El Salvador: La reparación a la víctimas de la guerra civil

Niñas guerrilleras en Los Ranchos durante el conflicto armado en El Salvador. Foto: Archivo
Niñas guerrilleras en Los Ranchos durante el conflicto armado en El Salvador.
Foto: Archivo

SAN SALVADOR (apro).- Gracias a una iniciativa del actual gobierno salvadoreño que preside Mauricio Funes, calificado de izquierda moderada, las víctimas de la pasada guerra civil comenzarán a obtener ciertos beneficios económicos y sociales, que en cierta media significarán una reparación por el dolor sufrido en carne propia o por la pérdida de sus familiares durante la confrontación bélica.

La reparación ha tardado más de 20 años desde que se terminó la guerra civil por medio de una negociación entre el gobierno y la guerrilla, indican los expertos, pero en algún momento había que comenzar a sanar una herida que nunca se ha cerrado.

Rolando González, víctima de una detención arbitraria y de torturas, será beneficiario del llamado Programa de reparaciones a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, en el que están inscritas miles de personas.
Rolando recuerda bien el mes en que cayó preso.

“No fue un enero cualquiera”, dice con resignación. Era el año de 1981 en El Salvador, cuando desde hacía un año se desarrollaba un conflicto bélico entre la Fuerza Armada y la entonces incipiente guerrilla.

Rolando ahora tiene 52 años. En aquel entonces tenía sólo 20 y estaba organizado al interior del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), guerrilla izquierdista que se enfrentaba a la dictadura militar imperante.

Han pasado 32 años desde aquel “episodio” que constantemente vuelve a recordar. Él fue víctima de tortura después de hacer sido prisionero, acusado de tener afiliación con lo que llamaban “grupos terroristas y comunistas”.

Ese enero de 1981 fue capturado por miembros del Ejército y llevado al Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA), ubicado al sur de la capital y que, en época de la guerra, funcionó como cuartel militar.

“Las torturas iban desde choques eléctricos, simulacros de ahogamiento en una pila con agua, golpizas, amenazas, hasta la colocación en la cabeza de una bolsa plástica con cal (la llamada capucha) que provocaba asfixia. Era una combinación de dolor y amenazas”, recordó González.

En aquel tiempo los retratos cotidianos en El Salvador eran personas torturadas, masacradas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, y todas tenían un común denominador: el irrespeto y violación a los derechos humanos más elementales.

Los cuarteles de policía y del Ejército –fuerza militar– eran centros donde imperaban los actos de tortura, recuerdan las víctimas del conflicto.
González además señala que entre los vejámenes que recibían por parte de la Fuerza Armada estaba el introducir objetos en el cuerpo, como palos de madera de las escobas en el ano. Los militares también se daban el gusto de apagar los cigarrillos en la piel de las víctimas.

Ahora Rolando es parte del Comité de exPresos Políticos de El Salvador (Coppes), organización que aglutina a un sector que sufrió el trauma del conflicto bélico y quienes con sus propias demandas esperan que el Estado salvadoreño provea a las víctimas de un programa integral de reparación.

Historias como la de Rolando hay muchas, pero también de otro tipo, como la expuesta el martes 3 por la Asociación Probúsqueda de la Niñez perdida en el conflicto. Se propició el reencuentro de una madre e hija que, tras 29 años de estar perdidas a consecuencia de la guerra civil, volvieron a abrazarse.

Es el caso de Josefina Osorio, una salvadoreña que en 1984, en un operativo militar, huyó de su lugar de origen en el cantón San Jacinto de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente.

Sin embargo, ella y otros pobladores fueron alcanzados por miembros del batallón de la Fuerza Armada y llevados a una unidad de la policía de San Vicente.

“Aquí se van a morir todos ustedes y, en lugar de que tu niña vaya a ser muerta, mejor regálamela”, fueron las palabras que un sargento de la policía espetó a Josefina.

La angustiada madre aceptó y dio a su pequeña, Xiomara Patricia Flores Osorio, a aquel sargento, quien la llevaría con su esposa que tenía supuestamente impedimentos para tener hijos.

