El Pentágono recurrió a contratistas en la lucha contra el narco en México

Las oficinas de Dyncorp en EU. Foto: AP
Las oficinas de Dyncorp en EU.
Foto: AP

EL PASO, Tex. (apro).-  La Oficina contra Narco y Terrorismo, dependiente del Pentágono, ofreció de 2005 a 2009 contratos por más de 170 millones de dólares a compañías privadas de seguridad que operan en México con el propósito de apoyar la lucha contra el narcotráfico en el país, según el reporte Nueva información sobre contratos contra narcóticos en Latinoamérica del Senado de los Estados Unidos.

México es el segundo país que mayor presupuesto recibe por parte de dicha oficina (el primero es Colombia). Ello a pesar de que un informe requerido por el Congreso estadunidense ha encontrado que esa inversión ha servido de poco.

“Entre los hallazgos del análisis se encontró que de 2005 a 2009 la mayoría de los contratos de contra-narcóticos en Latinoamérica se entregaron a solo cinco contratistas privados: DynCorp, Lockheed Martin, Raytheon, ITT, y ARINC, con un presupuesto colectivo de 1.8 billones de dólares”, anota el reporte requerido por el Senador Claire McCaskill.

Los recursos destinados para Latinoamérica representan el 32% del presupuesto general de la Oficina contra Narco y Terrorismo del Pentágono (CNTPO, por sus siglas en inglés) para todo el mundo; es decir, 3.1 billones de dólares anuales, según el mismo reporte.

Los países latinoamericanos que reciben mayores contratos de esta oficina son Colombia, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala y la República Dominicana.

Un contrato de este tipo fue publicado el pasado 21 de marzo por la CNTPO. Tiene como objetivo instalar una gigantesca red de telecomunicaciones para la lucha contra las drogas en Chihuahua, uno de los estados más afectado por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico.  El monto de este contrato es de 4.2 millones de dólares.

“En un esfuerzo por combatir las actividades de tráfico de drogas y fortalecer las comunicaciones que operan entre la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Contra Narco y Terrorismo (CNTPO) compró para la Policía Federal todo el equipo de telecomunicaciones necesario por un total de 4 millones 212 mil 614 dólares para establecer cobertura de telecomunicaciones entre ambas ciudades”, describe el documento.

El acuerdo entre la Oficina y el INL-México, incluye la instalación de una nueva base para la estación de repetidoras, transmisores de microondas, reemplazo y reubicación de equipo, cuatro torres, una planta eléctrica, entrenamiento, instrucciones y seguridad para el equipo.

La red de telecomunicaciones será instalada en 33 entidades de Chihuahua, incluyendo Ciudad Juárez, y estará conectada con Presidio, Texas.

Las beneficiadas

DynCorp, una de las cinco empresas que acaparan los contratos millonarios que ofrece CNTPO, ha reforzado su presencia en México desde la paulatina retirada de las tropas estadounidenses en Irak.

La empresa opera desde el domicilio 1770, Insurgentes Sur, en la Ciudad de México y en 2012 inició una campaña para que exmilitares estadounidenses  ofrezcan el servicio de guardias privados en todo el país, según un informe del Pentágono publicado en ese año.

La compañía cuenta actualmente con 14 mil empleados y en 2006 sus ingresos netos fueron de 7.2 millones de dólares. En el sitio oficial de DynCorp se establece que uno de los directores es Jame Woosley, exdirector de la Agencia Central de Investigaciones (CIA).

Según la información disponible en el sitio “Justia”, una organización dedicada a la recopilación de juicios en Estados Unidos, esta empresa ha sido acusada en tribunales internacionales por acciones ilegales como el tráfico de armas para Irán en los ochenta; tráfico de menores de edad en Bosnia en los noventa; tortura a prisioneros en Irak en 2002 y actuar como mercenarios en Colombia durante los últimos años.

Lockheed Martin, de acuerdo a su sitio oficial, es una compañía multinacional de la industria aeroespacial “con grandes recursos en tecnología avanzada y guerra global”, fundada en 1995 a partir de la fusión de Lockheed con Martin Marietta.

La industria aeroespacial se estableció en Baja California hace cerca de 30 años y exporta desde Tijuana alrededor de 447.7 millones de dólares anuales en piezas para las áreas de defensa e inteligencia en Estados Unidos, según su sitio oficial en México. Actualmente su directora es Marillyn A. Hewson, una de las 50 mujeres más poderosas en el mundo de los negocios, según la revista Forbes.

La tercera empresa más beneficiada es Raytheon, una corporación industrial establecida desde 1922 y uno de los contratistas de defensa militares más grandes de Estados Unidos.

En 2013 se dio a conocer que Raytheon ha desarrollado un software que permite rastrear en tiempo real a cualquier persona en el mundo. El programa obtiene los datos y fotos de Facebook y los mini-mensajes de Twitter.  Además aprovecha la localización por GPS que las personas activan en smartphones y en aplicaciones como Foursquare. Con todo ello, y las rutinas que se desprenden, el software de Raytheon podría predecir comportamientos y desplazamientos de las personas rastreadas.

Actualmente Raytheon mantiene una oficina en la Ciudad de México para ofrecer mantenimiento y venta de aeronaves.

Por su parte, ARINC es una compañía estadounidense dedicada al transporte, comunicaciones y sistemas de ingeniería aeronáutica.  Mantiene alrededor de tres mil 200 empleados en todo el mundo.

En 2013 el Instituto Nacional de Migración seleccionó a ARINC para recopilar y analizar la información de cada pasajero en todos los aeropuertos de México, operando junto a más de 250 empresas de aviación, según anunció la compañía mediante un comunicado.

Opacidad

El citado informe del Senado estadunidense señala que los resultados de estos contratos millonarios son opacos y mal manejados.

“El gobierno federal no tiene ningún sistema uniforme para medir o evaluar si los contratos contra-narcóticos están cumpliendo sus objetivos”, anota el documento.

“Ni el Departamento de Defensa ni el Departamento de Estado mantienen un sistema adecuado para rastrear la información” sobre estos contratos, los cuales “son manejados de manera inconsistente y propensos a errores”, agrega.

Robert Plumlee, expiloto de la CIA, asegura que cualquier contrato con dicha oficina es “dinero tirado”.  Sostiene que este programa tiene más las características de una “operación especial” que de una ayuda federal.

“Yo no lo llamaría un apoyo sino un programa de Operaciones Especiales. Esta oficina era la encargada de entrenar a marines para incursionar en México alrededor de 2009 y la pregunta es: ¿Está valiendo la pena?”, dijo el exagente de la CIA.

Plumlee cuestionó además la transparencia en cuanto a los millones de dólares que ofrece la Oficina a contratistas particulares.

“El otro problema es, ¿A dónde va el dinero si los problemas siguen persistiendo? La situación sigue igual en la frontera de México”, comentó.

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