Chile, la catástrofe social

VALPARAÍSO. 8 de marzo (Proceso).- Más allá del desastre, el terremoto en Chile sacó a la superficie “al monstruo social que está oculto” y exhibió “los mitos acerca del desarrollo” de este país, sostiene el historiador Gabriel Salazar.

El vandalismo que siguió a la catástrofe se sumó a la descoordinación de instituciones oficiales que debieron alertar a la población costera sobre el tsunami que barrió a varios poblados y causó la muerte de al menos 400 personas.

Los saqueos a centros comerciales se extendieron casi sin control desde el mismo día del terremoto, el pasado 27 de febrero, y llevaron a enfrentamientos de civiles con el cuerpo de carabineros. Para controlar los desórdenes en varias ciudades, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet declaró el “estado de catástrofe”, una situación de excepción que permite la movilización de las fuerzas de seguridad, lo que se tradujo en la ocupación militar de las zonas más convulsionadas, particularmente Bío Bío y Maule. En el clímax del descontrol, hubo incendios de oficinas públicas y empresas, fugas masivas de reos, asaltos a autobuses, robos a gasolineras y bancos, quemas de edificios municipales, desvalijamiento de consultorios.

Para Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006, especialista en movimientos sociales y autor de La violencia política en las grandes alamedas, las expresiones de violencia que siguieron al terremoto responden a un “malestar interior en la clase popular”. Según él, en Chile existe una especie de “volcán social” que se encontraba latente y explotó al perderse la capacidad de respuesta de las autoridades.

En entrevista con Proceso, Salazar estima que, “al igual que en el pasado”, en Chile existe una gran masa social “marginada de las pautas modernas de consumo”, frustrada porque “no puede acceder a los objetos que la sociedad actual asume como necesario poseer para ser felices”.

Y no son pocos. El historiador ubica en esa franja a 68% de la fuerza de trabajo chilena, ocupada en empleos precarios, sin contrato permanente, sin prestaciones sociales y muy mal pagados.

Por si fuera poco, dice, resulta evidente que en Chile existe una masa social marginal con una fuerte inclinación a la delincuencia, que “tiene un valor sociológico superior al ser trabajador proletario disciplinado y honesto, porque “te entrega más recursos que el salario”. Además, “demuestra audacia, capacidad, ser choro, como se dice acá, y por tanto una identidad que aparece como mucho más potente, que implica un desafío al sistema”.

El también autor de Labradores, peones y proletarios cree que el sismo mostró los mitos acerca del desarrollo de Chile, “porque es absolutamente increíble que en este país, que tiene servicios públicos capaces de manejar un terremoto, surja un vandalismo mucho más violento y masivo que el vivido en Haití, y eso se explica porque esta es una sociedad neoliberal que tiene una superficie muy bien organizada, con muy buenos equilibrios financieros, pero donde hay frustraciones de fondo que nadie se atreve a plantear públicamente”.

Sentencia: “Esta ‘salida de madre’ reveló al monstruo social que está oculto”.

Salazar dice que este terremoto no sólo dejó en evidencia el malestar social, sino que también puso en evidencia “el terremoto empresarial”. Alude a los numerosos edificios nuevos, carreteras mal diseñadas, a la calidad de las construcciones que son la base del servicio de telecomunicaciones, destruidos por el fenómeno. “Todo eso en Chile es privado el día de hoy. Todo eso es responsabilidad empresarial. Yo creo que aquí el terremoto empresarial es correlativo al terremoto social”.

La negligencia

Muchas vidas pudieron salvarse, pero el Sistema Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) no cumplió con su obligación de entregar información precisa que permitiera alertar a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de la inminencia de un maremoto.

Para Alfonso Campusano, exjefe y creador de la Onemi, “cualquier persona realmente informada, que conoce el tema, sabe que este tipo de sismo genera tsunami”, según declaró a Radio Cooperativa, y reclamó que el SHOA “debió haber entregado alerta de tsunami a más tardar 10 minutos después del terremoto”.

El experto sostuvo que se debe investigar la responsabilidad de esta falla, que él calificó como “negligencia criminal con resultado de homicidio múltiple”.

A tanto llegaba la desinformación, que la presidenta Michelle Bachelet, en conversación con la prensa registrada a las 11:05 horas de aquel 27 de febrero, más de siete horas después de ocurrido el sismo, descartó cualquier posibilidad de que ocurra un tsunami en las costas chilenas, cuando gran parte de ellas ya había sido arrasada por el mar.

Mauricio Donoso, periodista de Radio Bío Bío que se encontraba de vacaciones en Pelluhue, sector costero de la Región del Maule, fue el primero en reportar los efectos del tsunami, pocos minutos después de que Bachelet había descartado el peligro.

“En Mariscadero el mar botó las casas… desapareció todo, sólo hay escombros en las calles. Hay algunas casas enteras que quedaron en medio de la plaza… Pelluhue también desapareció, no quedó nada… Hoy día la gente está sin agua, sin luz, no hay bencina”, narró.

El periodista cuenta que se encontraba en el sector de Las Lomas de Pelluhue. “Estábamos escuchando una radio local y dijeron que no había alerta de tsunami, y nosotros por susto nos quedamos arriba en un cerro. Cuando bajamos, poco antes de las 8:00 de la mañana, recién nos enteramos de que hubo tsunami”.

Según su testimonio, luego de que se dio el aviso de que no habría tsunami, la gente bajó a ver a sus casas. Muchos sólo encontraron la muerte.

Texto publicado en la edición 1740 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

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