Seguridad nacional, información y Poder Legislativo

El derecho a saber y la necesidad del secreto forman parte de un conflicto en permanente tensión no sólo en las democracias consolidadas, sino en las democracias emergentes Se trata de una discusión de vieja data De la primera normativa sueca de acceso a la información, a la ley mexicana en la materia transcurrieron más de dos siglos y el problema no se ha resuelto plenamente En particular, el derecho de acceso a la información pública en México tiene dos elementos que no han podido ser armonizados a la luz de los estándares democráticos internacionales: el control por parte del Poder Legislativo para ejercer una vigilancia previa, durante y después de las acciones del Poder Ejecutivo, y la vigilancia que permita garantías mínimas para que la seguridad nacional a través de las agencias previstas por la ley efectivamente se cumpla
Como todos sabemos, el 30 de abril de 2002 se aprobó la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), con lo que se inauguró el principio de una reforma de ideas y actitudes basadas en el sentido de la información como poder, como mecanismo de escrutinio ciudadano y como herramienta para la toma de decisiones La ausencia de un estudio profundo de impacto regulatorio durante el proceso de aprobación de la LFTAIPG trajo consigo, sin embargo, un efecto perverso: que los representantes populares, los legisladores, tengan menos derecho a saber en su calidad de representantes de la comunidad que los propios gobernados Se trata de una verdadera paradoja, pero la ley así lo dispone
En efecto, los acuerdos parlamentarios para conocer determinada información o documentación mediante solicitudes que generalmente se hacen a dependencias y entidades dependientes de la administración pública federal son, en realidad, llamadas a misa, porque carecen de efecto vinculatorio alguno Hoy en día vemos comisiones de investigación y puntos de acuerdo para casi todos los temas de la agenda nacional, pero los resultados son inversamente proporcionales al entusiasmo con el que nuestros legisladores inician estas batallas en busca de la información que no les es otorgada apelando al principio de colaboración de poderes Es de llamar la atención en este sentido lo dispuesto por la propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sobre esta temática Como un resabio de nuestro sistema presidencial sui géneris puede entenderse lo dispuesto por el artículo 45 numeral 2 de la ley de referencia, que a la letra dice:
2 No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables
Por esta razón, la propia normatividad orgánica del Congreso hace nugatorio el propósito de las comisiones de investigación temporales del Poder Legislativo Lo mismo puede decirse por lo que hace a las comisiones ordinarias, especiales y bicamarales del Congreso Por lo anterior, el legislador puede tener la posibilidad de acceder a mayor y mejor información de las dependencias y entidades de la administración pública federal en su carácter de persona que con su investidura de legislador
Pero si el Congreso de la Unión no puede lo menos, tampoco, por supuesto, puede lo más Me refiero al tema de la seguridad nacional Es evidente que la regla es la apertura y su especie de transparencia o, mejor dicho, deber de publicidad del Estado La restricción, por ende, es la excepción En México, el 31 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional que, se supone, normaría las relaciones de gran flexibilidad de los organismos de inteligencia del Estado mexicano que hasta ese momento existían Sobra decir que estudiar la seguridad nacional es un asunto de primera importancia, porque en su nombre se pueden restringir en mayor o menor medida muchos derechos fundamentales
La ley mexicana de seguridad nacional es un modesto punto de partida Es positivo que al menos defina el concepto de seguridad nacional De la misma manera, es una aspiración positiva que las intercepciones de llamadas o comunicaciones privadas pasen por la autorización de un juez, como la propia ley lo establece en atención a los principios de legalidad constitucional Hasta este momento pareciera que las cosas van bien Pero se trata, en realidad, sólo de una primera impresión que se desvanece al realizar un análisis sistemático de la ley en cuestión Es evidente que el presidente de la República tiene una primera responsabilidad sobre los servicios de inteligencia del país para proteger la seguridad nacional, pero aquí surge el primer problema: ¿Quién garantiza que los servicios de inteligencia no se conviertan en herramientas para la defensa del gobierno en turno? ¿Cómo asegurar que estos organismos realmente cumplen una función de Estado y no en defensa de intereses ajenos a los legítimamente previstos para mantener el estado de derecho y la integridad del Estado nacional? La respuesta debe apuntar al Congreso, que es considerado el espacio público referencial
Y en esta tesitura, la Ley de Seguridad Nacional dispone de un título dedicado al control legislativo de los servicios de inteligencia, particularmente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) El artículo 56 de la ley referida establece que:
Las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada por tres senadores y tres diputados
Pero la realidad es que la Comisión Bicamaral únicamente recibirá la información que tenga a bien informarle el Cisen, habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Seguridad Nacional, que prescribe:
Artículo 59- Los informes y documentos distintos a los que se entreguen periódicamente, sólo podrán revelar datos en casos específicos, una vez que los mismos se encuentren concluidos En todo caso, omitirán cualquier información cuya revelación indebida afecte la seguridad nacional, el desempeño de las funciones del centro o la privacidad de los particulares Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada
Por lo anterior, y de cara al proceso electoral presidencial, así como para evitar una ventaja indebida para algún candidato, resulta necesario que:
1- Los diputados tengan la posibilidad de conocer y examinar información clasificada como reservada por las dependencias y entidades de la administración pública federal para realizar sus funciones de control y escrutinio Se requiere para ello reformar su propia Ley Orgánica y la LFTAIPG
2- Debe normarse de la mejor manera el servicio de inteligencia nacional, de manera que el Congreso juegue en realidad un papel revisor y garante de que el Cisen trabaja al servicio de la nación y no del gobierno en turno
evillanueva99@yahoocom

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