Estados Unidos: La pena de muerte doblega a México

Edgar Tamayo, sentenciado a pena de muerte de EU. Foto: AP
Edgar Tamayo, sentenciado a pena de muerte de EU.
Foto: AP

MÉXICO, D.F. (apro).- Debido a la ausencia de una estrategia diplomática eficaz, el gobierno de Enrique Peña Nieto puede fracasar en su intento de detener la aplicación de la pena de muerte contra mexicanos en Estados Unidos, como ocurrió en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Ambas administraciones panistas no pudieron impedir que el vecino país ejecutara a connacionales, especialmente en el estado de Texas.

“La labor diplomática es muy necesaria. Es un tema binacional que tiene que ver con la seguridad y los derechos humanos. Esto involucra una acción conjunta”, señala a Apro Perseo Quiroz, director ejecutivo de la oficina mexicana de Amnistía Internacional (AI).

Agrega que si bien México ha denunciado a nivel internacional violaciones al debido proceso en los casos de sus connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos, el Estado mexicano “reproduce una política que privilegia la seguridad frente a los derechos humanos, la seguridad pública sobre la seguridad humana, por lo que los reclamos del Estado mexicano pierden legitimidad”.

Para el activista, no se ha ejercido “la presión necesaria” para que gobiernos como el de Texas frenen el uso de la pena capital.

El caso en vísperas es el del mexicano Edgar Tamayo Arias, cuya ejecución está calendarizada para el 22 de este mes y por quien varias organizaciones internacionales, entre ellas AI, abogan por el diferimiento o conmutación de la condena.

Tamayo, de 45 años, fue detenido el 31 de enero de 1994 y acusado del asesinato del agente de la policía de Houston, Guy Gaddis.

El mexicano tenía derecho a recibir asistencia consular, en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y de la cual Estados Unidos es parte. Pero las autoridades estadunidenses no le informaron de ese derecho y las mexicanas supieron del caso hasta una semana antes del juicio.

De materializarse la sentencia contra Tamayo, Estados Unidos persistiría en su incumplimiento de repetidos fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, sobre el destino de 51 mexicanos en el pabellón de la muerte.

El 31 de marzo de 2004, la CIJ determinó que la nación norteamericana había violado en esos casos el artículo 36 de la Convención de Viena, por lo que ordenó a Estados Unidos la revisión de las condenas para definir si su defensa había sido afectada por ese quebranto, en lo que se conoce como “Caso Avena” y otros.

El 16 de julio de 2008 ese tribunal ordenó a Estados Unidos frenar la ejecución de cinco personas privadas de la libertad en Texas hasta que sus expedientes fuesen revisados. Entre ellos figuraba el del mexicano José Ernesto Medellín, sentenciado por el asesinato de dos adolescentes en Houston en 1993.

Sin embargo, la justicia del estado de Texas aplicó la pena capital el 5 de agosto de ese año. Tres años después, el 7 de julio de 2011, el también mexicano Humberto Leal García sufrió ese destino por la violación y asesinato de una adolescente en San Antonio, Texas, en 1994.

En 2009 la CIJ confirmó su resolución original y conminó a Estados Unidos a cumplir con su obligación de atender a la jurisprudencia internacional.

Texas y otros estados han argumentado que ese veredicto no es vinculante, pues no existe una legislación secundaria que permita la aplicación de tratados como la Convención de Viena.

Luego del fallo del órgano de justicia de la Organización de Naciones Unidas, el gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, comunicó por escrito a la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y al procurador general de Estados Unidos, Michael Mukasey, su apoyo a la revisión de los casos citados, promesa hasta ahora incumplida.

Para Diann Rust-Tierney, directora de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte (NCADP, por sus siglas en inglés), la mayor lección aprendida es la necesidad de involucrarse pronto en los casos para que los afectados cuenten con la mejor asesoría legal posible.

“La realidad es que cuando el caso llega a la ejecución, es muy difícil detenerlo. Entonces, el gobierno mexicano puede involucrarse en las etapas del juicio, asegurándose de que tengan representación legal de calidad”, plantea a Apro la activista.

La Coalición, compuesta por más de 100 organizaciones, anunciará el día 26 la campaña “Fuerte con 90 millones”, en alusión a los 90 millones de personas en Estados Unidos que rechazan la pena capital y para alentar la oposición pública a esa medida.

Presión infértil

Un colectivo de organizaciones internacionales y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya pidieron a la Junta de Clemencia de la Junta de Perdones y Libertad Condicional la prórroga de la ejecución o la conmutación de la sentencia de Tamayo, para quien es el último recurso disponible.

En 2008 un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual del condenado se situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, por lo que su ejecución es inconstitucional, según una postura de la Corte Suprema.

Pero los tribunales desestimaron ese diagnóstico.

A inicios de 2013, el embajador mexicano en Washington, Eduardo Medina Mora, se comunicó por escrito con el secretario de Estado estadunidense, John Kerry, haciéndole notar que “este tema se ha convertido y continuará siendo un irritante significativo” en la relación bilateral.

