golpe de Los Caballeros Templarios ya está dado y ocurrió en momentos de franca confrontación de esa organización delictiva con el gobierno de Peña Nieto, acosado también por la proliferación de civiles armados en el estado. Se trata de una emergencia para un gobierno que a ocho meses de haber iniciado no acaba de definir cómo va a enfrentar a la delincuencia organizada.

La respuesta del federal hasta ahora ha sido la de repetir la estrategia de reacción del gobierno de Felipe Calderón, cuyo paso en la Presidencia de México ya quedó oficialmente marcado como el más violento en el país en tiempos recientes: 121 mil 683 homicidios en el país, a razón de una tasa de 22 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.

Pero una amenaza con consecuencias más graves todavía es lo que puede ocurrir en el Distrito Federal, que aun antes de que se desbordara la violencia en el país ya era asiento temporal y de negociación de las diferentes organizaciones. De ahí no pasaban.

En años recientes, la capital del país ha comenzado a ser envuelta por la violencia de la delincuencia organizada. Comenzó por la zona conurbada. Ahora, su territorio ya es zona franca de la confrontación.

La desaparición a fines de mayo de 12 jóvenes de Tepito es lo más conocido hasta ahora de la disputa por el control de las zonas más lucrativas para ese negocio en el Distrito Federal. Pero el sábado 27 de julio se registró un hecho que va más allá de la propaganda narca.

El periódico Reforma informó que la madrugada de ese día desconocidos prendieron fuego a un auto enfrente del Reclusorio Oriente y dejaron una cartulina con amenazas al director del penal, Hermilio Velázquez Patricio. El mensaje, según esa versión, fue del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el gobierno del Distrito Federal (GDF) la amenaza fue por “diversos reclamos”. Pero apenas la autoridad local intentaba responder al hecho, dos colombianos fueron ejecutados la noche del martes en la delegación Iztacalco, al oriente de la ciudad. El jueves amaneció un hombre decapitado en la sureña delegación Magdalena Contreras. La suma de hechos es ya considerable.

La acción en el reclusorio Oriente va más allá del mismo mensaje escrito. Es una demostración de que algunos grupos han comenzado a escalar sus operaciones y a utilizar los medios que consideren necesarios. Una propaganda violenta de ese tipo puede dar lugar a mayores manifestaciones de violencia por parte la contra que se sienta amenazada. Es también la confirmación de que los reclusorios capitalinos, como los todo el país, son parte de la confrontación de los cárteles.

En Nuevo León, el municipio San Pedro Garza, sirvió también inicialmente como refugio de narcotraficantes y su dinero, pero al paso del tiempo el vecino Monterrey empezó a conocer de advertencias como éstas y pronto se convirtió en campo de batalla sin límites que alcanzó incluso al consulado de Estados Unidos.

Con un gobierno federal indefinido en materia de seguridad y un GDF débil y rebasado, la capital del país corre el riesgo de acostumbrarse a convivir con estos hechos y dejar de ser el último valladar ante una delincuencia que día a día carcome al Estado mexicano.

jcarrasco@proceso.com.mx

@jorgecarrascoa

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