Comuneros de Veracruz frenan al “Goliat” brasileño

Jalcomulco. Rechazo. Foto: Rubén Espinosa
Jalcomulco. Rechazo.
Foto: Rubén Espinosa

Odebrecht es un emporio brasileño presente en más de 20 países y con intereses en infinidad de sectores: energía, infraestructura, finanzas, bienes raíces, espectáculos… Lo mismo edifica el estadio de una universidad en Florida que amplía el puerto cubano de Mariel. Sus negocios llegaron a México, donde construirá autopistas y moderniza refinerías. Uno de sus proyectos es la construcción de una presa en Veracruz, y ahí es donde se topó, por primera vez, con la resistencia civil organizada. Tan bien organizada y con tanto empuje que ya detuvo, por el momento, el avance del “Goliat” brasileño.

JALCOMULCO, VER. (Proceso).- “Disculpen las molestias, estamos salvando la vida”, se lee en una manta desplegada en un campamento a orillas de la carretera de la congregación Tuzamapan, municipio de Coatepec, Veracruz. Ahí unos 250 habitantes de siete municipios veracruzanos y activistas de organizaciones civiles bloquean el paso de la maquinaria pesada hacia la parte baja del río Los Pescados.

Su propósito es impedir la construcción de una central hidroeléctrica que, aseguran, secará dicha cuenca; arruinará a pescadores, agricultores y prestadores de servicios ecoturísticos, y en época de lluvias provocará inundaciones en decenas de localidades de varios municipios, entre ellos Jalcomulco, Apazapan y Coatepec.

“Si se aprueba el proyecto de la presa, aquí va a correr sangre”, afirma José Luis Hernández, de la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados de la Antigua Veracruz.

En su oposición al proyecto hidroeléctrico, organizaciones y habitantes de esos municipios desafían al gobierno estatal de Javier Duarte y a una de las trasnacionales más poderosas del mundo: Odebrecht, el mayor grupo industrial de Brasil, con presencia en 26 países y cuyas divisiones se ocupan de energía (hidroelectricidad, gas, petróleo, biocombustibles, centrales nucleares, petroquímica), infraestructura, transporte, finanzas, seguros, bienes raíces y espectáculos.

De 44 años y uno de los 30 hombres más ricos del mundo, Marcelo Odebrecht es el principal accionista de este consorcio. Sus vínculos con líderes políticos no hacen distingos ideológicos: lo mismo mantiene excelentes relaciones con el gobierno de Estados Unidos que con el de Raúl Castro.

De hecho su consorcio construyó las terminales sur y norte del aeropuerto internacional de Miami y el estadio de la Universidad de La Florida –estado donde radica el núcleo duro del exilio anticastrista– y también se hizo cargo de la ampliación del puerto Mariel –el cual se considera un polo de desarrollo clave para Cuba–, obra en la que invirtió mil 92 millones de dólares.

Amigo del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y de la actual mandataria de ese país, Dilma Rousseff, ­Odebrecht es recibido por jefes de gobierno y de Estado de todo el mundo… con Enrique Peña Nieto se reunió en Los Pinos el pasado 1 de octubre.

Según un comunicado de la Oficina de la Presidencia, durante su encuentro con el presidente mexicano, el magnate brasileño informó que las empresas de su consorcio pretenden invertir en México un monto aproximado de 8 mil 100 millones de dólares los próximos cinco años en los sectores de petroquímica, saneamiento, producción de etanol, azúcar, carreteras y energía hidráulica.

“El señor Odebrecht indicó también al primer mandatario que del monto referido, su grupo ya ha invertido mil 800 millones de dólares en desarrollo de estudios y proyectos”, decía el comunicado de Los Pinos.

La mayoría de esas inversiones se encuentra en el estado de Veracruz.

De hecho Braskem, una de las principales empresas del grupo Odebrecht, se asoció con la mexicana Idesa para desarrollar en el municipio veracruzano de Nanchital el proyecto Etileno XXI, el cual será el complejo petroquímico más grande de América. Consta de un cracker de etano (es decir un mecanismo para la “ruptura” de hidrocarburos mediante vapor) y tres plantas de polimeración que a partir de 2015 tendrán capacidad para producir más de 1 millón de toneladas anuales de etileno y polietileno. El costo de la inversión: 4 mil 500 millones de dólares.

Además, Odebrecht –por medio de sus filiales– ganó la concesión para construir la autopista Tuxpan-Tampico, participó en la modernización de la refinería Lázaro Cárdenas y tiene a su cargo el Proyecto de Propósitos Múltiples para el Suministro de Agua de Xalapa, que incluye la construcción de una presa en la parte baja del río Los Pescados… Sólo que en este último proyecto ha encontrado la resistencia de organizaciones ambientalistas y habitantes de siete municipios.

“Propósitos múltiples”

El grupo Odebrecht Participacoes e Investimentos S. A., y el gobierno de Duarte –representado por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV)– firmaron en 2011 documentos para establecer “una sociedad empresarial de proyecto específico” y contratar la prestación de servicios “a largo plazo”, para captar y almacenar agua proveniente del río La Antigua, una de cuyas ramificaciones es el río Los Pescados.

Mediante dicha sociedad de propósito específico el gobierno estatal autorizó una partida de 335 millones 795 mil 600 pesos para financiar 30% de la inversión total del proyecto.

Según dicho contrato –parte del cual este semanario tiene copia–, el proyecto hidroeléctrico se propone surtir de agua a la ciudad de Xalapa, la cual tiene un déficit de suministro de 500 litros por segundo; generar energía eléctrica, la cual permitirá bombear a bajo costo la reserva del embalse hacia la capital estatal; vender electricidad a consumidores industriales e irrigar tierras agrícolas.

