Un Paraíso extraviado

El megaproyecto turístico de Chalacatepec promovido por el gobierno estatal desde la administración del panista Emilio González Márquez sigue empantanado. Y mientras algunas autoridades  del gobierno que hoy encabeza Jorge Aristóteles Sandoval y empresarios buscan sacarlo adelante, ejidatarios de José María Morelos y Campo Acosta, cuyos predios fueron afectados, interpusieron amparos y exigen una indemnización justa, además de ser incluidos en el proyecto.

e

 

Un amparo obtenido por los habitantes del ejido de José María Morelos en abril pasado –expediente 711/2013 radicado en el Juzgado Quinto en Materia Administrativa del Trabajo en Guadalajara– impide al gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval dar inicio a las obras del megadesarrollo turístico en la playa de Chalacatepec, municipio de Tomatlán.

De acuerdo con el abogado del Consejo de Vigilancia del ejido, Rodrigo Armando Olalde Gutiérrez, la petición se interpuso por la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados durante la administración del panista Emilio González Márquez, cuando, a través del Instituto de Pensiones  (Ipejal), las autoridades estatales compraron predios a precios irrisorios mil 200 hectáreas.

Pero aun cuando el gobierno de González Márquez aportó 89 millones de dólares para la adquisición de esa superficie, la tierra continúa en posesión del ejido José María Morelos, dice Olalde.

Los ejidatarios, insiste, recurrieron al amparo porque la Secretaría de la Reforma Agraria aún no inscribe en el Registro Público de la Propiedad la resolución presidencial de Adolfo López Mateos de 1960 para declarar la propiedad a su favor y porque esa dependencia donó un terreno que era de ellos para la construcción de una aeropista.

Además, los ejidatarios se enteraron del procedimiento viciado en la compra de sus terrenos. Según él, Rasaland (la empresa formada para la construcción del desarrollo turístico) manifestó al fideicomiso creado de manera conjunta con el Ipejal que el metro cuadrado se pagó a 13 dólares, cuando en realidad sólo dio siete pesos bajo el argumento de que las tierras no eran propiedad del ejido, sino de supuestos pequeños propietarios.

Y como en las actas de asamblea del ejido aparece que el fideicomiso compró parcelas y no concesiones, los ejidatarios siguen siendo los propietarios, siempre lo han sido, comenta el litigante. Se dice satisfecho porque mediante el amparo lograron sentar en una mesa de trabajo a diversas autoridades para plantearles una solución integral al conflicto.

En uno de esos encuentros, el del 23 de julio pasado, estuvieron el director de Concentración Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Carlos Ernesto Zatarain González; el delegado estatal de esa misma dependencia en Jalisco, José Luis Cuéllar Garza; el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Gonzalo Moreno Arévalo; el delegado del Registro Agrario Nacional, José Antonio Corral, y como representante del gobierno estatal, el director general de Asuntos Agrarios, Mario Vladimir Avilés Márquez.

En esa ocasión, precisa Olalde Gutiérrez, los ejidatarios pidieron a las autoridades la regularización de toda la tierra de José María Morelos, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) hiciera una estimación real del valor de los predios donde se ubica la aeropista y le paguen lo justo a los ejidatarios que vendieron esas tierras.

También solicitaron a las autoridades pagar la ampliación de la carretera 200, así como su respectiva liberación de derecho de vía  y la incorporación del ejido como socio beneficiario del proyecto turístico.

 

Maraña legal

 

Por desgracia, añade el abogado Olalde Gutiérrez, el gobierno es juez y parte. Como socio de Rasaland, tiene un porcentaje en el proyecto; por eso le afecta que el ejido se haya amparado. Y si no hubo más mesas de trabajo, aclara, se debió a que Avilés Márquez se cerró al diálogo y prefirió apoyarse en el comisariado ejidal, afín a sus intereses.

