MÉXICO, D.F., 6 de febrero (Proceso).- El cobijo institucional que tiene el exbrazo armado del cártel del Golfo en Veracruz “no se entiende” sin el concurso de las principales autoridades del estado, aseguran a Proceso testigos protegidos que operaron en ambos bandos y que dan fechas y lugares de supuestos encuentros entre el gobernador Fidel Herrera y los líderes del grupo en la entidad. Así lo declararon a la SIEDO, pero sus señalamientos fueron desestimados porque eso, les dijeron, “es política”. Si bien los informantes detallaron las operaciones criminales y la estructura de Los Zetas en la entidad, ahora han quedado fuera del programa de la PGR y claman por ayuda al presidente Felipe Calderón.

Con protección institucional, Los Zetas establecieron su dominio en Veracruz a través de una organización conocida como La Compañía, en la que participó también el cártel del Golfo y que es investigada en Estados Unidos.

En México, exempleados de la administración de Fidel Herrera Beltrán declararon como testigos protegidos sobre los supuestos vínculos del gobierno estatal con esa organización.

Los informantes, que entre 2005 y 2009 trabajaron al mismo tiempo para el gobierno veracruzano y para el grupo que se inició como brazo armado del cártel del Golfo, detallaron a la Procuraduría General de la República (PGR) cómo se hicieron Los Zetas del control de las actividades delictivas en el estado, al amparo –afirman– de la protección oficial.

En sus declaraciones ministeriales, los testigos revelaron también cómo funciona la estructura que le ha permitido a Los Zetas controlar prácticamente todas las actividades de delincuencia organizada, desde venta de drogas hasta el robo de gasolina a Pemex, pasando por el secuestro, la extorsión y el tráfico de indocumentados.

Los señalamientos contra las autoridades de Veracruz, sin embargo, fueron desestimados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), según la cual la PGR “no se mete en política”.

Proceso entrevistó a esos informantes, cuya identidad fue plenamente acreditada, aunque, por su condición de testigos anónimos y el peligro que eso entraña, no puede revelar sus nombres.

Los testigos se quejan del fiscal Guillermo Domínguez y de “su sobrino”, el titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, Javier Humberto Domínguez, por haber omitido en la indagatoria sus declaraciones contra funcionarios del gobierno, además de utilizarlos para fabricar acusaciones contra personas que afirman no conocer.

Renuentes a declarar en averiguaciones previas de hechos que no les constan, la PGR no sólo les redujo significativamente los beneficios del programa de testigos protegidos, sino que amenaza con procesarlos y encarcelarlos.

Según los entrevistados, ellos no son los únicos que están en esa situación: el 21 de diciembre pasado, 13 testigos protegidos enviaron al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, una carta para quejarse del trato y la manipulación que reciben por parte de la SIEDO.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1736 de la revista Proceso ya en circulación.