Los abusos de Logistik

Propiedad de la familia Villarreal Ballesteros, de Nuevo León, y con el apoyo de Herbert Taylor, funcionario del gobierno estatal, la empresa Logistik se apresta a construir un Centro Logístico en un predio ubicado en las inmediaciones de los municipios de Acatlán de Juárez y Zacoalco de Torres, parte del cual está en litigio. Por medio de su abogado, Rubén Ávila Marín, los habitantes del ejido Andrés Figueroa acusan a la empresa de lucrar con tierras, como lo hizo ya en 2003 con dos núcleos agrarios de San Luis Potosí.

 

La cuarta parte de los terrenos donde la empresa Logistik intenta erigir un Complejo Logístico, entre Acatlán de Juárez y Zacoalco de Torres, está en disputa desde hace varios meses, aseguran los habitantes del ejido Andrés Figueroa, ubicado en este último municipio.
Los ejidatarios alegan que son 324 las hectáreas de uso común que a principios de 2009 fueron parceladas de manera ilegal para entregarlas a personas “no avecindadas” en la comunidad que, además, son directivos de la firma Logistik, perteneciente la familia Villarreal Ballesteros.
El proyecto, conocido también como Puerto Seco, fue presentado por el gobernador Emilio González el lunes 17. Ese día, José Luis Salas Cacho, presidente del Centro Logístico Jalisco, declaró que “ningún procedimiento legal puede revertir la compra de los terrenos”, según informó el diario Público el martes 18. El empresario también comentó que el complejo servirá de enlace con Manzanillo y agilizará la actividad comercial en la zona.
Sin embargo, Proceso Jalisco obtuvo copias de dos litigios abiertos desde el año pasado contra Logistik, la misma que en 2003 “se benefició” de una franja ejidal en San Luis Potosí, expropiada por el entonces presidente Vicente Fox, según informaron los diarios de esa entidad en aquella ocasión.
El primero de los expedientes, el 193/2009, fue promovido por Pedro Cortés Sención y Francisco Torres Ávila; el segundo, el 182/2009, lo interpusieron Urbano Gómez Ortiz y 13 ejidatarios más, quienes piden la nulidad de dos actas de la asamblea realizada el 17 de enero de 2009. Las dos querellas se encuentran radicadas en el Tribunal Agrario de Distrito 16 y fueron interpuestas en abril de 2009 con tres días de diferencia.
En el segundo caso, los demandantes exponen que las reuniones se efectuaron con dos horas de diferencia y en ambas se aprobó de manera exprés la adjudicación de 324 de las mil 200 hectáreas del ejido a sujetos que no vivían en la comunidad.
En el legajo 193/2009 se menciona a Eladio González Peraza, José Francisco Pacheco Rodríguez y Fernando Pablo Villarreal Ballesteros como “no avecindados” en el ejido Andrés Figueroa. Además, se identifica a Villarreal Ballesteros como integrante del consejo directivo de Logistik y como uno de los beneficiados en las expropiaciones de 2003 en San Luis Potosí, de acuerdo con una nota publicada por el diario La Jornada San Luis en abril de 2006 e incluida en el expediente.
A pesar de que el juicio 193/2009 aún está abierto y de que el 182/2009 tiene programada una audiencia para el 10 de junio, en la que los promotores deben desahogar pruebas, ellos insisten en que la compra de terrenos no fue amañada.
Salas Cacho reitera incluso que su empresa se encargará del diseño y la edificación de Puerto Seco, proyecto que se terminará en 10 años y en el que se invertirán mil 362 millones de pesos. Además, el empresario declaró el lunes 17 que el complejo tendrá un recinto aduanal, así como naves industriales, terminales de carga especializada, acceso a la vía ferroviaria, centros comerciales, escuelas, una iglesia y 20 mil viviendas.
Durante la presentación, el mismo gobernador González Márquez alabó el proyecto que, comentó, creará inversiones y empleos en el occidente del país; “el reto es que este centro se convierta en vínculo entre Asia y América del Norte”, declaró.
Luego elogió al impulsor del proyecto, el coordinador general de Innovación y Desarrollo de Jalisco, Herbert Taylor Arthur: “Por donde pasa Herbert consigue resultados. Transforma, mejorándola, la realidad; por donde pasa Herbert motiva con su ejemplo, promueve instituciones, cosas buenas para Jalisco. Gracias Herbert”, remató.
El abogado de los ejidatarios, Rubén Ávila Marín, explica al reportero: “Entre las mil 200 hectáreas que abarca el proyecto hay 324 que formaban parte del área de uso de la comunidad Andrés Figueroa, pero los derechos parcelarios de esas tierras fueron otorgados a tres personas que no tenían ni un año de residir en el ejido, lo que viola el artículo 13 de la Ley Agraria.
“Ellos mismos aceptaron en la prueba confesional que su domicilio es en Nuevo León y no en el ejido (Andrés Figueroa). Además, se les parceló y se les dio el dominio pleno el mismo día (17 de enero de 2009). Las asambleas realizadas en esa ocasión se anunciaron sólo con dos horas de anticipación, cuando la convocatoria debe lanzarse con 30 días de antelación, como lo marca el artículo 25 de esa norma.”
Ávila Marín comenta que también se codemandó a los representantes de la Procuraduría Agraria de Ciudad Guzmán, el jefe de residencia, Luis Alberto Valle Ávalos; el visitador agrario Miguel Ángel Gutiérrez Víctor, y el notario de Zacoalco, Rosario González Tostado. Todos ellos, insiste, “estuvieron presentes en la asamblea y permitieron las irregularidades”.

