La refundación del Estado unitario

Sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Foto: Germán Canseco
Sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tras siglo y medio (desde la promulgación de la Constitución de 1857) de ser México un Estado federal, al menos formalmente, gobierno, partidos y legisladores decidieron acabar con la simulación y abiertamente impulsar la construcción de un Estado unitario, pero sin modificar el artículo 40 constitucional, el cual señala: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Como sucede desde hace más de 156 años, constitucionalmente México será una federación, pero su estructura será la de un Estado unitario. La diferencia es que ahora la simulación sí se traduce en el arreglo institucional y se legaliza.

Durante los 12 años de alternancia en el Ejecutivo federal los gobiernos estatales ganaron en márgenes de maniobra y duplicaron su participación en el gasto público como unos de los principales beneficiarios de la bonanza petrolera (por la vía de los precios, aunque en los últimos años empezó a declinar la producción). Todo indica que ahora comenzará su decrecimiento, tanto por la caída en los ingresos petroleros como por las nuevas disposiciones del presupuesto de egresos.

La primera embestida del actual gobierno se concretó –incluso antes de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto– con las facultades asignadas a la Secretaría de Gobernación por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya fracción XX señala que dicha instancia tiene la atribución de “desarrollar políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales…”

Es decir, en el extremo puede llegar a aplicar esas políticas sin tomar en cuenta a las autoridades estatales o municipales: el gobierno federal ejerciendo directamente gasto público sin ninguna coordinación con los estatales ni municipales.

Pero hay más: las iniciativas de reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción les dan a las instancias federales (o mejor todavía, nacionales) atribuciones específicas sin considerar a las estructuras y organismos estatales y municipales, con lo cual de hecho vulneran sus autonomías.

En la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno nacional propone transformar el actual Fondo de Aportaciones para la Educación Básica en Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo: de hecho y de derecho se vuelve al esquema anterior a la descentralización educativa –iniciada en el sexenio salinista–, se les quita a los gobernadores el control de los pagos al magisterio y por ende se acaba la doble negociación salarial, que tan buenos frutos les rindió a los profesores, quienes en términos reales triplicaron sus salarios y prestaciones.

En el mismo tenor, las dirigencias y legislaturas del PAN y del PRD proponen la creación del Instituto Nacional de Elecciones en sustitución del Instituto Federal Electoral y los 32 órganos correspondientes en las entidades federativas. Exactamente lo mismo sucedería con las autoridades jurisdiccionales electorales en los estados: sus funciones las cumpliría una instancia nacional única.

El federalismo mexicano ya es muy endeble por la dependencia de los gobiernos estatales hacia las participaciones federales, pues las entidades únicamente recaudan directamente la quinta parte de los ingresos que reciben; además sus atribuciones concretas están definidas más por exclusión (lo no expresamente señalado para las instancias federales y municipales) que por inclusión, es decir la letra textual de la Constitución.

Sin duda el margen de maniobra de los gobernadores creció durante los 12 años de la alternancia, sobre todo por el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, aquel que los mantenía sometidos a la autoridad del monarca sexenal mexicano. Y los excesos, atropellos, abusos y negligencias de los mandatarios estatales fueron evidentes, insultantes e irritantes (basta recordar los casos de Mario Marín, Ulises Ruiz, Marco Adame y ahora Ángel Aguirre).

También debe reconocerse que los gobernadores capturaron los órganos autónomos de sus entidades: electorales, de transparencia y de derechos humanos, los cuales no actúan sin recibir instrucciones precisas.

Sin duda el federalismo mexicano deja mucho que desear, pero las propuestas de reformas le sacan la vuelta a los problemas de fondo y simplemente pretenden resolver sus manifestaciones por la vía de la centralización. México va a contracorriente de las tendencias mundiales, donde –incluso en los Estados unitarios– se avanza hacia la descentralización.

En vez de refundar el Estado unitario mexicano con reformas legales aunque sin declararlo en la Constitución, hay que encontrar vías para impulsar los cambios democráticos por dos razones fundamentales: primero porque es precisamente en los órganos autónomos donde más posibilidades de arraigo tiene la democracia participativa –es donde se deben atender los asuntos relativos a la vida cotidiana– y porque la reconstrucción del centralismo es la ruta directa para reconstruir el autoritarismo mexicano: significa reconcentrar el poder en la Presidencia de la República.

Que Peña Nieto y su partido impulsen reformas para acrecentar su poder es entendible aunque repudiable, pero que los partidos de oposición (PAN y PRD) contribuyan con sus iniciativas de ley en el mismo sentido es aberrante: están cavando su propia tumba. Su miopía los lleva a autodestruirse o en el mejor de los casos, autolimitar sus posibilidades de acceso al poder y desde luego se convierten en obstáculos para la construcción de la democracia.

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