Junto con el comisariado y apoyados con el presidente de la Procuraduría Agraria en Puerto Vallarta, Lauro Jacobo Silvestre, ellos convocaron a dos asambleas para echar abajo el amparo. Sin embargo, dice Olalde Gutiérrez, las asambleas carecen de validez jurídica porque el consejo de vigilancia al que él representa jamás dio su autorización.

Aun así, el martes 1 de octubre celebraron otra asamblea en la que el comisariado promovió la destitución del secretario particular, el profesor Bartolo Camarena Contreras, y autorizó al gobierno del estado a ingresar a los terrenos que le habían sido vedados para construir la aeropista sin que le haya pagado a los ejidatarios el valor correspondiente.

En esa asamblea se elaboró un acta aunque no se firmó, que fue entregada a Jacobo Silvestre, quien, a decir de Olalde Gutiérrez, ya es investigado en la oficina central de esa dependencia por la realización ilegal de la convocatoria.

El lunes 7 una comitiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, de la que son miembros varios ejidatarios, acudió a la subsecretaría de Desarrollo Agrario en la Ciudad de México para pedir una solución al conflicto de tierras.

Como la dependencia no propuso una salida, se fueron hasta la oficina central de la Sedatu, donde propusieron un pago a los supuestos pequeños propietarios mediante el programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).

De esa forma, dice Olalde Gutiérrez, intentan que el ejido recupere todas sus posesiones y les regularicen de una vez la tenencia de la tierra:

“El ejido quiere el desarrollo, pero también que le cumplan lo prometido: las expropiaciones y los pagos correspondientes. Es lo que se requiere. El gobierno de la  administración anterior y su director de Asuntos Agrarios (Ramón Gregorio Longoria) vinieron a engañar a la gente, que ya está cansada de promesas.

“Ya no cree en el gobierno. El hecho de que el licenciado Mario Vladimir no haya tenido la capacidad de negociar con el ejido sino con el presidente del comisariado ejidal, provocó la desconfianza (entre los ejidatarios)”.

Más amparos

 

Los vecinos del ejido de Campo Acosta también presentaron un amparo (el 706/2013) similar al de la comunidad de José María Morelos, que los protege del proyecto, pues de las mil 200 hectáreas que hoy detenta Rasaland, una parte está en Morelos y otra en Campo Acosta.

De acuerdo con el abogado, la resolución emitida por López Mateos durante su gestión (1958-1964) sigue vigente mientras el Registro Público de la Propiedad no inscriba sus escrituras. En lo concerniente a los “pequeños propietarios”, ellos aparecieron después de 1960, dice; además, el decreto presidencial reconoce la expropiación de 36 mil 656 hectáreas de la exhacienda La Nancy al general Roberto Fierro Villalobos.

De ahí surgieron precisamente los ejidos de José María Morelos y Campo Acosta. Esta situación, insiste Olalde, fue aprovechada por el gobierno estatal y por la Secretaría de la Reforma Agraria para crear actas de posesión y deslinde de supuestos pequeños propietarios.

“En el proceso de amparo, en el desahogo de pruebas –relata– los supuestos pequeños propietarios tendrían que comprobar que sus escrituras tengan la legalidad conforme a lo establecido en la Ley Agraria y en la anterior Ley Federal de Reforma Agraria.

“Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación la resolución presidencial (sobre la creación) de los ejidos, aquellos que se sintieran invadidos en su derecho podían reclamar (los terrenos); tenían un año para (hacerlo). Entonces, las supuestas pequeñas propiedades reclaman dos o tres años después, hasta en el 70 o el 72.”

Además de la regularización de la tenencia de la tierra, destaca Olalde, los ejidatarios solicitan ser incluidos en el proyecto turístico. Desconocen en qué consistirán, pues Rasaland sólo les prometió la cesión de unas cuántas hectáreas frente a la playa, así como vías de acceso. Hasta ahora la empresa no sólo ha incumplido, sino que incluso bloqueó el camino a los pescadores de la cooperativa de la Laguna de Paramán.