La demanda

En los expedientes 182/2009 y 193/2009, promovidos ante el Tribunal Agrario de Distrito 16, con sede en Guadalajara, los demandados son Fernando Pablo Villarreal Ballesteros y Eladio González Peraza, así como Francisco Pacheco Rodríguez.
El primero de ellos fue promovido por Urbano Gómez Ortiz y 13 ejidatarios, y está en etapa de desahogo de pruebas; el segundo lo presentaron los ejidatarios Pedro Cortés Sención y Francisco Torres Ávila tres días después y se encuentra en espera de sentencia. En ambos se pide la nulidad de actos y documentos de las dos asambleas del 17 de enero de 2009.
En entrevista con este semanario, Urbano Gómez y Pedro Cortés Sención relatan a Proceso Jalisco que los 210 ejidatarios de Andrés Figueroa fueron convocados a una sesión por el comisariado ejidal, Paramón Govea Becerra, el 13 de diciembre de 2008 a.
“Ahí se nos informó que había intención de parcelar 324 hectáreas de las 386 de uso común. Varios nos inconformamos porque, pensamos, solamente quedarían 44 hectáreas de uso común en una zona geológica muy rica. También se estableció que, como contraprestación, se nos pagarían 28 millones de pesos por esas 324 hectáreas, cantidad ridícula, si consideramos que es de únicamente 6 pesos con 20 centavos el metro cuadrado”, comenta Cortés Sención.
Al mes siguiente, el 17 de enero de 2009, continúa, se realizó la primera asamblea. Fue a las 10 de la mañana y en ella se reconoció como avecindados a José Francisco Pacheco Rodríguez, Eladio González Peraza y Fernando Villarreal Ballesteros. Dos horas después hubo una segunda reunión. Fue para dividir las 324 hectáreas en ocho parcelas entre las tres personas mencionadas.
Urbano Gómez y su grupo, quienes se niegan a renunciar a su patrimonio, dicen que fueron engañados porque en la asamblea les dijeron que las tierras serían para engorda de ganado. “Ahora que se sabe del millonario proyecto de Puerto Seco, los compañeros andan inquietos y crece la inconformidad”, dice el ejidatario.
El litigante agrega que las asambleas de enero de 2009 no son válidas debido a la serie de irregularidades cometidas. Así, por ejemplo, en su demanda, Pedro Cortés argumenta que la asamblea violó el artículo 13 de la Ley Agraria, según el cual, para ser reconocidos como “avecindados”, los tres beneficiarios “deberán ser campesinos, haber trabajado las tierras del ejido por un año y tener su domicilio ahí mismo”.
En la audiencia de desahogo de pruebas del 3 de marzo último, cuya copia tiene este semanario, uno de los “avecindados”, Eladio González, admitió que obtuvo la posesión de las tierras antes del 17 de enero de 2009, incluso dijo que su domicilio de residencia era Bosques del Encino 1010, en San Pedro Garza, Nuevo León.
Y como segunda instancia dio el de la calle Nacional número 92, en la zona urbana del ejido Andrés Figueroa. Sin embargo, el litigante comenta que esa dirección es falsa. “Ahí vive Hilda Govea Becerra”, hermana de Paramón Govea, respondió Ávila Marín. En esa ocasión Villarreal Ballesteros no acudió a esa audiencia; sólo envió a su abogado, Héctor Moreno Arriaga.
A Moreno Arriaga se le acusa de haber presionado a los ejidatarios de El Plan, en el municipio de Acatlán de Juárez, de acuerdo con un desplegado publicado el martes 18 en varios diarios locales y en una nota de Público.
El demandante Pedro Cortés insiste durante la entrevista que en la prueba confesional del pasado 3 de marzo José Francisco Pacheco declaró que vive en Monterrey, pero que tiene vínculos con la gente del ejido Andrés Figueroa.
En esa misma audiencia el comisariado ejidal admitió que nunca obtuvo el “trámite de opinión de la Semarnat” para el cambio de uso de suelo. “No lo hicimos porque no era necesario”, se defendió en la audiencia el secretario del comisariado, Gustavo Ocampo. A su vez, el abogado explica que si gana el asunto las tierras volverán a ser de uso común.
–¿Qué pasará con el dinero que se pagó por las tierras? ¿Cómo lo recuperarán los empresarios? –se le pregunta al litigante.
–Pues eso ya será problema de los ejidatarios y de los que les pagaron por sus tierras. El arreglo será complicado… sobre todo por las irregularidades cometidas desde el principio.
Pese a ello, Ávila Marín asevera que, sea cual sea la sentencia, una de las partes hará efectivo el recurso del amparo directo, por lo que un tribunal colegiado tendrá que resolver el asunto.
“Confiamos en que la justicia nos dé la razón; si no, en la segunda instancia es difícil que se den cosas indebidas y esta etapa ya no admite recurso… El asunto está sub judice, como decimos en al argot legal.”

