Los peligros de la reforma energética

Peña y Coldwell. Golpe dado... Foto: Octavio Gómez
Peña y Coldwell. Golpe dado...
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- ¿Cuál podría ser el cambio más terrible de la reforma energética de Enrique Peña Nieto? Sin duda la abdicación del Estado en su exclusividad para la exploración y explotación de hidrocarburos y derivados, pero hay otra parte en la que pocos han reparado y que resulta igual de preocupante.

Se trata de la eliminación de la frase del quinto párrafo del artículo 27 constitucional y que a la letra dice: “…y la Nación aprovechará los bienes y recursos que se requieran para dichos fines”. En la parte que le antecede se habla del otro gran botín de la reforma energética: la electricidad.

Además de que se elimina la exclusividad de la Nación para “generar, conducir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público”, lo que abre o más bien quita los canceles de la puerta para que las transnacionales y empresas mexicanas vendan la luz a los parques industriales, comercios y particulares, con la eliminación de la última frase se deja desprotegidos a comunidades indígenas y grupos de colonos que en los últimos años han defendido sus recursos naturales ante la voracidad de las empresas transnacionales que quieren imponer sus parques eólicos.

El hecho de que ya no exista en la Carta Magna la obligación para que “la Nación” aproveche “los bienes y recursos naturales” no es otra cosa que la renuncia del Estado mexicano a su soberanía sobre el viento, el sol y el agua, recursos renovables mediante los cuales se pueden generar energías alternas.

Ahora el derecho y cuidado que sobre sus recursos naturales tienen los grupos indígenas o comuneros pasa a las empresas privadas. Si en la ley agraria se establece el derecho de estos grupos, ahora resulta que estarán por debajo de los derechos que la “Constitución” otorgará a las transnacionales.

En el Centro de Estudios de la Energía Eléctrica se considera que “lo más terrible de esta eliminación de frase, es que renunciamos a una parte esencial del artículo 27 y el cual arranca con la reivindicación de la soberanía de la Nación sobre sus recursos. Esto era en función de la electricidad y hoy es una redacción de corte porfirista”.

Recientemente, en Córdoba, Veracruz, un defensor de los recursos naturales y quien se oponía a la instalación de una presa para generar energía en beneficio de una empresa privada, fue asesinado.

En otro caso más conocido aún, en San Dionisio del Mar, cerca de Juchitán, Oaxaca, hay 13 poblaciones que desde hace tres años luchan contra la empresa española Mareña, asociada con Coca-cola y otras empresas, éstas de corte mexicano.

Mareña pretende instalar un parque eólico afectando no sólo flora y fauna de la zona, también dejando sin trabajo a los lugareños, quienes subsisten de la pesca.

Con la nueva redacción del artículo 27, y cuando eventualmente grupos de habitantes se opongan a ese tipo de proyectos energéticos que benefician sólo a la empresa –pues es la que vende y cobra por la venta de energía a otras firmas–, las transnacionales, amparadas en la Constitución, podrán ahora demandar la intervención de las policías para, de ser necesario, desalojar por la fuerza a los grupos de inconformes.

Por cualquier párrafo que se analice, la reforma resulta más que peligrosa, pues se pierde la soberanía cuando se eleva a rango de Constitución el abuso. Y esto es porque actualmente todos los atropellos que se van a cometer producto de la reforma ya se están llevando a la práctica, no son nuevos.

Desde 1992 la energía eléctrica se ha estado vendiendo por parte de empresas privadas con el total aval de las autoridades, aunque ello se ha realizado mediante simulación. Y, en el caso del petróleo, desde 2004 ya existen los llamados contratos de servicios múltiples y los incentivados desde 2008. Las empresas que desean explorar ya están desde hace años en aguas mexicanas.

Por lo tanto, lo que hoy estamos viendo no es la privatización del sector energético, sino “la legalización” de la privatización soterrada que arrancó en 1992 con la electricidad y siguió en 2004 con la explotación de gas y en 2008 con la exploración para el sector de hidrocarburos.

Esta reforma traerá sin duda enfrentamientos sociales, aunque el gobierno hará todo lo posible por ignorarlos. Y para muestra de esta desregulación hay que ver lo que ha estado sucediendo con empresas mineras, que a fuerza de explotar a los lugareños de la zona y aprovecharse de sus recursos, han terminado por generar caos y enfrentamientos en los lugares en que operan. Ejemplo de ello es Aquila, en Michoacán.

La Constitución no debe ser tocada.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso

Comentar este artículo