Terrorismo laboral, la marca del nuevo PRI

Litigantes y trabajadores de varias dependencias estatales –el ISSSTE, la JLCA y el Iprovipe, entre otras– se quejan del acoso laboral de los funcionarios que llegaron con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Proceso Jalisco recogió los testimonios de varios trabajadores que denuncian el clima de terror laboral que prevalece al amparo del mandatario priista. El caso más grave, dicen, es el de Teresa Nisino Lloret, una empleada del ISSSTE de 60 años que se infartó el 19 de septiembre por las presiones de sus jefes.

 

En Jalisco, los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) son objeto de trato despótico por parte de las autoridades; y cuando alguno se atreve a defender sus derechos, simplemente lo despiden o le hacen la vida imposible.

Hoy, el contraste en esa dependencia es oprobioso: mientras se acumulan los juicios laborales contra el director de Recursos Humanos, Juan Pablo Toledo Hecht –algunos empleados hablan de cientos–, los  puestos de primer y segundo nivel los ocupan.

Una hermana del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, Karla Graciela Sandoval Díaz, por ejemplo, es subdelegada y poco se le ve en su oficina. Asimismo, Martha Eugenia Galván Guerrero, hermana de Javier, Galván, delegado del ISSSTE, aparece en nómina como subdelegada de prestaciones en Autlán, su tierra natal.

Y aunque quienes conocen a Martha Eugenia aseguran que no se le puede acusar de “aviadora”, suele maltratar a su personal y manejar a su antojo los recursos de la dependencia.

Uno de los casos más sonados es el de la trabajadora Teresa Nisino Lloret, de 60 años, quien el pasado 19 de septiembre sufrió un infarto al recibir la noticia de que la habían despedido. Sus compañeros aseguran que estaba en las oficinas del área de Licitaciones Públicas en la subdirección administrativa, ubicadas en la calle Alcalde 500, donde trabajó los últimos 12 años. Al día siguiente murió.

Las semanas previas a su deceso, dicen sus conocidos, quienes piden al reportero omitir sus nombres, Nisino Lloret era presionada por la administración que desde el 8 de mayo pasado encabeza Javier Galván. Le habían pedido sacar adelante la licitación de compra de mobiliario para equipar tres unidades médicas en la entidad; la encomienda era hacer un concurso a modo para beneficiar a una empresa.

Desde hace meses, muchos de los mil 300 trabajadores de la delegación se quejan de las arbitrariedades de Toledo Hecht, a quien consideran el “brazo ejecutor de Galván Guerrero. El pasado 21 de agosto incluso mandaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto.

El delegado ocupa y quiere nuestras plazas, asegura uno de los trabajadores inconformes. Toledo les dice que tiene muchos compromisos con el gobernador, quien le está mandando gente a la que no le puede decir que no. “Poco le importa que lo demandemos”, comenta al reportero.

En la misiva los afectados  escribieron a Peña Nieto: “Pedimos respetuosamente a usted señor presidente, su atenta y puntual intervención en este asunto para que paren los injustos despidos que están sucediendo en el ISSSTE Jalisco”.

Semanas antes, el 28 de junio, Toledo Hecht corrió a Iliana González Magaña porque se negó a firmar su renuncia. Ella laboraba en el departamento de Recursos Materiales. También fueron despedidos Lucía Consuelo Rodríguez Guillén y Luis Román González.

María del Refugio Minero Ortega, subdirectora de la delegación, fue cesada el pasado 16 de octubre por presuntas “irregularidades en su expediente”. A Gabriela  Lara Espadas le pidieron la plaza el 18 de julio porque, le dijeron, “el delegado la necesitaba”.

En Lagos de Moreno los afectados fueron Minerva García Luna, Aida Araceli Fernández y Édgar Atilano Luévano, todos empleados de clínica del ISSSTE. Roberto Castillo, quien se negó a firmar su renuncia, fue llamado a la oficina de Toledo, quien le advirtió que su ciclo en la delegación había concluido.

La lista sigue: José Alfredo Barrera Garza, a quien le pidieron que dejara su plaza y le advirtieron que no les importaba si presentaba una demanda; María de los Ángeles Magaña Murillo, jefa de enfermeras, prácticamente fue sacada de su oficina de la Clínica de Especialidades de Cirugía Simplificada en Guadalajara el pasado 16 de agosto; lo mismo les pasó a Víctor Manuel Sánchez Alvarado, Laura Angélica Quintero y Cristian Ornelas Hernández.

Pero la muerte de Nisino Lloret, que los medios locales han ocultado hasta ahora, es lo más grave.

