El dilema colombiano: justicia o paz

Guerrilleros de las FARC en Colombia. Foto: AP
Guerrilleros de las FARC en Colombia.
Foto: AP

BOGOTÁ (apro).- La moderadora de un debate sobre justicia y paz formuló la semana pasada una pregunta central a dos mujeres victimizadas por los actores del conflicto armado interno que vive Colombia desde hace medio siglo. Una de ellas, Giovanna Sáenz, fue violada por combatientes cuya identidad desconoce; y otra, Luz Marina Bernal, es madre de un joven ejecutado extrajudicialmente por militares.

“¿Qué diferencia hace para una víctima que su victimario tenga como pena la cárcel o tenga como pena arreglar los parques del pueblo (una manera realista, esta última, de referirse al eufemismo penal denominado ‘trabajo social’)?”, preguntó a las dos mujeres la periodista Marisol Gómez Giraldo, editora y especialista en el proceso de paz del diario El Tiempo.

Giovanna rechazó en forma tajante la idea de que su violador –en la eventualidad de que perteneciera a la guerrilla de las FARC– pague con trabajo social (podando, por ejemplo, los arbolitos de la plaza en una población rural) ese delito atroz. “No es lo mismo, tiene que estar encerrado”, dijo con fuerza y emoción.

Para Luz Marina, “lo menos que el Estado colombiano nos debería garantizar es una justicia digna. Yo no compartiría que nuestros victimarios se dediquen a arreglar un parque en vez de pagar con cárcel los crímenes que cometieron”.

Las dos mujeres hablaron desde su condición de víctimas en un foro de alcance nacional organizado por el diario El Tiempo, lo cual es inusual en un país donde lo que más se escucha es la voz de los protagonistas políticos del proceso de paz y la de quienes han sufrido en forma personal, íntima, profunda, el drama de la guerra.

Gómez Giraldo, coordinadora del foro “Víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación” dice a Apro que uno de los temas más relevantes en las negociaciones es el de justicia y reparación debido a la polémica que suscita en el país que los rebeldes que se desmovilicen tras un eventual acuerdo de paz puedan recibir penas alternativas a la cárcel aunque hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

”En un asunto que puede decidir la viabilidad o no de este proceso porque las FARC han sostenido que no irán a la cárcel, pues pugnan por una amnistía, mientras que la derecha colombiana (representada por personajes como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el procurador general Alejandro Ordóñez) no parece dispuesta a tolerar que los guerrilleros desmovilizados participen en política sin haber pisado una prisión, y la mayoría de los colombianos piensa lo mismo”, indica.

En el foro realizado el martes 29 de abril, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, propuso que los rebeldes que se desmovilicen como resultado de un acuerdo de paz y que hayan cometido delitos atroces paguen esos crímenes con trabajo comunitario.

De acuerdo con la fórmula del fiscal general y con el Marco Jurídico para la Paz aprobado por el Congreso colombiano en 2012, todos los desmovilizados responsables de violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad deberán ser juzgados por la justicia penal en un modelo centrado en los máximos responsables, como los comandantes guerrilleros.

“Esos autores de delitos atroces tienen que ser investigados y juzgados como máximos responsables y ahí se producirían condenas por esos crímenes de guerra que han cometido, pero entonces ahí pasaríamos a las penas alternativas a la prisión: trabajo social comunitario, participación de máximos responsables en programas de restablecimiento social y el hecho de que puedan participar en el desminado y en desmontar sus estructuras de guerra, y un gran trabajo de acercamiento entre víctimas y victimarios a través de trabajo social”, planteó Montealegre.

Las afirmaciones del fiscal general suscitaron un intenso debate en Colombia, donde el procurador Ordóñez –un ultraconservador que pertenece a la secta católica lefebvrista— consideró que lo que Montealegre dijo es “que va a haber impunidad”, y afirmó que una paz que sacrifica a las víctimas es insostenible.

El legislador izquierdista Iván Cepeda señaló en cambio que el planteamiento de Montealegre debe ser discutido por los delegados del gobierno y las FARC en la mesa de negociaciones en La Habana y que “lo esencial en este caso es poder darle un mecanismo de que, sin impunidad, pueda también hacer viable la paz”.

Gómez Giraldo dice que uno de los principales desafíos del proceso de negociación en La Habana es encontrar el equilibrio entre justicia y paz. “Las FARC han dicho que no aceptarán una paz que signifique para ellos pisar la cárcel y la sociedad colombiana no parece dispuesta a tolerar una paz sin justicia penal”, señala la periodista, cuya columna en El Tiempo sobre los diálogos de paz es la más influyente en Colombia en ese tema.

