CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sociedad offshore Sweet Land Ltd, que el hijo y la entonces nuera del exprocurador Jesús Murillo Karam constituyeron en Panamá en 2014 con el propósito de invertir un millón de dólares en el sector inmobiliario, fue utilizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para justificar la investigación y la denuncia contra el político hidalguense, actualmente encarcelado por acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

En un comunicado emitido ayer, la UIF afirmó que el nombre de Murillo Karam salió en un “análisis de riesgos” sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) de México con operaciones offshore que revelaron Proceso, El País y Quinto Elemento Lab en el marco de la investigación internacional Pandora Papers, lo cual detonó una indagación sobre sus operaciones financieras.

La investigación periodística internacional, fruto de la revisión de millones de documentos internos de despachos offshore, exhibió que más de 3 mil ricos mexicanos crearon estructuras en paraísos fiscales, entre ellos varios integrantes de la lista de multimillonarios de Forbes y actores vinculados al mundo político, ya sea durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero también del de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, la UIF solo ha dado a conocer algunos hallazgos de una investigación sobre Murillo Karam, cuyo hijo Jesús Murillo Ortega y (entonces) nuera, Valentina Davo González, crearon una sociedad offshore en Panamá en marzo de 2014, de la mano con los despachos Bared & Associates, de Miami, y OMC Group, de Panamá.

La sociedad, Sweet Land Ltd, tenía la función de controlar bienes inmobiliarios por un millón de dólares. Antes de publicar los reportajes de Pandora Papers, Murillo había indicado a los medios mexicanos participantes que “esta corporación en ningún momento llevo a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso ni siquiera aperturó una cuenta de banco e incluso fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”.

En su comunicado de ayer, la UIF aseveró que lanzó su investigación contra Murillo Karam a raíz de la publicación de Pandora Papers, y que le encontró presuntas irregularidades en una empresa familiar que recibió contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el sexenio pasado, y porque recibió 2.8 millones de dólares del extranjero en 2017 y colocó 26.5 millones de pesos en cuentas propias sin avisar al fisco.

La UIF anunció que presentó la denuncia contra Murillo Karam ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado lunes 14 de noviembre, apenas 15 días después que una juez de la Ciudad de México decretara una suspensión de la vinculación a proceso contra el exprocurador por los tres cargos que les imputa la FGR.

Esta decisión judicial no generó la puesta en libertad de Murillo Karam, quien permanece encarcelado en el Reclusorio Norte, pero debilitó el proceso en su contra, en un contexto marcado por una serie de atropellos perpetrados desde el interior de la FGR y el Ejército contra la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.