El 28 de septiembre último, sostiene, los ejidatarios realizaron una asamblea y esperaban la visita del gobernador Aristóteles Sandoval –quien andaba de gira por la región, evaluando los daños provocados por el meteoro Manuel– para plantearle sus problemas, pero no llegó, sólo estuvo en la zona platanera llamada La Cumbre, cerca de Tomatlán.

El mandatario llegó acompañado de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a  supervisar los daños a la infraestructura  carretera, pero en José María Morelos nunca se paró.

Sólo acudió Avilés Márquez, pero fue a solicitar a los ejidatarios permiso para entrar a los terrenos de la aeropista. Lo frenaron; le dijeron que mientras el ejido no tenga garantías de un pago justo por esas tierras no permitirán la entrada.

“Obligaron a la gente a vender, los orillaron a que vendiera diciéndoles que el terreno no era de ellos y que si no vendían de todos modos se los iban a quitar, que era mejor que vendieran. Les pagaron a siete pesos el metro cuadrado. Los cazaron casa por casa, los vinieron a convencer en reuniones y la gente accedió por el miedo de perder sus tierras”, expone el abogado.

 

Proyecto contradictorio

 

El secretario de Turismo, Enrique Ramos, aún habla de un superdesarrollo habitacional con campos de golf y puerto marítimo para yates en la Laguna de Paramán, asegura Olalde Gutiérrez. No obstante, Avilés Márquez ha comentado que se hicieron modificaciones al plan original con el propósito de proteger el entorno ecológico, en particular la zona donde se reproduce la tortuga golfina.

Según Avilés Márquez, se trataría de un “proyecto diamante”, dice el abogado; es decir, un proyecto de pequeños edificios para no fragmentar la ecología y apoyar a los pescadores de la zona tortuguera.

El 7 de agosto último, la Secretaría de Turismo estatal, habló de una inversión de 21 mil millones de pesos para detonar el litoral de Costa Alegre. Participarán 32 empresarios nacionales, así como franceses, alemanes y estadunidense en al menos 14 proyectos que incluyen a los municipios de La Huerta, Cihuatlán, Tomatlán y Cabo Corrientes. De ellos, el de Chalacatepec es el más ambicioso, con una inversión global de 8 mil millones de pesos que se destinarán a la construcción de 8 mil 192 cuartos, búngalos y un campo de golf.

A su vez, el presidente del Consejo del Ipejal, Francisco Ayón López, anunció recientemente que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) –perteneciente a Banobras– se sumará como socio y aportará 80 millones de dólares.

De hecho ya se creó un holding en el que participan Ipejal, Fonadin y Rasaland;  todas bajo el dominio de las firmas de capital de riesgo Goldman Sachs y Texas Pacific. El cambio más relevante es que con la nueva sociedad denominada Promotora de Inversión Activos Turísticos de México (Actur), las acciones del Ipejal disminuyeron de 48.5% a 24%.

Y aun cuando poco se sabe del nuevo desarrollo turístico, algunos académicos e investigadores lanzan sus advertencias sobre los riesgos que implica.

El urbanista Jesús García Rojas envió a Proceso Jalisco varias láminas de análisis sobre la nueva sociedad que presuntamente reactivará el desarrollo turístico.

Para empezar, señala, hay una grave amenaza al ecosistema ya que en la playa de Chalacatepec se encuentra el santuario de la tortuga marina, dos sitios Ramsar (las lagunas de Paramán y Chalacatepec),  así como el manglar más grande de Jalisco.

Además, relata, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que llevaba un registro de la anidación de tortugas dejó de hacerlo a partir de 2006. Ese  año  se liberaron  217  mil  836  crías.

