Metaconstitucional, el nombramiento de Alfredo Castillo

Alfredo Castillo Cervantes. Foto: Octavio Gómez.
Alfredo Castillo Cervantes.
Foto: Octavio Gómez.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la seguridad en Michoacán Enrique Peña Nieto violó la Constitución y el sistema federal mexicano, y si nadie lo obliga a desandar sus pasos corremos el riesgo de entrar a una dictadura, sostiene el constitucionalista Elisur Arteaga.

Y enlista los artículos que, dice, fueron conculcados: 115, 116, 124 y el 89. “El 115 y el 116, en cuanto a la autonomía estatal se refiere; el 124, porque viola el sistema federal mexicano, y el 89 porque el presidente se excede en las facultades que la Constitución le otorga para ejercer el poder”.

El senador panista Juan Carlos Romero Hicks también criticó al mandatario por asumir “mecanismos metaconstitucionales” y aclaró que el “comisionado” Cervantes Castillo no tiene atribuciones sobre las autoridades municipales o estatales en Michoacán.

El martes 14, 10 días después de que las autodefensas se instalaron en Parácuaro, en la zona de Tierra Caliente, y de que sus integrantes desarmaron a los policías municipales y un grupo de “antiautodefensas” bloqueó carreteras y quemó vehículos, Peña Nieto determinó “por decreto” la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral y al día siguiente nombró a Castillo Cervantes titular del organismo.

Con excepción de Romero Hicks, ningún dirigente de partido, funcionario, gobernador o legislador federal cuestionó la decisión de Peña Nieto. El maestro Elisur Arteaga, de la Universidad Autónoma Metropolitana, insiste en “el exceso” del presidente y alerta sobre sus posibles consecuencias. Y aclara: el nombramiento de Castillo Cervantes “no es una acción metajurídica, es violatoria de la Constitución”.

Es curioso, dice, que Peña Nieto haya evocado el artículo 89, fracción I de la Constitución, relativo a las facultades y obligaciones del presidente para “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia” con el propósito de justificar el nombramiento.

El citado párrafo no tiene nada que ver con lo realizado por Peña Nieto, reitera el constitucionalista, pues es un decreto presidencial de reciente creación y no es respuesta a una ley expedida por el Congreso o producto de una petición suya.

 

“Hay que detener a Peña Nieto”

 

Si se le permite a Peña Nieto abusar de sus funciones como presidente y sigue violando la Constitución, dice Arteaga, en cualquier momento dirá: “La situación lo exige y voy a violentar la Constitución y ahora voy a quitar a tal gobernador, voy a hacerlo en otro estado; voy a hacerlo en lugar del Congreso”.

Si eso sucede, Peña Nieto se estaría convirtiendo en un dictador, en alguien que actúa al margen de la Constitución. “Esto es malo para el país, para el estado de derecho y para todos los ciudadanos”, reitera.

–Si no da marcha atrás Peña Nieto, ¿quién tendría que hacerlo?

–El Congreso de la Unión, una vez que inicie su periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero. El Congreso tiene que tomar las medidas correspondientes para revocar lo actuado ilegalmente y para fincar responsabilidades. Bueno, esto es en teoría; en la práctica, sabemos que el presidente cuenta con el Congreso de la Unión.

Según el entrevistado, el nombramiento del comisionado es violatorio de la Constitución porque asume “las funciones que corresponden al gobernador (de Michoacán, Fausto Vallejo) y a los poderes del estado. Por otra parte, el presidente de la República no puede violar lo que se conoce como la autonomía de la entidad y es una flagrante violación de la Constitución”.

Se le recuerda que el miércoles 15 –11 días después de la toma de Parácuaro por las autodefensas, en el punto más candente de la crisis estatal– la Comisión Permanente avaló un punto de acuerdo para pedir información sobre el enfrentamiento entre militares y civiles ocurrido la noche del lunes 13 y permitir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigara.

La Permanente se rige por el artículo 78, responde, pero éste no le confiere ninguna atribución o facultad. “La Comisión Permanente se excedió en solicitar información. Lo que sí pudo haber hecho es convocar al Congreso de la Unión dada la gravedad de la situación e informarle de las circunstancias. Era el Congreso el que podía haber asumido la idea de exigir aclaraciones al presidente de la República.

“En función del informe que le dieran el Ejecutivo federal y los secretarios al Congreso de la Unión, añade Arteaga, pudo haber tomado las medidas o apuntar las soluciones que le corresponden como Congreso.”

Sin embargo, una vez nombrado el comisionado “inconstitucionalmente”, lo que puede hacerse si Peña Nieto se niega a dar marcha atrás y aceptar que violó la Carta Magna es revertir su decreto mediante un juicio de amparo promovido por un particular afectado por las medidas; el Congreso michoacano también puede promover una controversia constitucional, dice Arteaga.

Servando Gómez, La Tuta, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios, por ejemplo, podría interponer un amparo por los actos del comisionado. “Cualquier ciudadano que sienta que sus garantías son violadas puede hacerlo porque hay autoridades ilegítimas que le imponen un mandato no previsto en la Constitución”.

 

Congreso ausente

 

Aunque el Congreso de la Unión puede frenar las “actitudes dictatoriales de Peña Nieto” –si promueve un juicio político para nulificar la violación a la ley–, es difícil que lo haga, pues desde que salieron a la luz las autodefensas o desde que se intensificaron los enfrentamientos en Michoacán no ha intervenido ni se ha pronunciado, con excepción del miércoles 15, cuando se limitó a “pedir información” sobre los problemas en esa entidad.

El punto de acuerdo, abordado por vez primera en la Comisión Permanente, lo presentó el PRD a través del diputado José Luis Esquivel Zalpa, quien pedía que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara sobre su presunta participación en la muerte de dos autodefensas y porque sus tropas hirieron a una niña de 11 años cuando intentaron desarmar a los grupos en Nueva Italia.

Sin embargo, el PRI matizó “el exhorto” para que se pidieran datos “al gobierno federal” y no se tocara a la Sedena. El senador del PRI Alejandro Tello Cristerna propuso el cambio, pues, dijo, sólo de esta manera el punto de acuerdo sería respaldado por su partido. El tema fue aprobado.

Ese miércoles 15 los priistas operaron para bloquear la petición de Movimiento Ciudadano, cuyos legisladores proponían la creación de una comisión plural, “como la formada por el Congreso de la Unión en 1994 para el caso Chiapas –que dio vida a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)– para coadyuvar en la solución del conflicto: ir a la entidad y hablar con todos los involucrados y no quedarnos sólo con la versión unilateral del gobierno federal”, detalló el diputado de MC Ricardo Mejía Berdeja.

“Los priistas me dijeron que crear una comisión plural sólo metería más ruido al tema y bloquearon (la propuesta)”, comentó Mejía.

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