Congreso popular

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Germán Canseco
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Constitución de 1917 sigue siendo un importante obstáculo para la plena consolidación del proyecto de neoliberalismo autoritario del PRIANRD. Aun después de la andanada de contrarreformas impulsadas por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, se mantiene incólume el carácter subversivo de gran parte del texto de nuestra Carta Magna. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es de ninguna manera un documento perfecto, sigue siendo más un aliado que un adversario para las luchas populares. No es hora para llamar a un nuevo constituyente, una acción que en la coyuntura actual podría poner en riesgo importantes conquistas sociales, sino que es preciso organizarnos para defender lo que todavía queda del legado de la gran Revolución Mexicana.

Hace algunos meses, en el debate con Enrique Krauze en estas mismas páginas, ya expusimos por qué la Constitución y la Revolución Mexicana son hoy más relevantes y “modernas” que nunca. De acuerdo con el texto constitucional, el Estado mexicano cuenta con la obligación de garantizar a absolutamente todos los ciudadanos, y en condiciones igualitarias, el acceso a techo, tierra, trabajo, salud, alimentación, agua, cultura, información, medio ambiente y educación de calidad. Así mismo, aun después de la contrarreforma energética, el artículo 27 de la Constitución mantiene su concepto claramente antineoliberal de la propiedad privada al señalar que todas las tierras y aguas “corresponden originariamente a la Nación”. Este artículo también impone importantes límites a la acumulación de tierras y riquezas por unos cuantos.

Las reformas peñistas todavía no han trastocado el espíritu profundamente social de la Constitución mexicana. Asimismo, se mantienen intactas grandes instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y toda la red de universidades, centros de salud y centros comunitarios públicos en el país.  También siguen en la brega medios de comunicación independientes como la revista Proceso, el diario La Jornada y los programas de radio y de televisión de valientes periodistas como Carmen Aristegui. No todos los países cuentan con aliados mediáticos tan importantes para el desarrollo de la conciencia ciudadana. Definitivamente, no todo está perdido.

Sin embargo, si no surge pronto una reacción social coordinada y contundente a las contrarreformas peñistas, inevitablemente iremos perdiendo progresivamente las pocas instituciones y medios que todavía reflejan el sentir popular. En 2013 el ciclo histórico de subdesarrollo neoliberal llegó a su clímax. 2014 podría ser el año en que se consolida la derrota de la izquierda o el momento en que se siembran las semillas para un nuevo amanecer. Todo dependerá de la acción ciudadana.

El próximo 5 de febrero, en el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, Peña Nieto encabezará una pomposa ceremonia, muy probablemente en Querétaro, con el fin de aparentar su supuesto compromiso con el espíritu de la Carta Magna. Escucharemos los mismos discursos vacíos y veremos las mismas sonrisas falsas de siempre. Todo será una gran cortina de humo para intentar tapar la inmundicia de la reforma energética.

Pero en contraste con esta escenografía hipócrita y artificial, el mismo 5 de febrero también se instalará en la Ciudad de México un nuevo “Congreso Popular” (véase: www.congresopopular.org) que busca dar cauce a la enorme indignación social, articular la esperanza ciudadana y hacer valer la soberanía popular plasmada en el artículo 39 de la Constitución. Urge generar nuevas formas para ejercer la protesta y exigir el respeto a nuestros derechos humanos y sociales.

El poder político no reside en los jardines de Los Pinos o en las paredes del Palacio Nacional, sino en las mentes, los corazones y las acciones de todos y cada uno de los ciudadanos. La legitimidad de la clase política y de los gobernantes no surge espontáneamente de los cargos que ocupan o de los decorosos salarios que reciben, sino del reconocimiento por la sociedad de que tendrían el derecho de ejercer el poder en su nombre.

La toma del poder por medio de las armas no es entonces la única forma para generar un contexto revolucionario. La construcción de nuevos y dinámicos espacios ciudadanos que fomentan el pensamiento crítico y retan directamente a la narrativa y la práctica de la dominación política pueden lograr el mismo fin. Al desenmascarar y desplazar las instituciones realmente existentes, este tipo de iniciativas puede tener grandes éxitos sin disparar una sola bala.

El año pasado el Congreso de la Unión retornó a su antiguo estado de “levantadedos” con respecto a las iniciativas del Presidente de la República y de los presidentes de los partidos políticos. Se evidenció como una institución inútil para canalizar la voz y las causas populares.

Frente a tal derrumbe de la institucionalidad democrática, urge generar nuevos espacios para la defensa de nuestra Constitución. El “Congreso Popular” es una de muchas iniciativas nuevas que tendrán que surgir desde la sociedad para abonar a la esperanza y ayudar a los ciudadanos a darse cuenta de su enorme poder y capacidad para influir en el devenir de la historia nacional.

 

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

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