García Rojas destaca también que el 23 de diciembre de 2009 el municipio de Tomatlán aprobó de manera apresurada el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) “para satisfacer los intereses inmobiliarios”, ignorando su carácter predominante de área natural protegida. Y pone un ejemplo: se adquirieron mil 200 hectáreas –dice–,  pero el cambio de suelo para uso turístico sólo fue para una superficie de 2 mil 730 hectáreas.

Con relación al Ipejal, su fortaleza es el fondeo que le proporciona Goldman Sachs. Sin embargo, el especialista advierte que esa firma fue rescatada de la quiebra con recursos del gobierno estadunidense en 2009:

“No tenemos duda de que el futuro de nuestro país está en el turismo, pero no en un turismo depredador que dañe los ecosistemas, ni la biodiversidad, menos aún que contribuya a empeorar el desfavorable cambio climático.”

El académico Roberto Moreno Ortiz, del departamento de Turismo de la Universidad de Guadalajara, admite conocer únicamente lo que ha divulgado el gobierno estatal. No obstante considera inconveniente sacrificar el santuario de la tortuga por un supuesto megadesarrollo turístico.

Y aunque acepta la creación de nuevos destinos –“para diversificar la oferta”–, éstos no deben hacerse a expensas del medio ambiente: “Podría haber otras partes susceptibles de un nuevo desarrollo turístico. En lo personal soy partidario de las áreas naturales protegidas, independientemente la clasificación que tengan, pues la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente no da margen de maniobra”.

Es evidente la secrecía con la que se ha manejado el proyecto, comenta el académico, de tal suerte que no es posible encontrar información detallada en las páginas web de las instituciones involucradas.

Presiones y ninguneos

 

Como representante legal del Consejo de Vigilancia del ejido José María Morelos, Olalde Gutiérrez manifiesta su preocupación pues, dice, con la venta de sus tierras, los ejidatarios pierden su medio de subsistencia.

El gobierno estatal los presionó a través de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), incluso les retiraron el apoyo.

“La gente es consciente de que al perder su porción de tierra, queda dinero que se le va a acabar en algún momento”, dice.

El presidente del Consejo de Vigilancia del ejido, Guadalupe Valadez, es contundente: En el mejor de los casos, comenta, encontrarán empleo limpiando  los  baños  y  pisos  de  los  hoteles:

Las autoridades, “nos ofrecen la escoba y el trapeador. Quieren privatizar todo para que nadie entre. Ya nos lo dijeron: No quieren huarachudos ni sombrerudos. Por eso quieren reubicar el campamento tortuguero y tres hectáreas que tenemos junto a Chalacatepec, porque van a venir los gringos adinerados”.

Según Valadez, son 36 los ejidatarios que vendieron su parte para el desarrollo de Chalacatepec, mientras otros 25 cedieron la parte donde el gobierno del estado pretende terminar la aeropista.

Relata que han habido intentos del Registro Agrario Nacional para certificar sus tierras, pero sólo quieren regularizar 9 mil 300 hectáreas, cuando el decreto presidencial establece que son 12 mil 400 hectáreas. A  quienes quedan fuera, la dependencia les aconseja buscar un abogado particular para defenderse.

A su vez, el comisariado ejidal de José María Morelos y empresarios de la región afines al proyecto publicaron desplegados a favor del desarrollo turístico, así como de Juan Bremen, hijo del embajador mexicano en Cuba, Juan José Bremer, quien aparece como parte del comité de inversión en el sitio web de Rasaland.

El miércoles 16 apareció en los diarios locales una inserción pagada por Francisco José Arias Rama, presidente del Consejo Regional Económico y Social Costa Norte (Crees), con sede en Tomatlán con un mensaje elogioso para el gobernador Aristóteles Sandoval:

“La comunidad de Tomatlán agradece su solidaridad con nuestro esfuerzo por salir de la pobreza y marginación en la que nos encontramos. Su apoyo al proyecto de Chalacatepec es una muestra de que realmente cumple sus promesas de llevar prosperidad a todos los rincones del estado”.

Comentar este artículo