Los trabajadores del ISSSTE Jalisco se quejan del cacicazgo de Galván Guerrero, quien se ha rodeado de priistas de su natal Autlán. Y dan nombres:

Rafael Uribe Soto, en Recursos Materiales y Obras; Sergio Carlos Cano Mendoza, en Acción Social, Cultural y Deportiva; Luis Manuel Cueva Villaseñor, en Pensiones, Seguridad e Higiene; Marco Vinicio Rodríguez Quintero, como subdelegado administrativo; Héctor Javier Lomelí Venegas, jefe del Jurídico, y Víctor Manuel Pérez Cabrera, en la dirección de Prestaciones Económicas.

Desde mayo, cuando asumió Galván Guerrero, hubo cambios en casi todas las clínicas del ISSSTE: en la 2 y la 3, así como en Autlán, Puerto Vallarta y hasta en el Centro de Cirugía Especializada, ubicado por avenida Independencia, en Guadalajara.

Fin a la impunidad en la JFCA 18

 

Los empleados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 18, muestran su beneplácito por el reciente cese de la responsable de esa instancia, Patricia Eugenia Ortiz Gea, quien estuvo en el cargo 17 años.

Durante su largo periodo, dicen, ella se dedicó a “traficar” con la justicia laboral y a entorpecer los juicios laborales en su contra. Según el litigante Salvador Ceceña Ramos, Ortiz Gea se refería a los abogados y los funcionarios como una bola de rateros, ladrones y sinvergüenzas.

Decía que “pretendíamos apoderarnos de la junta, lo cual es ilógico e imposible, porque no tenemos esa condición; no buscamos el control corporativo”. Y aunque el 5 de noviembre Celia Calderón sustituyó a Ortiz Gea, los litigantes continuarán con las demandas penales contra ella, comenta Ceceña.

El 24 de septiembre, 70 abogados publicaron un desplegado en medios locales dirigido a Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Diódoro José Sille, en el cual denunciaron las corruptelas de Ortiz Gea.

Ceceña recuerda el caso de un extrabajador de origen peruano que denunció un despido injustificado contra Bancomer y logró una indemnización de 13 millones de pesos. Ortiz Gea lo citó en su oficina y le aclaró que no podía recibir esa cantidad, sino sólo un millón 200 mil pesos, menos del 10%.

Le dijo que si no aceptaba ese monto, ella misma lo denunciaría a Migración por su estancia ilegal en México.

El abogado Jorge Barradas, otro de los quejosos, dice que Ortiz Gea intercedió a favor de una empresa demandada –Afore 21–, por lo cual existe la sospecha fundada de que ella recibió una fuerte cantidad de dinero bajo la mesa.

“Afore 21 le dio dinero por favorecer a esa firma en juicios laborales. Además, la señora recibió hace tres años un Cadillac de los empresarios de la llantera (Continental) Euzkadi” en otro pleito laboral, asegura el abogado.

Isidoro Contreras Tamayo, actuario judicial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 18, dice que Ortiz Gea impuso un estado de terror en la institución.

Ella movía en forma arbitraria las fechas de las audiencias y prolongaba de manera injustificada los procesos. Tanto que en la auditoria efectuada hace algunos meses se detectó una baja productividad administrativa.

El rezago superaba 70%, según la auditoría practicada a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, número 17 y conocida el pasado 16 de agosto. “Ella tenía pendientes por atender 4 mil juicios y existían 5 mil audiencias diferidas o retrasadas por la presidenta”, sostiene Contreras.

Según los quejosos, Ortiz Gea contaba con el apoyo de su yerno José Antonio Pérez Vázquez, un abogado al que el secretario de Trabajo  Previsión Social de Jalisco, Eduardo Almaguer, incluye en la lista de Los Talibanes,  un grupo de litigantes laboralistas señalados por sus hábitos de extorsión.

La otra mafia

 

En el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal) la situación laboral también es tensa. El organismo levantó una denuncia penal (AP5188/13) que fue asignada a la agencia de delitos patrimoniales, número ocho de la Fiscalía General de Jalisco, luego de que los antropólogos Juan Manuel Anaya Zamora, Myrna Aranzazú Machuca Sierra y Alberto Pérez Martínez levantaron una demanda laboral meses después de que iniciaron con la investigación Jalisco Siglo 21.

La demanda, promovida en mayo de 2007, fue atendida por la Quinta Sala de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Recientemente se condenó a Cesjal a pagar más de 7 millones a los afectados. El pasado 29 de octubre el organismo, presidido por el empresario Enrique Michel Velasco,  denunció a esos investigadores. El asunto lo lleva el despacho del notario Adalberto Ortega Solís y los propios abogados del organismo.

En entrevista con algunos medios locales, Óscar Abrego de León, secretario del Cesjal, dijo que “lo único que hicieron (los investigadores señalados) fue la presentación de un proyecto denominado Jalisco Siglo XXI, y una carta fechada del 15 de diciembre de 2006 sin membrete y firmada por el exconsejero del Cesjal Luis Ignacio Morán”.