Turbios antecedentes

En su edición del 8 de abril de 2006, La Jornada San Luis informó que “Logistik Free Trade Zone (LFTZ) se benefició en 2003 con dos expropiaciones de terrenos ejidales ordenadas por el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en favor de otra empresa propiedad de la familia Villarreal Ballesteros: Operadora de Inmuebles San Pedro, SA de CV (OISP)”.
Firmada por Jaime Hernández López, la nota explicaba que el gobernador potosino, Fernando Silva Nieto, aprobó esa medida, pero le tocó a su sucesor, Marcelo de Los Santos, pagar a los ejidatarios de Villa de Reyes 4.2 millones de pesos por la expropiación de 86 hectáreas.
En el oficio SP/101/2002, del 25 de noviembre de 2002, el gobierno potosino solicitó la expropiación de esa superficie para destinarla “a una planta almacenadora, comercializadora, industrializadora de transformación y demás actividades inherentes al ramo agroindustrial, la que contará con instalaciones de diferentes capacidades para almacenamiento, procesamiento y distribución de diversos productos, oficinas, estacionamiento, patio de maniobras y demás obras complementarias de la empresa OISP”.
OISP fue creada por la familia Villarreal el 30 de agosto de 2000 en San Pedro Garza García, Nuevo León, y su consejo de administración era presidido por Blanca Ballesteros Almaguer, en tanto que los vocales eran Blanca Raquel, Ana Laura y Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, quien hoy aparece como comprador aquí en Jalisco.
“El 11 de febrero de 2004 en Monterrey, la misma familia formó Logistik Servicios Multimodales, SA de CV, con un consejo de administración idéntico al de OISP, según las escrituras públicas de los negocios que ha hecho en San Luis Potosí (…)
“El gobierno estatal solicitó una segunda expropiación, esta vez por 3.90 hectáreas, que se destinaron a los caminos y vialidades para conectar las instalaciones de la OISP con la carretera Bledos-Villa de Arriaga”, indicó el reportero de La Jornada San Luis el 8 de abril de 2006.
El reportero potosino narró que el gobierno de Marcelo de los Santos pagó a los ejidatarios 3 millones 978 mil 253 pesos por la primera expropiación y 229 mil 942.26 pesos por la segunda. En total, reportó, fueron 4 millones 208 mil 195 pesos.
Una semana antes, el mismo diario potosino informó sobre irregularidades en el ejido Laguna San Vicente, donde Fernando Pablo Villarreal Ballesteros y Eladio González Peraza se hicieron de 100 y 111 hectáreas, respectivamente.
El periódico citó al abogado de ese núcleo agrario, Carlos Covarrubias Rendón, quien dijo que, según la escritura pública número 168 fechada el 17 de marzo de 2006, los terrenos fueron vendidos en 295 millones 22 mil 24 pesos a la trasnacional General Motors (…) La utilidad que obtuvieron los neoleoneses fue de casi 12 veces el valor de la inversión”, reportó La Jornada San Luis el 1 de abril de 2006. l

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