Un chivo expiatorio del caso Camarena, preso de por vida en Arizona

René Verdugo. Esperanza de libertad Foto: Especial
René Verdugo. Esperanza de libertad
Foto: Especial

La reciente puesta en libertad de Rafael Caro Quintero irritó a Estados Unidos y mantuvo en el pasmo al gobierno mexicano, que reaccionó tarde emitiendo una orden de captura preventiva en su contra con fines de extradición, pero también reactivó el caso del mexicano René Verdugo Urquídez. Preso en Estados Unidos desde hace un cuarto de siglo, fue secuestrado en México por judiciales pagados por el gobierno estadunidense y llevado a aquel país, que se afanó en implicarlo en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena aun cuando no hay pruebas de ello. Verdugo dice a Proceso que sólo el gobierno estadunidense puede ponerlo en libertad… si se lo pide México.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La excarcelación de Rafael Caro Quintero removió las ilegalidades de Estados Unidos en su afán de vengar el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

La cacería que significó en México la “Operación Leyenda”, coordinada desde las oficinas centrales de la DEA en Washington, se cebó en el mexicano René Verdugo Urquídez, con quien Estados Unidos se cobró la pérdida de uno de sus principales agentes en América Latina.

Traficante de mariguana a Estados Unidos en los años 80, René Verdugo no tuvo nada que ver con el destino trágico de Camarena, pese a lo cual está pagando esa factura desde hace un cuarto de siglo: fue condenado a 240 años de cárcel y a una pena de prisión perpetua.

Los tres primeros años fue mantenido en aislamiento total en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego, California. De ahí se le trasladó a la prisión federal de Leavenworth, en Kansas. Hoy, Verdugo, de 63 años, purga su condena en la penitenciaría federal de Tucson, Arizona.

En los mismos tribunales estadunidenses no sólo quedó demostrada su inocencia, sino también la cadena de ilegalidades cometidas por el gobierno de Estados Unidos tanto en su propio territorio como en México para ver quién pagaba por la muerte de Camarena. La justicia federal mexicana resolvió el pasado viernes 9 que el agente estadunidense Enrique Camarena operaba en México sin estatus diplomático o consular; es decir, sin reconocimiento formal del gobierno mexicano.

Las ilegalidades de este caso comenzaron cuando, en abierta violación a la soberanía mexicana, la DEA contrató a policías judiciales de Baja California para secuestrar a Verdugo y presentarlo ante la justicia de Estados Unidos.

Luego, en su empeño de inculparlo, fueron variando las acusaciones con base en testimonios falsos de narcotraficantes mexicanos y estadunidenses, así como en las de un perito de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). Fracasado el intento de consignarlo como uno de los torturadores de Camarena, se trató de colocarlo como el número dos de Caro Quintero.

Sin evidencia ninguna que implicara a Verdugo en la muerte de Camarena, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Pero el máximo tribunal de ese país coronó los quebrantamientos de las leyes de México, de Estados Unidos e internacionales al dar por bueno el secuestro. Impidió así su repatriación con el pretexto de que no se puede invocar el Tratado de Extradición bilateral porque, alegó, la presentación del acusado ante los tribunales no fue resultado de la aplicación de ese instrumento.

Sentenciado de por vida, Verdugo sólo tiene un camino: que el gobierno mexicano retome su propósito de regresarlo a México, como lo intentó, sin mucha insistencia, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

“La petición del gobierno de México al de Estados Unidos es la única opción que tengo –dijo Verdugo el miércoles 14 en entrevista telefónica desde su reclusión–. En Estados Unidos ya no hay caminos judiciales que recorrer o explorar. La única solución es de gobierno a gobierno.

“Es tan fácil y difícil a la vez. Tan fácil porque están todos los elementos de inocencia, pero tan difícil porque mi caso expone al sistema judicial estadunidense”, manifestó.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1920 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

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