Una encuesta de Ipsos Napoleón Franco divulgada el sábado 26 de abril indicó que 84% de los colombianos cree que los comandantes de las FARC deben pagar con prisión los crímenes de guerra que hayan cometido y 74 de cada 100 piensa que los guerrilleros desmovilizados no deberían participar en política ni postularse a cargos de elección popular.

El gobierno colombiano y la guerrilla FARC cumplen en mayo 18 meses de negociaciones tendientes a poner fin a un conflicto armado interno que se ha prolongado durante 50 años y que ha dejado unos 218 mil muertos, 25 mil desapariciones forzadas y 5.7 millones de desplazados. Las partes están por concretar un acuerdo sobre “drogas ilícitas”, punto número cuatro de la agenda, y enseguida procederán a debatir el tema de víctimas y reparación, quizá el más polémico y difícil de resolver por las partes.

“En este tema, las FARC tiene la oportunidad de avanzar en verdad con la justicia y reparación de sus víctimas y eso puede abrirles las puertas de una reconciliación con el país”, considera Gómez Giraldo.

En marzo pasado, el delegado de las FARC en La Habana, Andrés París, dijo al diario El Tiempo que cualquier acuerdo sobre víctimas, justicia y reparación que se logre en la mesa de negociaciones debe tener en cuenta “la experiencia internacional, que no muestra ningún caso en el que una de las partes termina en la cárcel. Todos los acuerdos presuponen una política de reconciliación que permita una nueva etapa”.

Las víctimas, agregó, deben hacerse presentes en la mesa de negociaciones, sin importar que digan que los comandantes de las FARC deben pagar al menos un año de cárcel. “También pueden venir y decir que los generales de los últimos 30 o 50 años paguen cárcel”, acotó el delegado guerrillero.

Tras año y medio de negociaciones, el gobierno y las FARC han logrado acuerdos casi totales en dos de los seis puntos de la agenda: política de desarrollo agrario integral y participación política, y están por finalizar la discusión sobre “drogas ilícitas”, en la cual casi llegaron a un convenio.

Luego de que concluyan la negociación de este último asunto, abordarán el tema de “víctimas”, considerado fundamental para lograr un acuerdo definitivo de paz por la polémica en torno al tipo de justicia que debe aplicarse a los jefes guerrilleros responsables de delitos atroces.

El abogado, filósofo y doctor en Historia, Ricardo Sánchez Ángel, sostiene que los desafíos que quedan al proceso de paz “son enormes, en especial por el tema de la justicia, que condiciona todo el proceso porque los jefes de las FARC no van a aceptar la justicia de los vencedores si ésta significa ir a prisión, al matadero”.

En agosto pasado, la Corte Constitucional colombiana declaró procedente el Marco Jurídico para la Paz (MJP) aprobado por el Congreso en 2012 para facilitar la integración a la vida civil de guerrilleros desmovilizados que hayan cometido delitos, incluso de lesa humanidad, como masacres, secuestros y reclutamiento de menores.

Este mecanismo de justicia transicional prevé la suspensión de condenas de cárcel y la posibilidad de conmutarlas por penas alternativas, siempre y cuando los acusados de crímenes atroces dejen en definitiva las armas, entreguen a los menores de edad que estén en sus filas, reparen a los familiares de sus víctimas y rindan testimonios para esclarecer la verdad de esos hechos.

Según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en medio siglo de conflicto las guerrillas colombianas han cometido 24 mil 482 secuestros, 3 mil 899 asesinatos selectivos, 343 masacres, 77 atentados terroristas y han reclutado a miles de menores de edad.

El abogado constitucionalista, exmagistrado y director de la ONG Dejusticia, Rodrigo Uprimny, considera que para que un acuerdo de paz con las FARC sea aceptable para los colombianos y para la justicia internacional debería incorporar penas mínimas de cárcel para los desmovilizados de la guerrilla que hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Sostiene que desde el punto de vista jurídico es posible que la Corte Penal Internacional avale (o no) el MJP, e incluso la eventualidad de que los guerrilleros paguen con penas diferentes a la privación de libertad delitos atroces. Es un caso para el que no hay antecedente ni doctrina. Tampoco existe, hasta el momento, ninguna condena contra integrantes de las FARC por ese tipo de delitos.

El coordinador general del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, Alejo Vargas, afirma que es necesario que exista un balance entre paz y justicia y una “ponderación” entre las necesidades de la paz y los derechos de las víctimas, “pero es un tema muy complejo, difícil, en el que no va a haber soluciones ideales y en el que se van a tener que buscar salidas creativas y con sentido de país”.

Sánchez Ángel considera que la negociación sobre víctimas y justicia que se comenzará a dar en La Habana puede ser el gran escollo de la paz o la gran puerta para salir de la guerra.

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