Dan revés legal a operador de la “megadeuda” en Coahuila

El exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila (SATEC), Héctor Javier Villarreal Hernández. Foto: Especial
El exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila (SATEC), Héctor Javier Villarreal Hernández.
Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (apro).- La justicia federal asestó un revés legal al principal artífice del moreirazo en 2010, Héctor Javier Villarreal, al negarle un amparo luego de que el quejoso argumentara violación a sus derechos humanos.

El juez federal primero de distrito con sede en Saltillo, Coahuila, negó la protección de justicia al extitular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), al resolver el amparo 135/2013 que promovió Villarreal contra la formal prisión que le fue dictada el 2 de diciembre anterior por el delito equiparado al fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico.

En el expediente se atribuye al tesorero en la pasada administración del priista Humberto Moreira haber falsificado y publicado los decretos 476 y 318, supuestamente emitidos por el Congreso local, para tramitar ante Hacienda créditos por más de 3 mil millones de pesos.

El amparo fue negado, según nota informativa del juzgado, porque trató de rebatir la formal prisión dictada en cumplimiento de los lineamientos que estableció el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región.

Es decir, el juez de amparo no puede controvertir lo establecido por un Tribunal de Alzada, que previamente estableció que están acreditados los elementos del delito que se imputa a Villarreal.

El juzgador también ratificó que está acreditada la probable responsabilidad del acusado en la falsificación del decreto 318 y concluyó que la imputación no violentó sus derechos humanos ni sus garantías individuales, razón por la que el exfuncionario continuará en calidad de prófugo por este delito del fuero común.

Asimismo, el excolaborador de Moreira tiene pendientes dos órdenes de aprehensión federal relacionadas con el trámite ante la Secretaría de Hacienda de los créditos de 3 mil millones de pesos.

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