Desde ese día Josefina no había vuelto a ver a su hija. La guerra las separó. A 29 años de aquel suceso, madre e hija volvieron a reencontrarse y lo único que quieren es recuperar ese tiempo perdido.

Las víctimas que dejó la guerra sólo deploran que el Estado no haya promovido una política de reparación a víctimas que incluya atención en salud, psicosocial, educación y repare el trauma de posguerra.

La ley de reparaciones

A 21 años de la Firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, el presidente Mauricio Funes anunció a finales de noviembre el Programa de reparaciones a las víctimas. El decreto fue emitido por el mandatario salvadoreño el 9 de octubre y publicado en el Diario Oficial el 23 de ese mes.

El hecho ocasionó que las organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos en El Salvador se sientan esperanzadas de que el programa suponga, por fin, una reparación a las víctimas del conflicto.

El programa será aplicable a las personas que sufrieron vulneraciones en el contexto de la guerra civil salvadoreña, explicó el jefe de Estado.
Para efectos del programa se consideran como “graves violaciones a derechos humanos” todos los hechos constitutivos de masacres o actos de exterminio colectivo de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas y tortura. Dentro de esta última se incluyen los delitos graves contra la libertad sexual que hayan ocurrido entre 1980 y 1992, periodo que se conoce como de guerra civil.

Por ejemplo, durante el conflicto armado salvadoreño se realizaron una serie de actos atroces, como la masacre del Mozote, que se ejecutó en el departamento de Morazán por un batallón elite del Ejército. Fueron exterminadas casi mil personas, especialmente mujeres, niños y ancianos, entre los días 10 y 12 de diciembre de 1981. La Comisión de la Verdad, organismo creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se encargó de investigar y confirmar tal hecho.

En el conflicto armado que vivió El Salvador por un periodo de 12 años (1980-1992) murieron 75 mil personas, en su mayoría civiles; 8 mil fueron desaparecidas y un millón se refugió en el extranjero.

El programa plantea, en su artículo tercero, la creación del “registro de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno”. Ese registro estará organizado en tres áreas: administración del padrón de víctimas, atención a usuarios y soporte informático.

El alcance de las reparaciones establecidas en el programa tiene cuatro finalidades: rehabilitación, indemnización, medidas de dignificación y garantías de no repetición de los hechos, según se establece en su artículo sexto.

Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de El Salvador, expresó que el programa debe ser implementado con el cuidado debido para no generar más dolor a las víctimas. “Hay que ver cuál es el contenido para que en campaña electoral no sea algo que revictimice a la gente que ya sufrió tanto”, advirtió.

Por su parte, Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), calificó la medida como “algo positivo”, pero aseguró que más que sea anunciado el programa, esperan que se concretice y se convierta en una realidad para las víctimas.

El silencio de las armas

Para María Sol Yánez, experta en atención psicosocial a víctimas de violaciones a derechos humanos y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en El Salvador la reparación a víctimas debió hacerse en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz.

La especialista considera que se debe restaurar el tejido social con un programa que integre al individuo, la comunidad y sociedad.

Lo importante, destacó, es que las víctimas reciban atención psicosocial. “Distinguimos atención psicosocial de una atención meramente individual o clínica. Lo psicosocial tiene en cuenta la relación entre el individuo, la comunidad y la sociedad.

“El individuo no es un sujeto en el aire, sino que el individuo está inserto en una sociedad, por tanto los impactos que una víctima de violaciones de derechos humanos tiene no sólo son individuales, sino que también se rompió el tejido social de su comunidad y la sociedad quedó impactada por el dolor, por el trauma, pero también por la falta de verdad que han tenido las víctimas en El Salvador”, acota.

Al preguntarle sobre los factores para una verdadera reparación, sostiene que ésta debe ser integral. “Esto tiene casi los mismos niveles de la atención psicosocial que es la individual, la comunitaria y la social. Si sólo reparamos un aspecto, no estamos dándole la reparación que la víctima necesita”.

