Educación: otro sexenio perdido

Emilio Chuayffet, titular de la SEP. Foto: Octavio Gómez
Emilio Chuayffet, titular de la SEP.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El escenario de otra generación abandonada sin escolaridad básica, con la continuación de un sistema educativo excluyente y sin políticas adecuadas que deberían estar presentes y activas para revertir las magras condiciones de aprendizaje de miles de niños y jóvenes en el país, da cuenta de que estaremos, durante los próximos meses y años, frente a algo peor de lo mismo.

De acuerdo con las proyecciones recientes del Fondo Monetario Internacional (El País, 13/04), de 2014 al 2019 México será la nación con el menor crecimiento de los denominados países “emergentes”, con apenas 22% (frente a países como Nigeria (62%), Filipinas (71.6%), China (45%), India (43%), Perú (35.4%) o Bolivia (35.45), por mencionar algunos); pero, como coinciden diversos analistas y organismos nacionales e internacionales, estas tendencias a la baja se resentirán también en el corto plazo debido a la crisis fiscal y por efecto de la mediocre tasa de crecimiento económico, de entre 2% y 3%, que durante el segundo semestre de 2014 impactará sobre todo a la población media y más pobre.

Esta situación se relaciona de forma muy aguda, en el sistema educativo, con el agotamiento (hacia los próximos 10 años) del “bono demográfico” en el país, cuando empezará a resentirse el desperdicio de generaciones de jóvenes (desde que dio inicio su gran crecimiento a principios del siglo) que no han podido encontrar la mejoría de sus condiciones de vida porque han estado constreñidas sus posibilidades de acceso a los niveles medios y superiores de escolaridad, de mejora en sus aprendizajes, en su empleo o en su desarrollo cultural, siempre excluidos de las prioridades de los gobiernos del PAN y ahora del PRI.

En medio de estas tendencias que anticipan un futuro poco promisorio, a nivel económico y educativo, para tantos niños y jóvenes, el gobierno federal actual sólo presenta promesas sin compromisos, pero, eso sí, acciones de amenaza, más bien formales, que responden a presiones de la derecha empresarial dirigidas, de manera mucho más altisonante, a los estados en donde el magisterio disidente se encuentra mejor organizado en contra de la mal llamada “reforma educativa”.

Así, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) promete –sin decir para cuándo– dar los nombres de los casi 300 mil aviadores y comisionados sindicales (oferta que se iguala a la de dar con los responsables de los “errores” y omisiones de los libros de texto gratuitos, o de lo que aún se espera se haga con lo que quedó del fraude multimillonario de Enciclomedia, o de lo que está pendiente por informar respecto del oneroso gasto y acumulación de recursos, bienes y propiedades de la familia y allegados de Elba Esther Gordillo), ahora, a partir de la presión de algunos grupos empresariales, el Ejecutivo federal decidió promover ante la Suprema Corte de Justicia controversias constitucionales en contra de cuatro estados que definieron como pudieron la “armonización” de las leyes en materia educativa.

Otros tantos estados se encuentran en la misma situación, y ello se debe, como ya había sido previsto, a la lógica de una imposición de normas, reglamentos e institutos que no fueron consensuados con la precaución debida ni bajo consulta con los actores reales del proceso educativo, y que provocaron un conflicto magisterial mayúsculo, el cual ahora será avivado, a mediados de mayo, tan pronto se den a conocer los términos de las negociaciones salariales únicas entre la SEP y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En este escenario en el que se va configurando una mayor crisis en el sistema educativo, en lugar de tomar decisiones que pudieran trascender o por lo menos tratar de superar las magras condiciones que, como se ha dado a conocer en el reciente censo escolar, dan cuenta de la precariedad y de la exclusión que se vive en gran parte de las escuelas del país, se hace lo contrario.

Mucho ayudaría, por ejemplo, que los recursos que se llevan los aviadores y los comisionados del SNTE, lo que se han robado los delincuentes políticos y sindicales de dentro y fuera de la SEP, o bien los que se gastan en desplegados de planas enteras los grupitos de empresarios que presionan al gobierno para imponer reclamos y controversias legales, se concentraran en un programa, general e inmediato, para dotar de agua potable, piso de cemento, aulas, pupitres, baños, espacios de recreación y de alimentación para las miles de escuelas que no tienen ninguna de estas condiciones, sobre todo en los estados en donde esto es más extenso, como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán o Chiapas.

¿No sería mejor tratar de enderezar un poco el escenario de inutilidad política de los actuales encargados de la tecnoburocracia educativa, o de aquellos que sólo buscan la manera de hacer valer su poder en contra del magisterio, con programas a favor de los niños y jóvenes que nada tienen y todo lo padecen?

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