En septiembre pasado Kerry escribió a Perry para instarle a no estipular una fecha de ejecución. En la misiva, el funcionario le recordó que la resolución de la CIJ “es vinculante para Estados Unidos en virtud del derecho internacional” y que la aplicación de la pena capital sería “sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos” y para sus relaciones con México y otros aliados, además de “afectar a la manera en que los ciudadanos estadunidenses son tratados en otros países”.

En noviembre último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos, pidió a Estados Unidos que no ejecutara a Tamayo mientras esa institución examina los alegatos de discapacidad intelectual y el impacto de la violación de la Convención de Viena sobre su caso.

Pero como ha ocurrido con otros temas de la agenda bilateral –como la situación de los más de 6 millones de mexicanos indocumentados o el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México–, la diatriba mexicana no se ha reflejado en medidas diplomáticas capaces de influir en el vecino del norte.

El tema ha sido “intencionalmente ignorado, bajado de nivel. Estas discusiones se están perdiendo y salen como temas coyunturales cuando aparece un caso concreto, pero no están en la agenda central del Estado. Desafortunadamente, no va a ser el último caso”, deploró Quiroz.

En 2013, el estado de Texas aplicó la pena capital a 16 personas. Ocho de ellos eran afrodescendientes, tres latinos y cinco de raza blanca. La más reciente ejecución fue la de Jerry Martin, de 43 años de edad, realizada el pasado 3 de diciembre. Martin fue sentenciado por el asesinato en 2007 de Susan Canfield, guardia de una penitenciaria.

Adicionalmente, las cortes texanas sentenciaron a la pena capital a nueve personas: siete afroamericanos, un latino y un blanco.

Desde 1976, Texas ha matado a casi 500 personas, otras 12 personas fueron liberadas del corredor de la muerte y 289 ocupan el pasillo mortal.

Datos de la Red por una Moratoria en Texas indican que durante la gestión de Perry, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2000, han sido ejecutadas 269 personas.

En 18 estados no existe la pena de muerte, en otros 29 no se ha practicado en los últimos cinco años y 10 la aplican activamente.

En 1976 la Corte Suprema estadunidense decretó la reanudación de la pena capital, luego de un periodo de cuatro años en la cual fue considerada inconstitucional. Desde ese año, las cortes estatales de justicia condenaron a muerte a mil 347 personas.

En ese país existen mil 427 casos pendientes de aplicarse la sentencia de muerte, de los cuales sólo en Florida hay 403.

Optimismo

Los entrevistados ven cerca un panorama sin pena capital en Estados Unidos, ya sea decretada legalmente o de facto.
“Creo que la sociedad estadunidense ha ido cambiando algunos de sus paradigmas. Lamentablemente, Texas tiene uno marcado por la pena de muerte. Esperamos que las olas de cambio lleguen a esos estados”, apuesta Quiroz.

A juicio de Rust-Tierney, el futuro se avista con una combinación de abolición legal y de facto.

“No es una cuestión de si va a ser así, sino cuándo, porque vemos evidencia de varios estados que están en el debate sobre ese futuro que presagiamos. Aunque la ola se está volteando, hay lugares donde este castigo se aplica. Es un mensaje perturbador que la sociedad no puede tolerar, es inconsistente con los valores que hemos impulsado”, pronostica la activista.

La crítica a la medida abarca su utilidad como disuasoria del crimen, los costos para los contribuyentes que financian su aplicación y el funcionamiento del aparato judicial, cuyos errores desembocan en la anulación de sentencias penales en los recursos de apelación.

Datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte indican que en 2011 la tasa de homicidios en estados sin esa política fue de 4.13 por cada 100 mil habitantes contra 4.89 por cada 100 mil habitantes en los territorios que aplican ese castigo, indicio de que no evita mayormente el crimen.

El informe El dos por ciento de la pena de muerte: cómo una minoría de municipios produce la mayoría de casos de muerte a enormes costos para todos, elaborado por esa organización y difundido de octubre de 2013, concluye que hay una fuerte correlación entre la aplicación prolífica de la pena de muerte y el alto porcentaje de casos revertidos en la apelación.

“A mayor tasa de imposición de la pena capital en estados o municipios, mayor la probabilidad de que cada veredicto será revertido por errores serios. La sobreproducción de sentencias capitales tiene un efecto poderoso en aumentar el riesgo de error”, cita el documento.

La primera ejecución de 2014 fue la de Askari Muhammad, previamente conocido como Thomas Knight, aplicada el pasado 7 de enero en Florida. Muhammad, de 62 años edad, fue sentenciado a muerte inicialmente por el secuestro y asesinato de una pareja en Miami en 1974, revertido en 1987. Pero en 1980 mató al guardia carcelario Richard Burke, lo cual lo llevó esta vez al patíbulo.

Hasta mayo próximo hay al menos 11 ejecuciones programadas, de las cuales al menos una –la de Rigoberto Ávila, Jr., calendarizada para el 15 de enero– fue postergada.

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