A nivel social, abunda, “se necesita ver que hay justicia, que hay verdad, que se reconoce el dolor de las víctimas y que se visibilizan todos los impactos y efectos que tuvo la guerra y las violaciones de derechos humanos”.

Enseguida advierte que deben desplegarse medidas de no repetición, es decir, crear una estructura que esté sin impunidad y que esté por la verdad. “A nivel comunitario se tiene que restablecer todo lo que se rompió, tiene que ver con las formas positivas de afrontamiento”.

Y a nivel individual todos los impactos que eso tiene en lo psicosocial. “Hay muchas madres de desaparecidos que no han podido enterrar a sus seres queridos, hay un duelo alterado, complicado, nadie ha dicho dónde están, y los que dijeron que habían muerto tampoco vieron los cuerpos. Tiene que haber una política para ayudar al duelo, tiene que ver con exhumaciones, con reconocimiento, tiene que desmantelarse todo aquello que hace dolor, son los signos externos de un pasado que fue traumático para las víctimas”.

Sobre el impacto que deja en una persona el que haya sufrido graves violaciones a derechos humanos y cómo se manifiesta ello en su vida, María Sol Yánez responde que no se puede hablar en general de impactos.

“Va a depender del tipo de impacto. No es lo mismo una persona que tiene a sus hijos desaparecidos que alguien que le han torturado o que han asesinado a sus seres queridos delante de él. Viendo la naturaleza de la violación de derechos humanos, hay una serie de impactos que son diferenciados”, aclara.

Por ejemplo, continúa, “la desaparición forzada deja a la persona pensando si está viva o si está muerta, aunque haya pasado mucho tiempo. La decisión de si está vivo o muerto recae en la decisión personal porque no ha visto el cadáver”.

Además, prosigue la experta, “la gente torturada tiene otro tipo de impacto muy fuerte y es importante atender eso. También están las víctimas que vieron tanta violencia. No tuvieron hijos desaparecidos, pero el impacto de ver cómo asesinan a alguien, cómo queman las casas. Todo eso tiene un impacto importante que tiene que ver con las nuevas violencias que se están dando ahora”.

Es por ello que insiste que la reparación tiene que ir a todos los niveles: al individual, al comunitario y al social. “Tiene que haber reparación moral, lugares de recuerdo, lugares de memoria. Hay que dignificar a las víctimas, es una reparación moral, tiene que haber calles con nombres de personas que tuvieron graves violaciones de derechos humanos y tiene que haber honorabilidad de las víctimas”.

Además, advierte, “tiene que haber una reparación que investigue y juzgue y que busque la verdad. Esas son las medidas de no reparación, sentar las bases para que en este país no vuelva a pasar algo así y eso tiene que ver con justicia y verdad.

“Tiene que haber voluntad del Estado de que sean las víctimas ciudadanos de primera, no de segunda, que realmente se reconstruya un país, que se reconstruyan las bases sociales y la paz. La paz no es ausencia de arma, la paz no es el silencio de las armas. La paz tiene que ver con que las personas no sean excluidas, que la gente sea bien atendida en salud, educación, que la gente pueda ser feliz”, acota.

También señala que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han estado pidiendo un programa integral de reparación y “es algo que yo también pedí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trabajó todo eso viendo cómo se podría reparar el país”.

Sin embargo, puntualiza, las condiciones tienen que ver con la voluntad política de hacerlo. “Hasta ahora no ha habido. Ahora hay un decreto del presidente que lo ha dicho. Ahí están las condiciones legales para empezar a hacerlo. Que se dé o no tiene que ver con la voluntad política de hacerlo. Lo bueno es que ya hay un marco en el cual insertar este tipo de reparación”.

Finalmente, María Sol Yánez resalta que la reparación se tenía que haber dado en 1992, al acabar la guerra. “Llevamos 21 años de retraso. Por un lado esto es muy buena noticia y hay que impulsar eso. Las condiciones legales están. Ahora falta que haya la voluntad política de que haya verdad, justicia y reparación”.

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