El proyecto prevé la construcción de una presa de 86 metros de altura y 700 metros de longitud con capacidad para embalsar 130 millones de metros cúbicos de agua en una superficie de 413 hectáreas; un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque a la CAEV para el abastecimiento de Xalapa y una central hidroeléctrica con cuatro turbinas y una carga hidráulica de 94 metros, así como infraestructura para conducir 115 kilovatios de energía a lo largo de 13.3 kilómetros, necesarios para establecer una conexión con la línea de alta tensión Tamarindos-Las Trancas.

El proyecto tiene el aval del Congreso estatal, que en marzo de 2013 aprobó sus términos y condiciones por 32 votos a favor y 13 en contra. Sin embargo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente aún analizan la fiabilidad del proyecto y su eventual impacto ambiental.

El alcalde de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chivis, informa que la empresa hizo un estudio de impacto ambiental, pero no fueron consultados los pobladores de la región, por lo cual, asegura, es un estudio “amañado”.

El pasado 13 de marzo la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados presentó una demanda de acción colectiva ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Mixta, con sede en Xalapa, por “acción de obra peligrosa” que causa daños al medio ambiente. La demanda es contra el grupo Odebrecht y sus filiales, y pide el deslinde de responsabilidades del gobierno estatal, de la Conagua y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Exige además suspender el ingreso de maquinaria al río Los Pescados y detener los trabajos de construcción del proyecto eléctrico.

Primer “triunfo”

En el campamento, a un lado de la carretera de la congregación de Tuzamapan, integrantes del Comité de Pueblos Unidos contra las Presas, del Movimiento en Defensa contra la Presa de Jalcomulco, de la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, ambientalistas, estudiantes y pobladores impiden que la empresa mexicana Geogrupo –subcontratada por Odebrecht– siga con los trabajos de perforación en la parte baja del río.

“Di no a las presas. Yo hablo por el río” y “Yo amo al río La Antigua. No a las presas”, se lee en playeras blancas que portan los activistas.

Apenas el pasado 26 de marzo los opositores al proyecto hidroeléctrico tuvieron “un triunfo”: Geogrupo retiró sus ­retroexcavadoras y motoniveladoras. Ésta argumentó que Odebrecht “dejó de pagar” el arrendamiento de la maquinaria por el bloqueo de los activistas. Al parecer la brasileña prefiere esperar a que el gobierno de Duarte solucione el conflicto.

“Es un súper triunfo porque si la constructora (Geogrupo) se va, es porque no existen condiciones” para seguir trabajando, afirma José Luis Hernández. Considera “difícil” que Odebrecht “vuelva a meter más constructoras”. Está convencido de que al final las autoridades apoyarán la construcción de la presa, pero advierte: “Vamos a seguir aquí sin movernos”.

Alejandro Gallardo, del Comité de Pueblos Unidos contra las Presas, secunda: “El gobierno no nos escucha porque tiene tapados los oídos. Y si no nos ve es porque está ciego. No nos vamos a quitar hasta que nos den un papel sellado y firmado que diga no a las presas”.

“No queremos inversionistas asesinos del medio ambiente. Si construyen la presa nos vamos a inundar. Un desfogue de la presa en época de lluvias no lo aguantamos”, resume José Luis Rodríguez, otro de los activistas.

El 14 de marzo unos 8 mil habitantes de siete municipios marcharon en la capital del estado para exigirles a Duarte, a la Conagua y a la Comisión Federal de Electricidad dar marcha atrás al proyecto hidroeléctrico. Denominaron su protesta “Carnaval vida, agua y alegría”. Y sí: marcharon al ritmo de tambores y trompetas y utilizaron botargas, mantas, cartulinas y globos verdes y azules. “El río no se vende, el río se defiende”, “Vamos todos a luchar, salvemos el río” y “Duarte, escucha, el pueblo está en la lucha” fueron algunas de las consignas.

Además campesinos, ejidatarios y prestadores de servicios han cerrado carreteras en la caseta de peaje de La Antigua y en el tramo que conecta Jalcomulco con otras congregaciones de Actopan y Coatepec.

“Aquí nadie se ha rajado. Nos estamos jugando nuestro patrimonio, la vivienda, el trabajo por el cultivo de limones en las áreas verdes cercanas al río y la pesca, así como la seguridad en tiempos de lluvias”, expone uno de los activistas.

Otros denuncian que Cirilo Rincón y Marlon Ramírez, funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno, presionan a ejidatarios y campesinos para que vendan sus terrenos cercanos al río. De no venderlos, les dicen, se enfrentarán a una expropiación.

Las amenazas, exponen, también han venido de Odebrecht.

El pasado 26 de febrero Gonzalo Bussalleu, gerente de Relaciones Corporativas de la empresa brasileña, se deslindó de esos señalamientos. “No es una de nuestras prácticas. Llevamos un diálogo directo y transparente con la gente”, dijo.

Duarte –cuyo gobierno ha mostrado su apoyo al proyecto de Odebrecht– declaró el 16 de marzo que “el proyecto es viable, aunque vamos a tomar en cuenta la opinión de ambientalistas y de la comunidad”. Aseguró que “la postura del gobierno del estado en este y en todos los proyectos (hidroeléctricos) es estar a favor de la ciudadanía, apoyar y respaldar a la comunidad”.

En su gobierno “toda obra de infraestructura tiene que ser analizada”, agregó.

Comentar este artículo