Pero a decir del antropólogo Anaya Zamora, el señor Abrego desconoce de las labores que se realizaron y del contrato signado por una pasada administración del Cesjal.

“Tenemos una sentencia favorable (emitida por las actuales autoridades laborales que evaluaron las pruebas presentadas). Por el momento se está a la espera de la resolución de un amparo interpuesto por Cesjal. Ese proceso lleva ya siete años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“Los montos que se fijen en la sentencia, si ésta es favorable, serán determinados por la autoridad competente y serán responsabilidad directa del Cesjal, órgano que prefirió la estrategia de alargamiento y descuido del juicio, antes que pagar el sueldo de más de dos meses laborados”, comenta Anaya Zamora.

Para el economista Luis Ignacio Román Morales quien participaba en calidad de representante del ITESO en Cesjal en 2007, la postura asumida por ese consejo está fuera de toda dimensión y alejada de la verdad.

Aclara que el investigador Fernando Jiménez fue quien promovió la iniciativa Jalisco Siglo 21. Se trató de una propuesta manejada en forma abierta a través de una licitación pública en la cual se promovía una investigación de largo aliento sobre algunos aspectos del desarrollo de la entidad con prospectiva económica.

“Con ello se buscaba que el Cesjal realmente se convirtiera en un consejo económico y social” y en una plataforma para la consulta pública de la información sobre Jalisco, dice.

Se pretendía que cualquier persona tuviera acceso a la información. Era un megaproyecto en el cual participaron dos comisiones del consejo. Ahí se acordó lanzar una convocatoria para que un grupo de trabajo armara toda la iniciativa multianual.

La propuesta fue aprobada por Alfredo Molina, representante del Tec de Monterrey; Fernando Jiménez del Centro de Estudios Estratégicos de la UdeG, y tu servidor (del ITESO). Yo trabajé en la calificación del proyecto”, comenta Jiménez.

Después se presentó la convocatoria, se analizaron los currículos y se estableció una estrategia para la selección de quienes trabajarían en la iniciativa, finalmente se escogió a las personas referidas, según el entrevistado.

Dos meses después, la mesa directiva de Cesjal reculó. Le dijo a los investigadores que no estaban contratados. En otras palabras –dice el académico–, “esas personas trabajaron para el Cesjal por un periodo de dos o tres meses, aunque ahora se niega a admitirlo”.

El 2007, recuerda, era un momento de conflicto y mucha división en el Cesjal, encabezado en esas fechas por el empresario Eduardo Orendáin.

Debido a los problemas internos, dice Jiménez, el ITESO decidió retirarse del Cesjal por algún tiempo: “Yo no conozco el expediente, ni el juicio (laboral). Yo no sé cuánto es lo que estén pidiendo o cómo lo estén pidiendo; eso es asunto de abogados –de un lado y otro–.

“Lo único que digo es que sí existió una convocatoria –incluso se presentó en los periódicos– y se ofreció una conferencia de prensa después de que los especialistas fueron nombrados.”

Los investigadores

 

Juan Manuel Anaya Zamora desarrolla actualmente dos investigaciones sobre los temas de género y educación y es asesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Occidente,  de Sinaloa y la UdeG. En 2009 recibió el premio Vinculación Universitaria por un estudio desarrollado sobre políticas públicas y recomendaciones para municipios de Jalisco, en un tema relacionado con el proyecto presentado para Cesjal.

Myrna Machuca, maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago, actualmente realiza una investigación para el Banco Mundial y radica en Australia. Desde allá da seguimiento al asunto de la denuncia laboral contra Cesjal. En 2005, recibió el premio de la Sociedad Americana de la Administración Pública en México.

Según Anaya Zamora, es lamentable que los nuevos funcionarios de Cesjal no tengan ni siquiera idea del perfil de personas que los denunciaron por despido injustificado y ahora pretendan responder con una demanda penal, cuando la autoridad laboral concedió a los académicos la razón en sus reclamos.

“Lo cierto es que la sentencia contra Cesjal se conoce cuando el organismo anuncia la compra de un edificio que costaría entre 6 u 8 millones de pesos.

El caso de Iprovipe

 

En la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco dos abogados del departamento Jurídico son sometidos a vejaciones y humillaciones por parte de sus nuevos patrones. Los presionan para que presenten su renuncia, dicen.

Los litigantes ingresaron a trabajar a esa dependencia en la pasada administración, pero después del arribo de Aristóteles Sandoval, en marzo pasado, comenzaron las presiones. Hace unas semanas, dicen, sus jefes los tenían sentados sin hacer nada; después los obligaron a lavar baños y hasta pintar muros del inmueble. Les decían que no había otro trabajo para ellos.

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